jueves, 29 de abril de 2021

Beltrán Pérez alerta que la fiscalía da la razón al PP en sus denuncias sobre el agujero en control alimentario, que sigue sin resolver

* Beltrán Pérez ha avisado que la falta de control y fiscalización en el servicio de control alimentario se sigue evidenciando porque el gobierno municipal no ha hecho, todavía, nada efectivo para solucionarlo.
* Beltrán Pérez: “Los funcionarios están desbordados y en muchos casos no pueden dar respuesta al volumen de trabajo al que están sometidos por la incapacidad de este alcalde de dotar de medios a Medio Ambiente y Urbanismo”

Beltrán Pérez ha alertado que la fiscalía da la razón al Partido Popular en sus denuncias sobre el agujero en control alimentario que evidenció el “caso Magrudis”, desencadenando una crisis sanitaria en Andalucía que se cobró la vida de varias personas y afectó a más de doscientas.
El portavoz popular ha avisado que sus acusaciones sobre la falta de control y fiscalización en servicio de control alimentario del Ayuntamiento de Sevilla se siguen evidenciando porque el gobierno municipal no ha hecho, todavía, nada efectivo para solucionarlo.
El Partido Popular critica la incompleta integración que el Ayuntamiento ha hecho de Medio Ambiente y Urbanismo. Esto ha afectado de manera directa a la coordinación de ambas áreas, generando un caos que merma de forma directa el eficiente control de actividades como ha pasado en el caso Magrudis.
“Como hemos denunciado, hay cajas con cientos de expedientes sin resolver. Expedientes que, ni siquiera, se han registrado”, alerta la edil popular Ana Jáuregui al tiempo que insta a Espadas a tomar medidas eficientes para solventar esta situación de inseguridad e insalubridad para los ciudadanos de Sevilla.
El PP recuerda que a través de varias ruedas de prensa, Jáuregui puso de manifiesto la incapacidad de este Ayuntamiento para cumplir con sus obligaciones en el control de actividades de forma general y, en particular, las de índole alimentaria.
“Desde el Partido Popular hemos alertado en reiteradas ocasiones los incumplimientos normativos que Magrudis ha cometido ante la pasividad de los controles del Ayuntamiento”, explica el portavoz Beltrán Pérez.
En primer lugar, “el gobierno municipal estuvo tres años sin detectar la ausencia de licencia de actividad. Ni siquiera durante la inspección de 2016 que aseguran haber realizado”, puntualiza Pérez.
En segundo lugar, se “produjo una negligencia por ausencia de inspección tras la declaración del Nivel de Autoprotección C que obliga a una inspección cada 18 meses y el gobierno alegó irresponsablemente, que no era obligatoria”, añade.
Por último y en tercer lugar, cuando la empresa decidió optar a la licencia de actividad al cabo de los tres años lo hizo por declaración responsable y el gobierno lo aceptó. Sin embargo, la empresa no cumplía con los requisitos necesarios para atenerse a esa declaración que, negligentemente, el gobierno acepta. “Magrudis no cumplía los requisitos, no estaba entre los supuestos que permiten la actividad por declaración responsable sino por calificación ambiental. La prueba es que mucho después, al saltar el caso, se anuló por defectos de forma y fondo”.
El PP explica que toda esta falta de diligencia ha puesto entredicho a los funcionarios de los servicios de consumo y control a posteriori. “Sus profesionales están desbordados y en muchos casos no pueden dar respuesta al volumen de trabajo al que están sometidos por la incapacidad de este alcalde de dotar de medios a estas áreas”.
Así, el Partido Popular denuncia que el agujero por el que se coló Magrudis sigue abierto y se suma a la larga lista de asuntos no resueltos por el alcalde en los seis años que lleva al frente del gobierno municipal.

Nuevos “agujeros”
Además, desde el Partido Popular aprovechamos para decir que las últimas modificaciones en el anexo de la ordenanza no acompañan en este sentido. Ya que de un plumazo han eliminado la presentación del cumplimiento de la legalización de las instalaciones que acompañan una actividad. Por ejemplo, “una empresa cárnica podría estar sacando productos al mercado sin la legalización de sus instalaciones en materia de vertidos, contra incendios, entre otros extremos”, advierte la edil. Esto ahondará en la dificultad que tendrá el área medioambiental para llegar el control posterior de las mismas, volviendo a aumentar la inseguridad jurídica para el usuario final de estas instalaciones”, concluye.

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