miércoles, 26 de febrero de 2014

El delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla afirma que la "Junta de Andalucía debe defender ante la Comisión Europea que la SE-35 cumpla la normativa medioambiental"

En relación con las cuestiones planteadas por la Comisión Europea referentes al sometimiento del proyecto de la SE-35 a un trámite de evaluación ambiental, el Delegado de Urbanismo “expresa su confianza en que la Unión Europea reconozca como suficientes, los requisitos de carácter ambiental ya cumplidos por el Proyecto. Destaca “que las decisiones cuestionadas por Comisión Europea son las de la Junta de Andalucía, que es la competente por Ley en la materia ,resaltando “que cuando gobernaba Monteseirin, estas mismas decisiones si las defendía la Junta, y ahora calla y se oculta, pretendiendo de forma torticera hacer recaer la responsabilidad en el gobierno de Zoido, lo que es falso”
Los informes específicos de la Junta de Andalucía, emitidos el 28 de agosto de 2009, el 21 julio de 2010, y el 14 de febrero de 2011, avalan la seguridad jurídica de este Proyecto y son los cuestionados por la Comisión Europea.
En este sentido, la Gerencia de Urbanismo, basándose en los informes específicos de la Junta de Andalucía, en la tramitación del Anteproyecto y Proyecto de la Ronda SE-35, considera que se cumplen todos los requisitos de carácter ambiental para poder iniciar la licitación de las obras.
Este mismo criterio ha sido el mantenido por el Ayuntamiento de Sevilla ante la Comisión Europea, desde que en 2010 se recibiera en la Gerencia de Urbanismo, la primera comunicación de esta Institución, seguida de nuevas solicitudes de información adicional, en febrero de 2011 y septiembre de 2012 entre otras.
En todos los casos, la respuesta de Urbanismo se ha realizado en base a los informes de la Junta de Andalucía, que concluyen que los proyectos de la Ronda de la SE-35 no están sometidos a una nueva evaluación ambiental, por haberse realizado ya durante la tramitación del PGOU, y que el Ayuntamiento está realizando correctamente los trámites ambientales.
De hecho, el control y evaluación ambiental del Sistema General Viario del PGOU de Sevilla corresponde a la Junta de Andalucía, por lo que el Ayuntamiento se reconoce como un afectado en este procedimiento, que es el cuestionado únicamente por la Unión Europea.
Así se ha informado igualmente al Ministerio de Asuntos Exteriores, con el que se mantiene una abierta comunicación para la coordinación y solución de este asunto.
Respecto al trazado de la SE-35, el gobierno municipal del Partido Popular, no ha introducido variaciones que alteren el proyecto de viario tramitado en 2010, por el anterior Gobierno de la ciudad, manteniendo las soluciones constructivas generales adoptadas en el proyecto de 2010, con la única incorporación de unos ajustes técnicos específicos requeridos por la Demarcación de Carreteras, Aeropuertos Nacionales y la Consejería de Fomento de la Junta.
Según el Delegado de Urbanismo, Maximiliano Vílchez “en base a criterios de prudencia, los servicios técnicos de la GU, en coordinación con la Dirección General de carreteras, del Ministerio de Fomento, están estudiando alternativas para los accesos a los terrenos de S. Nicolás Oeste, (donde se implantará IKEA) con objeto de tener garantizado que esta inversión se haga efectiva y sea real, inversión que Sevilla no se puede permitir el lujo de prescindir, por su efecto sobre el empleo, aunque PSOE e IU estén haciendo lo imposible por boicotear el proyecto. Estas alternativas de acceso no rivalizan en modo alguno con el desarrollo de la Ronda SE-35, ni su ejecución representa una renuncia a aquella. Mas al contrario, el compromiso del Ayuntamiento de Sevilla para con esta vía intermedia de circunvalación, sigue perfectamente vigente, así como la cuantía económica de 12,5 millones de euros comprometidos por Ministerio de fomento, según el protocolo firmado en marzo de 2012”.

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