* “Hoy se han puesto en contra de los vecinos y vecinas que están reclamando medidas para frenar la expansión de los pisos turísticos, que propicien la convivencia y que corrijan anomalías de los efectos del turismo en la ciudad”, ha dicho Francisco Páez, tras rechazar el Pleno con el voto de calidad de Sanz una moción socialista
El Ayuntamiento de Sevilla no volverá a pedir a la Junta de Andalucía que desista del recurso contencioso-administrativo que interpuso el pasado mes de septiembre ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía contra la normativa urbanística que, bajo el anterior gobierno de Antonio Muñoz, se aprobó en el Pleno municipal para limitar la expansión de las viviendas turísticas. Sanz ha recurrido al voto de calidad para rechazar la moción del Grupo Municipal Socialista que, por un lado, instaba a esa retirada del recurso y, por el otro, a que el Gobierno andaluz acelere la tramitación de su propio decreto autonómico para frenar el crecimiento de los pisos turísticos en el conjunto de la comunidad.
“Hoy el gobierno de la ciudad se han puesto en contra de los vecinos y vecinas que están reclamando medidas para frenar la expansión de los pisos turísticos, que propicien la convivencia y que corrijan anomalías de los efectos del turismo en la ciudad”, según ha dicho el concejal socialista Francisco Páez con respecto a la postura del equipo de gobierno municipal, cuyo grupo ha sido el único que ha votado en contra y que ha tenido que recurrir al voto de calidad de Sanz para que la moción socialista fuera rechazada.
El abril de 2022 se aprobó, con la abstención del PP y VOX, una modificación del Plan General de Ordenación Urbanística que tenía como finalidad la regulación específica de las viviendas con fines turísticos, y su limitación, mediante la sustitución del uso hotelero por un concepto más amplio, por el de hospedaje, dentro del cual se incluye el concepto de apartamentos turísticos. Con ello se equiparaban las exigencias urbanísticas para la implantación de este tipo de negocios (vivienda turística), a las que tienen hoteles, hostales y apartamentos. Esta equiparación establecía, desde el punto de vista de la defensa de la competencia, unas mismas reglas de juego para la implantación de negocios absolutamente equiparables.
Esta regulación, apoyada por la mayor parte del sector turístico y por los vecinos, suponía, entre otras cosas, atajar la competencia desleal en dicho sector y contribuir al fomento de un modelo de turismo sostenible. Para llegar a la aprobación definitiva de la modificación del PGOU se emitieron informes favorables por parte de las Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda y de la Consejería de Salud y Familia. Además, la tramitación del expediente contó con informes jurídicos favorables tanto de los servicios de la Gerencia de Urbanismo como de la Secretaría General del Ayuntamiento de Sevilla.
A pesar de las finalidades perseguidas, de los informes favorables que se incluyeron en el expediente y de los intereses vecinales, la Junta de Andalucía, en septiembre de 2022, presentó ante el Tribunal Superior de Justicia recurso contencioso administrativo contra esta regulación, a través de la Agencia de la Competencia y de la Regulación Económica de Andalucía, a pesar de que una de las finalidades que persigue la norma es garantizar la igualdad de los actores turísticos que ofrecen alojamiento temporal a las personas. En diciembre de 2022, el Pleno del Ayuntamiento ya solicitó a la Junta de Andalucía, con el voto en contra del Partido Popular y de Vox, la retirada del recurso. Hasta el día de hoy, el Gobierno andaluz no ha respondido al requerimiento efectuado.
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