La Mesa de Negociación de la Corrala "Utopía", convocada hoy, concluye con la petición acuciante de las familias afectadas de que Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Sevilla se sienten para buscar una solución conjunta.
El Defensor del Pueblo Andaluz se ha dirigido a las administraciones para pedirles que con urgencia trabajen una solución al problema de vivienda que están sufriendo muchas familias andaluzas.
Para el Defensor Andaluz las diversas ocupaciones de viviendas públicas y privadas acrecienta la necesidad de que se dé prioridad a esta problemática desde las Administraciones competentes, y, si es necesario, también con la implicación de las entidades financieras -propietaria de muchas de las viviendas vacías-.
El Defensor ha hecho este llamamiento durante el transcurso de la convocatoria urgente de la Mesa de Negociación de la Corrala Utopía, en la mañana de hoy viernes, para informarles de la respuesta de Ibercaja a la propuesta que le hizo llegar el pasado 30 de enero de los acuerdos de dicha Mesa.
Durante la reunión, el Defensor ha trasladado a la Mesa la intención de la entidad financiera de mantener su propuesta de garantizar un alquiler social durante un año fuera del inmueble. La Mesa ha concluido con el rechazo de la Corrala a esta propuesta y la petición acuciante de las familias afectadas de que Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Sevilla se sienten para buscar una solución conjunta.
La Consejería de Fomento y Vivienda ha anunciado su disposición a sentarse con el Ayuntamiento de Sevilla y tratar de encontrar una solución. Por su parte, el Defensor del Pueblo Andaluz trasladará al Ayuntamiento de Sevilla, que en esta mañana ha comunicado su no asistencia, lo tratado durante la Mesa de Negociación.
También se ha planteado en la Mesa la posibilidad de solicitar un aplazamiento de la ejecución del desalojo, en el caso de que ambas administraciones acuerden sentarse para tratar esta problemática.
El Defensor ha vuelto a mostrar su preocupación ante el clima de conflictividad social y de emergencia residencial entre parte de la ciudadanía. La Oficina del Defensor viene constatando un agravamiento de las circunstancias económicas, sociales y personales de familias demandantes de vivienda, que ya viene denunciando desde el inicio de la crisis.
Muchas de estas familias han sido desahuciadas por impago de alquiler, han perdido su vivienda por ejecuciones hipotecarias, o simplemente no puede acceder por falta de recursos, siendo casos de vulneración del derecho a una vivienda digna.
Esta realidad está dibujando un panorama preocupante, donde asistimos al fenómeno de la ocupación de viviendas vacías, tanto públicas como privadas (fenómeno éste desconocido para esta Defensoría, en años anteriores a la crisis económica), por parte de familias en la mayoría de los casos con menores o dependientes, aún sabiendo de la ilegalidad del proceder.
Es por ello que el Defensor insta a las Administraciones a que prioricen una respuesta a esta demanda ciudadana.
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