El secretario general del Partido Andalucista (PA), Antonio Jesús Ruiz, ha declarado hoy que “si la Junta de Andalucía no rectifica en el conflicto de las monitoras, a los andaluces nos podría costar el doble este servicio de apoyo que se presta en los centros educativos”.
Tras un encuentro que ha mantenido el líder andalucista con una representación de las monitoras, y en el que han participado también la secretaria nacional de Políticas Sectoriales del PA, Lola De Toro, así como la candidata del PA a la Alcaldía de Sevilla, y cabeza de lista a las Elecciones Europeas, Pilar Távora, los andalucistas han reiterado su apoyo “a un colectivo que continúa en lucha frente a lo que es una injusticia cometida por la administración andaluza, y que podría salirnos muy cara si el gobierno andaluz no rectifica y busca una salida negociada”.
Según Ruiz, “si la Junta cubre ahora las plazas, en unos meses en el caso de que la Justicia obligue a la readmisión de estas trabajadoras, la administración deberá hacer frente a un gasto doble. Es por ello que pedimos al gobierno andaluz que se pare, reflexione, negocie y arbitre una salida consensuada a este conflicto laboral que, además, deja en evidencia la mentira del mensaje del bipartito. Aquí vemos como PSOE e IU están haciendo lo contrario de lo que pregonan con estas 840 trabajadoras andaluzas a las que además, han tenido mal pagadas e infravaloradas”.
Antonio Jesús Ruiz ha dado a conocer también que la Consejería de Educación ha comunicado a los directores de colegios públicos que éstos no deben comparecer a los actos de conciliación ante los Centros de Mediación, Arbitraje y Conciliación (CEMAC), debido a la falta de reclamación previa a la vía laboral, de la que la Junta dice no tener noticia. Ante eso, Ruiz espera “que la Junta no tome acciones frente a los directores y directoras que sí acudan, ya que la ley les ampara, y de lo contrario se estaría atacando a los derechos fundamentales de estos profesionales”.
Durante la reunión en Sevilla, las representantes de las monitoras han criticado el plan de choque de la administración andaluza, que se conforma de una oferta de empleo al SAE de las plazas que, hasta ahora, venían ocupando estas trabajadoras. Para ellas esta medida representa “la incoherencia total entre ofertar puestos de trabajo y echar a los que las personas que los han venido ocupando”.
Cesión ilegal de trabajadores
Por su parte, la secretaria nacional de Políticas Sectoriales del PA, ha explicado que “estas 840 trabajadoras venían realizando esta labor mediante empresas adjudicatarias durante los últimos ocho años, hasta que la Junta decide prescindir de ellas. Es entonces cuando son despedidas mediante un término de contrato por parte de la empresa adjudicataria, mientras ven que ahora la Junta saca a licitación estos contratos con una formación que de actuar con buena fe, la Junta les debería haber impartido previamente para poder adecuarlas al puesto de trabajo que ahora oferta la administración”
Para Lola De Toro, “la Junta le ha pegado una patada a la legislación laboral desde el inicio hasta el final del proceso, porque en este caso se ha producido una clara cesión ilegal de trabajadores por parte de las adjudicatarias, ya que las órdenes de trabajo las han recibido de sus centros educativos”.
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