* El texto del Proyecto de Ley recoge el compromiso de dar respuesta a las necesidades de los alumnos con discapacidad, sea cual sea el tipo centro en el que se escolaricen
* Negar medios adecuados a los alumnos escolarizados en centros ordinarios supondría una clara discriminación al incumplir el mandato de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
El Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) reitera su apoyo al alumnado con necesidades especiales, sea cual sea el tipo de centro en el que sean escolarizados.
Como ya hizo hace un año en una carta dirigida a varias organizaciones representativas de personas con discapacidad, el Ministerio de Educación y Formación Profesional desmiente rotundamente que se vayan a cerrar los centros de educación especial, tal como están difundiendo algunas organizaciones.
El Proyecto de Ley de Educación, que actualmente está en fase de presentación de enmiendas en el Congreso de los Diputados, recoge literalmente que “el Gobierno, en colaboración con las Administraciones educativas, desarrollará un plan para que, en el plazo de diez años, de acuerdo con el artículo 24.2.e) de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y en cumplimiento del cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad”.
En ese mismo texto se dice que “las Administraciones educativas continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial para que estos, además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios”.
Por lo tanto, es absolutamente falso que el Gobierno vaya a cerrar los centros de educación especial.
El MEFP trabajará para que los alumnos con necesidades especiales que se escolarizan en centros ordinarios puedan tener la mejor atención porque lo contrario supondría una grave discriminación, tanto para ellos como para sus familias, al negarles los derechos recogidos en la Convención Internacional de Personas con Discapacidad.
El Ministerio de Educación y Formación Profesional lamenta profundamente que se juegue con los sentimientos y expectativas de un colectivo tan vulnerable.
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