La Comisión de Coordinación de Crisis de la Administración de Justicia para a lucha contra el Covid-19, de la que forman parte el Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y las comunidades autónomas competentes en la materia, ha mantenido esta mañana su segunda reunión para coordinar las medidas a adoptar en relación a los funcionarios que prestan servicio en la administración de Justicia durante la contención de la pandemia. En este segundo encuentro también ha estado representado el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE).
Entre las medidas adoptadas, este órgano-creado en virtud de la encomienda del ministro de Sanidad al ministro de Justicia para coordinar los medios personales con los que trabajan los órganos judiciales durante la crisis sanitaria en todo el territorio nacional-ha acordado el protocolo para inscribir en el Registro Civil las defunciones y otorgar las licencias de enterramiento debido al incremento en la mortalidad generado por la epidemia.
La norma establece un formulario para que se puedan solicitar ambas acciones al Registro Civil –abierto los siete días de la semana en horario de mañana y tarde para hacer debido a la incidencia del coronavirus- adjuntando la documentación exigida por la ley por correo electrónico. Una vez recibida, los funcionarios de los registros de todo el Estado también podrán tramitarlas a través de internet. El protocolo permite en determinados casos obtener la licencia de enterramiento antes incluso de inscribir el deceso para garantizar el respeto al fallecido y su familia en estos momentos tan trágicos.
En esta segunda reunión de la Comisión de Coordinación de Crisis, mantenida esta mañana mediante videoconferencia y a la que ha asistido el ministro Juan Carlos Campo, el ministerio y las comunidades autónomas, en consultas con el CGPJ, FGE y CGAE, también han acordado diseñar conjuntamente el plan para la vuelta a la actividad normal de la administración de Justicia cuando se levante el estado de alarma y se ponga fin a la suspensión de los plazos administrativos y procesales.
Las administraciones e instituciones representadas en el encuentro virtual se han comprometido además a potenciar en los órganos judiciales de todo el territorio el uso de la videoconferencia siempre que los trámites concretos a realizar permitan recurrir a esta modalidad de comunicación. Además, han unificado los criterios para compartir entre todas ellas la información sobre la incidencia de la pandemia en el servicio público de la justicia en sus ámbitos de actuación y respectivos territorios.
Una vez más, los asistentes han coincidido en manifestar su reconocimiento y admiración a todos los operadores de la administración de Justicia –jueces, fiscales, letrados de la administración de justicia, funcionarios, forenses, graduados sociales, abogados, procuradores…- por su sacrificio diario para garantizar la vigencia del Estado de derecho y la tutela judicial efectiva de los ciudadanos en una situación tan excepcional.
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