Sánchez Castillo pide a la Junta que active un programa específico para los ‘sin techo’ en el que se contemple un Parque Público de Vivienda

* Tras el brutal asesinato de una mujer de 61 años de Sevilla que vivía en situación de sinhogarismo, Adelante Andalucía plantea la urgente necesidad de arbitrar medidas que impidan estas situaciones. 

El diputado sevillano en el Parlamento Andaluz Ismael Sánchez Castillo ha denunciado hoy la impasibilidad de la Junta ante las terribles circunstancias por las que pasan las personas sin hogar, y ha reivindicado a la cámara andaluza que se active ya un programa específico, en el que se contemple un Parque Público de Viviendas para colectivos vulnerables.
Desde la coalición de izquierdas se muestra la más enérgica condena a los hechos ocurridos en Sevilla el pasado 26 de noviembre cuando se agredió y asesinó a una mujer en situación de vulnerabilidad. Sánchez explica que es urgente ofrecer los apoyos y cuidados necesarios para que las personas no se vean empujadas a vivir en la calle y puedan acceder a un derecho constitucional como es el de la vivienda digna. “Los desahucios, la infravivienda, los altos precios de los alquileres, sumados a la crisis económica y la crisis provocada por la COVID19, hacen más necesario que nunca que se arbitren medidas por parte de las administraciones, unas medidas que ofrezcan a la ciudadanía la posibilidad de acceder a un hogar en las mejores de las condiciones e impidan que cientos de personas sufran la vida en la calle”.
El diputado de la confluencia en la cámara andaluza afirma que “es urgente y prioritario el aumento significativo de viviendas públicas y/o asequibles, como es urgente que la Junta de Andalucía no mire para otro lado cuando se producen hechos tan execrables como el ocurrido con esta mujer”. Por último, Sánchez Castillo recuerda que el Parlamento aprobó una moción de Adelante Andalucía sobre vivienda destinada a que todas las personas en situación de exclusión habitacional tengan la garantía de que la administración les proporcionará acceso a los recursos públicos de vivienda, sanitarios, educativos, de justicia o servicios sociales.