jueves, 11 de abril de 2024

El Pleno del Parlamento de Andalucía aprueba una proposición no de ley sobre declaración como profesión de riesgo y equiparación salarial de la Guardia Civil y Policía Nacional

* Por el contrario se ha rechazado la iniciativa de crear una comisión de investigación sobre contrataciones realizadas mediante la tramitación de emergencia en el ámbito del sistema sanitario público de Andalucía 

El Pleno del Parlamento de Andalucía ha aprobado hoy una proposición no de ley del Grupo Popular por la que se insta al Gobierno para que solicite al Ejecutivo nacional que proceda a la declaración del trabajo que realizan los miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil como profesión de riesgo, así como la equiparación salarial con otros cuerpos de seguridad, ha informao la Cámara andaluza.
La iniciativa, presentada por el diputado popular José Ricardo García, ha sido aprobada en todos sus puntos y recoge, entre otras cuestiones, acometer las modificaciones legislativas oportunas para jubilación anticipada de estos profesionales, al que así lo desee, y encargar un nuevo informe de consultoría externa que señale las cantidades pendientes de consignar, puesto a puesto, hasta la equiparación real de la Policía Nacional y Guardia Civil con las policías autonómicas entre otras cuestiones.

También se ha aprobado la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular relativa a la movilidad sostenible en la Costa del Sol y desarrollo del eje mediterráneo andaluz, que insta a la Junta a que demande al Gobierno central que suspenda el peaje en la AP-7 hasta que no haya un tren de la Costa del Sol, en la provincia de Málaga.
Por el contrario, --informa finalmente el Parlamento de Andalucía-- ha sido rechazada la proposición no de ley sobre el nuevo marco fiscal para la creación de empleo digno y protección de las familias que ha presentado el Grupo Vox en Andalucía.
Tampoco ha prosperado la solicitud, presentada por el Grupo Socialista, para crear una comisión de investigación sobre contrataciones realizadas mediante la tramitación de la creación de una comisión de investigación sobre los contratos de emergencia realizados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y las agencias públicas desde 2020. (Fotos: PA).-

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