Al mismo tiempo, la Mina de Aznalcollar ha solicitado a la Junta de Andalucía otro vertido minero al Estuario del Guadalquivir. En este contexto, se han celebrado las jornadas científicas tituladas ‘El Estuario del Guadalquivir frente a los vertidos mineros’ en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla.
Los ponentes de estas jornadas, procedentes de las universidades de Granada, Cádiz, Huelva y Sevilla, presentaron dos revisiones científicas sobre el Estuario del Guadalquivir y los vertidos mineros firmadas por diferentes investigadores. En la línea de estos trabajos, los ponentes expusieron argumentos científico-técnicos sobre el comportamiento de los vertidos mineros en el Estuario del Guadalquivir. Además, analizaron posibles impactos socio-ambientales que dichos vertidos sobre la calidad de las aguas, los sedimentos, los hábitats de interés comunitario, las especies protegidas y los usos socio-económicos del Estuario del Guadalquivir y el Golfo de Cádiz.
Tras este análisis, los científicos concluyeron que los documentos públicos disponibles deberían aportar evidencias científicas que justificasen el “no deterioro” del ecosistema estuarino en su conjunto. Sin embargo, los proyectos de vertido de las minas y los documentos de la Junta de Andalucía no aportan estas evidencias. Según los científicos estos documentos se basan en análisis totalmente insuficientes de la hidrodinámica, la fisicoquímica y el funcionamiento de los ecosistemas del Estuario del Guadalquivir. Ante esta ausencia de evidencias y certezas, los científicos concluyen que es preceptivo un estudio científico independiente llevado a cabo por expertos, y debidamente auspiciado por todas las Administraciones Públicas competentes en la gestión del Estuario del Guadalquivir.
Según los científicos, cualquier actuación potencialmente contaminante en el Estuario del Guadalquivir o en su entorno debe someterse al "principio de regresión / no deterioro". En este sentido, existen antecedentes de sentencias judiciales del Tribunal Supremo, en concreto el dragado de profundización del Puerto de Sevilla en el Estuario del Guadalquivir. Así, por dos veces, el Tribunal Supremo declaró el Real Decreto 355/2013 de 17 de mayo y el RD 1/2016, de 8 de enero, por los que se aprobaron los Planes Hidrológicos de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir del primer (2009-2015) y segundo (2016-2021) ciclos de planificación , “no conformes” con el ordenamiento jurídico respecto de la actuación del dragado de profundización del Estuario del Guadalquivir. Las mismas condiciones concurrirían en el caso de vertidos mineros potencialmente contaminantes si el Plan Hidrológico del Guadalquivir no explicara, ni justificara, ni valorara estos vertidos. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir debe pronunciarse en este sentido, “estar conforme” con el proyecto e incluirlo en su caso en el Plan Hidrológico. En efecto, según los científicos, la conveniencia, la utilidad y la no-regresión del estado ambiental del sistema estuarino deben quedar plasmadas en el derecho de aguas, que viene de la Unión Europea.
Además, los científicos participantes en las jornadas concluyeron que cualquier actuación potencialmente contaminante debe considerar la conectividad de un sistema estuarino altamente dinámico, desde su desembocadura hasta la presa de Alcalá del Río, incluyendo los impactos en la Reserva de Pesca, la Zona de Especial Conservación Bajo Guadalquivir de la Red Natura 2000 y el Parque Nacional de Doñana. Estos aspectos no han sido valorados en profundidad hasta la fecha, según los científicos. Además, tampoco se han valorado los posibles efectos acumulativos y sinérgicos de varios vertidos mineros en la parte superior del Estuario del Guadalquivir, cuyos sedimentos ya están contaminados con metales con efecto ecotóxico, según una publicación científica de 2019, apuntan los científicos.
En base este análisis, los ponentes de estas jornadas, guiados por el Principio de precaución, hacen un llamamiento a las instituciones implicadas en las autorizaciones de estos vertidos mineros para que las pospongan o, caso de haberlas otorgado, las suspendan o revoquen hasta que no se disponga de un análisis científico riguroso e independiente que garantice la viabilidad socio-ambiental de dichos vertidos. Así mismo, la comunidad científica que ha participado en estas jornadas hace un llamamiento a todas las administraciones públicas competentes (Junta de Andalucía, Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y Dominio Público Marítimo Terrestre del gobierno central) y a todos los agentes sociales potencialmente afectados por los vertidos mineros al Estuario del Guadalquivir a una reunión.
En estas Jornadas se han tratado de los siguientes temas:
Tras este análisis, los científicos concluyeron que los documentos públicos disponibles deberían aportar evidencias científicas que justificasen el “no deterioro” del ecosistema estuarino en su conjunto. Sin embargo, los proyectos de vertido de las minas y los documentos de la Junta de Andalucía no aportan estas evidencias. Según los científicos estos documentos se basan en análisis totalmente insuficientes de la hidrodinámica, la fisicoquímica y el funcionamiento de los ecosistemas del Estuario del Guadalquivir. Ante esta ausencia de evidencias y certezas, los científicos concluyen que es preceptivo un estudio científico independiente llevado a cabo por expertos, y debidamente auspiciado por todas las Administraciones Públicas competentes en la gestión del Estuario del Guadalquivir.
Según los científicos, cualquier actuación potencialmente contaminante en el Estuario del Guadalquivir o en su entorno debe someterse al "principio de regresión / no deterioro". En este sentido, existen antecedentes de sentencias judiciales del Tribunal Supremo, en concreto el dragado de profundización del Puerto de Sevilla en el Estuario del Guadalquivir. Así, por dos veces, el Tribunal Supremo declaró el Real Decreto 355/2013 de 17 de mayo y el RD 1/2016, de 8 de enero, por los que se aprobaron los Planes Hidrológicos de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir del primer (2009-2015) y segundo (2016-2021) ciclos de planificación , “no conformes” con el ordenamiento jurídico respecto de la actuación del dragado de profundización del Estuario del Guadalquivir. Las mismas condiciones concurrirían en el caso de vertidos mineros potencialmente contaminantes si el Plan Hidrológico del Guadalquivir no explicara, ni justificara, ni valorara estos vertidos. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir debe pronunciarse en este sentido, “estar conforme” con el proyecto e incluirlo en su caso en el Plan Hidrológico. En efecto, según los científicos, la conveniencia, la utilidad y la no-regresión del estado ambiental del sistema estuarino deben quedar plasmadas en el derecho de aguas, que viene de la Unión Europea.
Además, los científicos participantes en las jornadas concluyeron que cualquier actuación potencialmente contaminante debe considerar la conectividad de un sistema estuarino altamente dinámico, desde su desembocadura hasta la presa de Alcalá del Río, incluyendo los impactos en la Reserva de Pesca, la Zona de Especial Conservación Bajo Guadalquivir de la Red Natura 2000 y el Parque Nacional de Doñana. Estos aspectos no han sido valorados en profundidad hasta la fecha, según los científicos. Además, tampoco se han valorado los posibles efectos acumulativos y sinérgicos de varios vertidos mineros en la parte superior del Estuario del Guadalquivir, cuyos sedimentos ya están contaminados con metales con efecto ecotóxico, según una publicación científica de 2019, apuntan los científicos.
En base este análisis, los ponentes de estas jornadas, guiados por el Principio de precaución, hacen un llamamiento a las instituciones implicadas en las autorizaciones de estos vertidos mineros para que las pospongan o, caso de haberlas otorgado, las suspendan o revoquen hasta que no se disponga de un análisis científico riguroso e independiente que garantice la viabilidad socio-ambiental de dichos vertidos. Así mismo, la comunidad científica que ha participado en estas jornadas hace un llamamiento a todas las administraciones públicas competentes (Junta de Andalucía, Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y Dominio Público Marítimo Terrestre del gobierno central) y a todos los agentes sociales potencialmente afectados por los vertidos mineros al Estuario del Guadalquivir a una reunión.
En estas Jornadas se han tratado de los siguientes temas:
* El Estuario del Guadalquivir frente a los vertidos mineros.
Situación de los ecosistemas acuáticos y vertidos mineros, por Julia Martínez (directora técnica de la Fundación Nueva Cultura del Agua).
* Intervenciones humanas, transformación, situación actual y perspectivas del estuario del Guadalquivir – Leandro del Moral (Universidad de Sevilla, Dpto. de Geografía Humana).
* Aspectos hidrodinámicos a considerar en caso de vertidos en el estuario del Guadalquivir – Manuel Díez Minguito (Universidad de Granada. Grupo de Dinámica de Flujos Ambientales).
* Hábitats de interés comunicatorio y especies protegidas en la ZEC bajo Guadalquivir frente a los vertidos mineros. Jesús M. Castillo (Universidad de Sevilla, Dpto. de Biología Vegetal y Ecología).
* Aspectos hidrodinámicos a considerar en caso de vertidos en el estuario del Guadalquivir – Manuel Díez Minguito (Universidad de Granada. Grupo de Dinámica de Flujos Ambientales).
* Hábitats de interés comunicatorio y especies protegidas en la ZEC bajo Guadalquivir frente a los vertidos mineros. Jesús M. Castillo (Universidad de Sevilla, Dpto. de Biología Vegetal y Ecología).
* Consecuencias biogeoquímicas de las descargas del Guadalquivir en la franja costera del Golfo de Cádiz, Estrecho de Gibraltar y Mar de Alborán – Miguel Bruno Mejías (Universidad de Cádiz. Grupo de Oceanografía Física: Dinámica).
* Geografía e historia de la devastación minera entre el Guadalquivir y el Guadiana – Félix Talego (Universidad de Sevilla, Dpto. de Antropología Social) y Juan Diego Pérez (Universidad de Huelva, Dpto. de Economía).
* Geografía e historia de la devastación minera entre el Guadalquivir y el Guadiana – Félix Talego (Universidad de Sevilla, Dpto. de Antropología Social) y Juan Diego Pérez (Universidad de Huelva, Dpto. de Economía).
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