Pacto para construir 700.000 viviendas en Andalucía

El presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, ha firmado el Pacto por la Vivienda en Andalucía que recoge el compromiso de las administraciones públicas andaluzas (Junta de Andalucía y Ayuntamientos a través de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias -FAMP-) de los agentes económicos y sociales firmantes del VI Acuerdo de Concertación Social de Andalucía (los sindicatos CCOO y UGT, y la Confederación de Empresarios de Andalucía) y de las entidades de crédito, cuyo objetivo principal es, según indicó Chaves, "el de preparar el camino para el ejercicio del derecho a la vivienda en Andalucía".
Este pacto -que fue calificado por el presidente andaluz como "una de las cosas más importantes que ha hecho el Gobierno andaluz en los últimos años"- recoge el objetivo de construir y ofertar al menos 700.000 viviendas, al menos 300.000 de ellas protegidas, en los próximos 10 años con el objetivo principal de cubrir las necesidades de los nuevos hogares que se constituyen y que necesitan acceder a su primera vivienda.
"Se trata fundamentalmente de jóvenes, trabajadores en general y clases medias que se han visto expulsados del mercado de la vivienda libre por la subida de precio de las mismas en la última década. Este problema es especialmente acuciante en las áreas metropolitanas, en el litoral y en los municipios con más de 50.000 habitantes donde los precios han subido por encima de la media y donde se concentra gran cantidad de población joven", explicó.
La puesta en el mercado de una amplia oferta de viviendas protegidas (300.000) elimina, al tener un precio fijado por Real Decreto, la repercusión especulativa del suelo. Así, el ciudadano paga por su vivienda un precio adecuado a su nivel de renta que se cifra en 1/3 de sus ingresos brutos mensuales en el caso de venta y de 1/4 de los mismos en el caso del alquiler.
En el escenario de financiación que se ha establecido para la primera fase de ejecución del Pacto, hasta 2012, las 31 Entidades Financieras firmantes aportarán 9.550 millones de euros en créditos para la construcción de las viviendas protegidas; si bien han ofertado un fondo de reserva de eficacia adicional de 8.706 millones de euros, con lo que su aportación podría alcanzar los 18.250 millones de euros.
Por su parte, la Junta de Andalucía aportará 1.900 millones de euros para ayudas e inversiones en vivienda, más las operaciones de suelo que se determinen. Y 5.600 millones se invertirán en los equipamientos e infraestructuras necesarios para dotar a estas viviendas de todos los servicios básicos, de los que los ayuntamientos aportarán una cuarta parte y la Administración autonómica el resto.
Derecho y economía
Durante su discurso, Manuel Chaves aseguró que este pacto permite poner en marcha una serie de medidas para regular el derecho a la vivienda mediante una Ley -que según anunció se aprobará el próximo año-, en función del artículo 47 de la Constitución y de los artículos 12, 25 y 37 del Estatuto de Autonomía. "Al mismo tiempo, se atienden las necesidades del sector de la construcción; desde una perspectiva económica, la vivienda es un bien que moviliza importantes recursos y repercute positivamente en múltiples actividades productivas", añadió. "Por ello, se trata de un sector estratégico para nuestra comunidad, por su capacidad de impulso al crecimiento económico y a la generación de empleo, así como por su contribución a la capitalización de nuestra economía".
Por último, Chaves quiso agradecer a todos los partidos políticos presentes en la FAMP y a todos los agentes implicados en la firma del pacto el trabajo realizado y el consenso alcanzado. "A través de este pacto damos un paso trascendental para ofrecer una respuesta positiva a la que sin duda, es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía", concluyó.
Por su parte, los representantes de las entidades financieras mostraron su satisfacción por la firma de este pacto. Antonio Pérez, directivo de CajaMar, aseguró que con este plan "se da respuesta a los problemas de vivienda de los andaluces"; Manuel Romera, director de La Caixa en Andalucía, se congratuló de que "exista unidad ante un reto tan importante como el de satisfacer las necesidades de vivienda"; Rafael Borrero, directivo del Banco Bilbao Vizcaya, deseó el "más rapido y efectivo desarrollo del plan"; y Braulio Medel, presidente de Unicaja, indicó que gracias al pacto se ha establecido un "marco estable en el sector inmobiliario para los próximos años y se cubre la necesidad social de posibilitar el acceso a una vivienda digna a amplias capas de la sociedad".
El presidente de la FAMP, Francisco Toscano, explicó que los gobiernos locales se ha sentido, "desde el principio corresponsables en la tarea de hacer realidad el derecho a la vivienda". Manuel Pastrana, secretario general de UGT-A, se felicitó por haber hallado, entre todos, fórmulas para facilitar el acceso a la vivienda y para reforzar y mantener la actividad en el sector de la construcción; mientras que Francisco Carbonero, secretario general de CCOO-A, precisó que este pacto va a permitir "mejorar la calidad de vida de muchos andaluces y generar empleo".
Por último, el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Santiago Herrero, se refirió al pacto como "el inicio de un nuevo camino, en el que se devuelva la confianza a las empresas del sector" y deseó que la firma del documento suponga un "punto de inflexión en el diseño de las políticas urbanística y de vivienda de la comunidad".
Imprimir Noticia El presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, ha firmado el Pacto por la Vivienda en Andalucía que recoge el compromiso de las administraciones públicas andaluzas (Junta de Andalucía y Ayuntamientos a través de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias -FAMP-) de los agentes económicos y sociales firmantes del VI Acuerdo de Concertación Social de Andalucía (los sindicatos CCOO y UGT, y la Confederación de Empresarios de Andalucía) y de las entidades de crédito, cuyo objetivo principal es, según indicó Chaves, "el de preparar el camino para el ejercicio del derecho a la vivienda en Andalucía".
Este pacto -que fue calificado por el presidente andaluz como "una de las cosas más importantes que ha hecho el Gobierno andaluz en los últimos años"- recoge el objetivo de construir y ofertar al menos 700.000 viviendas, al menos 300.000 de ellas protegidas, en los próximos 10 años con el objetivo principal de cubrir las necesidades de los nuevos hogares que se constituyen y que necesitan acceder a su primera vivienda.
"Se trata fundamentalmente de jóvenes, trabajadores en general y clases medias que se han visto expulsados del mercado de la vivienda libre por la subida de precio de las mismas en la última década. Este problema es especialmente acuciante en las áreas metropolitanas, en el litoral y en los municipios con más de 50.000 habitantes donde los precios han subido por encima de la media y donde se concentra gran cantidad de población joven", explicó.
La puesta en el mercado de una amplia oferta de viviendas protegidas (300.000) elimina, al tener un precio fijado por Real Decreto, la repercusión especulativa del suelo. Así, el ciudadano paga por su vivienda un precio adecuado a su nivel de renta que se cifra en 1/3 de sus ingresos brutos mensuales en el caso de venta y de 1/4 de los mismos en el caso del alquiler.
En el escenario de financiación que se ha establecido para la primera fase de ejecución del Pacto, hasta 2012, las 31 Entidades Financieras firmantes aportarán 9.550 millones de euros en créditos para la construcción de las viviendas protegidas; si bien han ofertado un fondo de reserva de eficacia adicional de 8.706 millones de euros, con lo que su aportación podría alcanzar los 18.250 millones de euros.
Por su parte, la Junta de Andalucía aportará 1.900 millones de euros para ayudas e inversiones en vivienda, más las operaciones de suelo que se determinen. Y 5.600 millones se invertirán en los equipamientos e infraestructuras necesarios para dotar a estas viviendas de todos los servicios básicos, de los que los ayuntamientos aportarán una cuarta parte y la Administración autonómica el resto.
Derecho y economía
Durante su discurso, Manuel Chaves aseguró que este pacto permite poner en marcha una serie de medidas para regular el derecho a la vivienda mediante una Ley -que según anunció se aprobará el próximo año-, en función del artículo 47 de la Constitución y de los artículos 12, 25 y 37 del Estatuto de Autonomía. "Al mismo tiempo, se atienden las necesidades del sector de la construcción; desde una perspectiva económica, la vivienda es un bien que moviliza importantes recursos y repercute positivamente en múltiples actividades productivas", añadió. "Por ello, se trata de un sector estratégico para nuestra comunidad, por su capacidad de impulso al crecimiento económico y a la generación de empleo, así como por su contribución a la capitalización de nuestra economía".
Por último, Chaves quiso agradecer a todos los partidos políticos presentes en la FAMP y a todos los agentes implicados en la firma del pacto el trabajo realizado y el consenso alcanzado. "A través de este pacto damos un paso trascendental para ofrecer una respuesta positiva a la que sin duda, es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía", concluyó.
Por su parte, los representantes de las entidades financieras mostraron su satisfacción por la firma de este pacto. Antonio Pérez, directivo de CajaMar, aseguró que con este plan "se da respuesta a los problemas de vivienda de los andaluces"; Manuel Romera, director de La Caixa en Andalucía, se congratuló de que "exista unidad ante un reto tan importante como el de satisfacer las necesidades de vivienda"; Rafael Borrero, directivo del Banco Bilbao Vizcaya, deseó el "más rapido y efectivo desarrollo del plan"; y Braulio Medel, presidente de Unicaja, indicó que gracias al pacto se ha establecido un "marco estable en el sector inmobiliario para los próximos años y se cubre la necesidad social de posibilitar el acceso a una vivienda digna a amplias capas de la sociedad".
El presidente de la FAMP, Francisco Toscano, explicó que los gobiernos locales se ha sentido, "desde el principio corresponsables en la tarea de hacer realidad el derecho a la vivienda". Manuel Pastrana, secretario general de UGT-A, se felicitó por haber hallado, entre todos, fórmulas para facilitar el acceso a la vivienda y para reforzar y mantener la actividad en el sector de la construcción; mientras que Francisco Carbonero, secretario general de CCOO-A, precisó que este pacto va a permitir "mejorar la calidad de vida de muchos andaluces y generar empleo".
Por último, el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Santiago Herrero, se refirió al pacto como "el inicio de un nuevo camino, en el que se devuelva la confianza a las empresas del sector" y deseó que la firma del documento suponga un "punto de inflexión en el diseño de las políticas urbanística y de vivienda de la comunidad".