Utrera+ reclama a la Diputación Provincial de Sevilla una nueva línea de ayudas para los trabajadores autónomos y las PYMES.

* Isabel González Blanquero (Utrera+) ve urgente que desde las instituciones públicas se continúe ayudando en la medida de lo posible a las pequeñas empresas y a los trabajadores autónomos con la meta puesta en ayudarles a intentar paliar el progresivo incremento que soportan en sus gastos de producción. 

Ante el que será ya el último pleno de la Corporación del Ayuntamiento de Utrera en el presente año, la concejal y portavoz del grupo municipal de la coalición electoral Utrera+, Isabel González Blanquero, ha anunciado su intención de proponer una moción “para solicitar a la Diputación Provincial de Sevilla a que vuelva a convocar otra nueva línea de ayudas destinadas a los autónomos, tal y como ha ido haciendo en los años anteriores”, al juzgar que la tesitura actual de crisis económica y energética continúa ocasionando graves perjuicios sociales y económicos tanto entre la ciudadanía en general como a los diferentes colectivos de trabajadores autónomos y a las pequeñas empresas en particular, “lo cual hace necesario que desde la Diputación Provincial se sigan ofertando todavía éste tipo de ayudas para evitar la progresiva desaparición de los pequeños negocios”. 

Ésta petición vendría dada por el hecho de que la también delegada municipal de Reactivación Económica, Empleo y Recursos Humanos en el Ayuntamiento de Utrera ha ido observando “los importantes retrasos que, desde el inicio mismo del presente ejercicio económico, vienen afectando a los procesos de ejecución íntegros de una buena parte de los programas y proyectos locales” que se encuentran subvencionados a través de los respectivos planes Contigo, Actúa y de Recuperación, Transformación y Resiliencia, todos ellos impulsados desde la propia Diputación Provincial, unos retrasos que se están manifestando concretamente en la línea de ayudas dirigida a los trabajadores autónomos “para poder paliar, siempre en la medida de lo posible, el fuerte incremento de los gastos energéticos y de alquiler sobre sus respectivos negocios y que a menudo termina obligando a muchos de ellos al cierre”. 

Es por eso mismo que, para Isabel González, las administraciones públicas no sólo pueden hacer algo al respecto sino que forma parte de su propio deber el tratar de encontrar soluciones para poder hacer frente a la actual situación que atraviesan dichos colectivos sociales, siempre que éstas se encuentren dentro del ámbito de sus competencias institucionales, “poniendo en marcha todos aquellos mecanismos que se vean necesarios para disminuir, aunque sea de forma temporal, las consecuencias negativas sobre la ciudadanía”, a la espera de que se vaya produciendo una estabilización entorno a los precios de los productos, servicios y materias primas, con el objetivo de así poder evitar la desaparición definitiva de aquellas profesiones y comercios minoristas que, por su cercanía, “terminan suponiendo un servicio de proximidad difícilmente reemplazable, aparte de ayudar también a reducir la pérdida de empleos”.