El Ayuntamiento de Sevilla, a propuesta de la moción del grupo municipal socialista, se ha sumado a la iniciativa legislativa popular por una Ley Andaluza de la Cultura que la Asociación de Profesionales de la Gestión Cultural-GECA presentará en el Parlamento Andaluz.
Esta adhesión significa “un apoyo expreso al sector cultural en su conjunto, a las empresas y a los profesionales que forman parte de una industria que promueve un derecho de los andaluces recogido en el estatuto de la autonomía.
Este sector necesita de una normativa similar a la existente en otras actividades o en otras comunidades autónomas para su regulación, ordenación e impulso, particularmente ahora debido a la extraordinaria situación en la que se encuentra” según ha destacado Antonio Muñoz.
En este sentido, son más de 9.000 las empresas las que en la actualidad participan de este sector al que se vincula la actividad de otros como es el turístico, ya que un tercio de los visitantes a Andalucía, unos 11 millones de personas de media en los últimos años, manifestaba entre sus motivaciones de viaje la oferta cultural y patrimonial. Ante esta realidad, y en el contexto de la pandemia sanitaria, tenía lugar los días 13, 14 y 15 de noviembre en la Factoría Cultural el Congreso Andaluz de la Cultura y la Gestión Cultural, organizado por la GECA y el Ayuntamiento de Sevilla a través del ICAS, que entre sus conclusiones abogaba por un plan de rescate al sector y la redacción de una iniciativa legislativa popular (IPL) para una Ley Andaluza de la Cultura.
Para alcanzar dicho objetivo, la propuesta reclama la constitución de una plataforma de apoyo institucional, participada por consistorios gobernados por diferentes partidos políticos, que pueda impulsar un texto normativo en cuya redacción han colaborado diez universidades públicas andaluzas.
La necesidad de una normativa autonómica deriva, en primer lugar, del reconocimiento de la vida cultural como derecho humano universal fundamental recogido en el Estatuto de Autonomía y en los pactos internacionales vinculantes ratificados por nuestro estado en la Carta de Derechos Fundamentales y en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
En este sentido, son más de 9.000 las empresas las que en la actualidad participan de este sector al que se vincula la actividad de otros como es el turístico, ya que un tercio de los visitantes a Andalucía, unos 11 millones de personas de media en los últimos años, manifestaba entre sus motivaciones de viaje la oferta cultural y patrimonial. Ante esta realidad, y en el contexto de la pandemia sanitaria, tenía lugar los días 13, 14 y 15 de noviembre en la Factoría Cultural el Congreso Andaluz de la Cultura y la Gestión Cultural, organizado por la GECA y el Ayuntamiento de Sevilla a través del ICAS, que entre sus conclusiones abogaba por un plan de rescate al sector y la redacción de una iniciativa legislativa popular (IPL) para una Ley Andaluza de la Cultura.
Para alcanzar dicho objetivo, la propuesta reclama la constitución de una plataforma de apoyo institucional, participada por consistorios gobernados por diferentes partidos políticos, que pueda impulsar un texto normativo en cuya redacción han colaborado diez universidades públicas andaluzas.
La necesidad de una normativa autonómica deriva, en primer lugar, del reconocimiento de la vida cultural como derecho humano universal fundamental recogido en el Estatuto de Autonomía y en los pactos internacionales vinculantes ratificados por nuestro estado en la Carta de Derechos Fundamentales y en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
En nuestra Constitución Española se reconoce el derecho “a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica” en su artículo 20, así como a la “promoción y tutela de la cultura” (artículo 44 CE).
Sin embargo, no existe en España, a excepción de Navarra, una normativa que regule y garantice el ejercicio de estos derechos culturales y que sistematice los preceptos contenidos en el corpus iuris cultural mediante una interpretación sistemática de leyes como las de Patrimonio Histórico, Ley de Propiedad Intelectual, leyes relativas a Museos, Archivos y Biblioteca o similares. Realidades junto al impacto económico y la empleabilidad que genera.
Sin embargo, no existe en España, a excepción de Navarra, una normativa que regule y garantice el ejercicio de estos derechos culturales y que sistematice los preceptos contenidos en el corpus iuris cultural mediante una interpretación sistemática de leyes como las de Patrimonio Histórico, Ley de Propiedad Intelectual, leyes relativas a Museos, Archivos y Biblioteca o similares. Realidades junto al impacto económico y la empleabilidad que genera.
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