Sánchez Castillo (IU) califica el Plan Andalucía en Marcha de la Junta "como maniobra de mercadeo"

El parlamentario andaluz, Ismael Sánchez Castillo, ha señalado que el plan Andalucía en Marcha “no es un plan extraordinario de reactivación económica ni para Andalucía ni para Sevilla, no representa la puesta en marcha de nuevos proyectos, sino que son deudas históricas con nuestra provincia, compromisos del Gobierno de la Junta que el propio presidente Juanma Moreno anunció iban a estar desarrollados en el primer año de legislatura y que, dos años después, solo son humo y que beneficiará a empresas privadas”.
Sánchez ha incidido en que este plan “tampoco representa un esfuerzo económico extra” ya que, ha dicho, “estamos hablando de infraestructuras que estaba ya planificadas, algunas de ellas con proyectos en marcha para su licitación, y que ahora se agrupan, se les pone un lazo y se venden como si fuera un plan nuevo”.
Ha recordado que el plan contempla algo menos de 3.500 millones de euros y “el esfuerzo inversor de los presupuestos de la Junta de Andalucía en un solo año es de 7.000 millones de euros, con lo cual, este plan se quedaría muy corto teniendo en cuenta que es para tres años”.
De igual modo, Sánchez ha criticado, en un comunicado, que “hablar de que Andalucía está en marcha porque se vayan a poner, precisamente en marcha, las obras del hospital de Osuna, la Ciudad de la Justicia o centros educativos y venderlos como nuevos es un absoluto despropósito cuando no se incluye una financiación extraordinaria, proyectos y necesidades nuevas, así como proyectos que no tengan una huella en el empleo más allá de la construcción”.
“No se puede hablar de un plan que es un auténtico ejercicio de marketing y de autobombo del gobierno de la Junta de Andalucía, intentar hacer ver lo contrario es un insulto a la inteligencia de los sevillanos y sevillanas”, ha apostillado.
Es más, ha agregado que “muchas de estas infraestructuras van a estar ligadas a la financiación a través de la colaboración público-privada, un modelo a través del cual, la Junta cede el terreno a una entidad privada, le permite construir, y después es la misma Junta, con el dinero de todos la que tendrá que pagar durante 30 o 40 años un alquiler totalmente abusivo por el uso de esas instalaciones, resultando el costo al final más de tres veces superior que habiéndolo construido directamente bien con fondos propios, bien a través de financiación”.

A su juicio, “este modelo de colaboración lo han seguido ya otras comunidades en las que el resultado final ha sido la privatización de estos servicios por llevar a cabo un sistema de construcción de infraestructuras totalmente insostenible”. “No queremos una Sevilla que hipoteque su futuro a este modelo”, ha concluido.