El déficit del Estado se sitúa hasta agosto en el 5,39% del PIB por el impacto de la COVID-19

*  Los datos recogen el impacto sobre las operaciones realizadas por el conjunto de las Administraciones Públicas en un contexto económico y social extraordinario ante la situación de emergencia por la pandemia 

* Hasta julio el déficit consolidado de las Administraciones Públicas, excluyendo las Corporaciones Locales, se sitúa en el 6,54% del PIB, sin ayuda financiera
* La financiación procedente del Estado para garantizar su liquidez frente a la pandemia ha permitido que las comunidades autónomas registren un superávit del 0,27% del PIB
* El Sistema de Seguridad Social modera su déficit y se sitúa en el 0,35% del PIB por las transferencias recibidas del Estado para hacer frente al gasto en prestaciones derivado de la crisis
* En la primera mitad del año, las CCLL registran un déficit del 0,26% del PIB, originado por el contexto de crisis sanitaria y económica generada por la pandemia

El Ministerio de Hacienda ha publicado hoy en su página web una serie de datos correspondientes a la ejecución presupuestaria que muestran el impacto de la pandemia provocada por la COVID-19 en las cuentas públicas, así como el efecto de las medidas adoptadas para gestionar esta emergencia sanitaria y mitigar las consecuencias de la crisis.
En concreto, el Ministerio de Hacienda difunde hoy el dato de déficit del Estado hasta agosto, que se sitúa en el 5,39% del PIB, en términos de contabilidad nacional. Asimismo, publica el déficit consolidado de Administración Central, Comunidades Autónomas y Seguridad Social del mes de julio, que se sitúa en el 6,54% del PIB, excluyendo la ayuda financiera. Finalmente, se han publicado los datos de ejecución presupuestaria de las Corporaciones Locales correspondientes al segundo trimestre del año 2020, que registraron un déficit del 0,26% del PIB. Como en los meses anteriores, todos los datos están afectados por la declaración del estado de alarma y el conjunto de medidas aprobadas por el Gobierno para hacer frente a la pandemia con el objetivo de paliar los efectos sociales, económicos y laborales de esta emergencia.

DÉFICIT DEL ESTADO (AGOSTO)
En los ocho primeros meses del año, el déficit del Estado se sitúa en 60.295 millones, lo que equivale al 5,39% del PIB. Si se deduce el efecto del gasto en intereses (déficit primario) la cifra se sitúa en el 4,02%. Esta evolución se explica por una bajada de los recursos del 13,9%, como consecuencia de la situación económica derivada de la crisis sanitaria. Asimismo, se produce un incremento del gasto del 18,9%, hasta los 170.775 millones. Un incremento derivado, fundamentalmente, del aumento de programas sanitarios, así como, en las mayores transferencias a la Seguridad Social y a las Comunidades Autónomas. Además, como se señaló en anteriores publicaciones, desde el 1 de enero de 2020 se ha producido una operación de reversión de las autopistas de peaje en 2020 (AP4 y AP7) de carácter no recurrente, por importe de 1.745 millones, que va a afectar al volumen total de ingresos y de gastos del Estado a lo largo de todo el ejercicio, pero que no va a tener incidencia en el déficit.
Recursos no financieros del Estado Los recursos no financieros se sitúan en 110.480 millones, lo que supone una disminución del 13,9% respecto a 2019. Los ingresos correspondientes al mes de agosto están afectados, de manera similar a lo que viene ocurriendo en meses anteriores, por la situación económica derivada de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19. Así, los recursos impositivos -representan el 81% del total- se sitúan en 89.463 millones, lo que supone una disminución del 16,1%. Retroceden la mayor parte de las figuras tributarias. Destacan, por un lado, el descenso del 13,3% de los impuestos sobre la producción y las importaciones, entre los cuales el IVA baja un 15,6%, hasta los 40.455 millones. Este comportamiento del IVA se debe al menor consumo derivado de la caída de la actividad y también a la minoración de ingresos por algunas medidas adoptadas para mitigar los efectos de la pandemia. Por ejemplo, la aplicación del tipo cero en el IVA en los bienes necesarios para hacer frente a la COVID-19. En cualquier caso, la reducción de la recaudación del IVA es inferior a la experimentada en meses anteriores.
Por su parte, los impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio descienden en un 20,4%. El Impuesto sobre Sociedades baja un 7,1%, destacando el ingreso de gran parte de la cuota positiva de la declaración de 2019, superior en un 3,3% al correspondiente de 2018. Por su parte, el IRPF desciende un 27,4% como consecuencia, en gran parte, de las mayores entregas a cuenta y el mayor resultado a favor de las CCAA de la liquidación definitiva de 2018 respecto al ejercicio anterior, a lo que hay que sumar el parón de la actividad. Por último, también descienden los impuestos sobre el capital un 60,3% y las cotizaciones sociales un 0,9%, fundamentalmente por la progresiva sustitución de empleados activos con Régimen de Clases Pasivas por otros con Régimen de Seguridad Social. En lo que respecta al resto de recursos que siguen la misma tendencia descendente, destacan dividendos y otras rentas, que caen un 32,0% así como los intereses, que disminuyen un 18,3%. Es reseñable el buen comportamiento de los dividendos del Banco de España, que crecen respecto al año anterior, compensando en parte el descenso registrado en los dividendos de ENAIRE y de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) en 2020. Empleos no financieros del Estado Hasta julio los empleos no financieros han ascendido a 170.775 millones, cifra superior en un 18,9% a la registrada en el mismo periodo de 2019.
Los aumentos de gasto más destacados se han producido en las transferencias a las CCAA y a la Seguridad Social. Las transferencias a las CCAA aumentan tanto por la actualización de las entregas a cuenta realizada en marzo y abril, como por la mayor liquidación definitiva del sistema de financiación del año 2018 respecto a la efectuada en el ejercicio anterior. El objetivo de estas medidas es garantizar a las CCAA los recursos necesarios para hacer frente a la pandemia y que puedan seguir prestando servicios públicos esenciales de calidad. A lo anterior hay que sumar el pago de 6.000 millones del primer tramo del Fondo COVID-19, cuyo importe total asciende a 16.000 millones. Este fondo no reembolsable –las CCAA no lo tienen que devolver- se distribuye teniendo en cuenta los costes derivados de la pandemia en el sistema sanitario, educativo, así como para compensar la caída de los ingresos fiscales autonómicos. Además de este aumento en las transferencias del sistema de financiación, las CCAA han recibido, entre otros, 300 millones destinados a la cobertura de gastos originados en el Sistema Nacional de Salud, 300 millones al Fondo Social Extraordinario para la financiación de prestaciones básicas de los servicios sociales, 25 millones al Fondo de alimentación, 10 millones por medidas excepcionales por el COVID-19 en el sector ganadero y 447 millones de subvenciones al Plan Estatal de Vivienda. Los consumos intermedios se incrementan en un 18,3%, crecimiento en el que inciden los 836 millones de gastos derivados de la COVID-19, sin correspondencia en el año anterior.
La remuneración de asalariados ha aumentado un 0,7% debido, a la equiparación salarial de la Policía y Guardia Civil con los cuerpos policiales autonómicos.
Las prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie aumentan un 7,0%, cifra que recoge la actualización de las pensiones de clases pasivas del 0,9% y la Cooperación internacional corriente se incrementa en un 2,3%. Destaca también el incremento de la inversión en un 55,0%, aumento que se explica fundamentalmente por la operación de reversión de las autopistas de peaje en 2020 (AP4 y AP7). Estos incrementos se ven compensados en parte por el descenso de un 10,6% de los intereses, por la menor aportación a la UE basada en el IVA y la RNB en 745 millones, así como por la disminución de las ayudas a la inversión y otras transferencias de capital, en un 49,0%, como consecuencia de la devolución del gravamen por prestación de maternidad y paternidad en 2019 por importe de 707 millones, y sin correspondencia en 2020.

DÉFICIT CONJUNTO DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y SEGURIDAD SOCIAL (JULIO)
Hasta julio de 2020, el déficit conjunto de la Administración Central, los Fondos de la Seguridad Social y la Administración Regional, excluida la ayuda financiera, fue de 73.128 millones, lo que equivale al 6,54% del PIB. Si se incluye en ambos periodos el saldo de la ayuda a las instituciones financieras, el déficit sería de 73.026 millones de euros, es decir, el 6,53% del PIB.