“Todos los ayuntamientos, como administraciones más cercanas, hemos asumido nuevas competencias, hemos tenido que dar respuesta a situaciones urgentes y hemos destinado recursos para medidas que excedían claramente de nuestras posibilidades. Lo hemos hecho con un sistema de financiación obsoleto e insuficiente y con un marco normativo que no se ajusta a la realidad y a la respuesta que debemos dar a la ciudadanía”, ha destacado la concejala socialista Sonia Gaya.
En el caso de Sevilla, el Ayuntamiento ha tenido gastos extraordinarios por la pandemia de la COVID 19 por un importe de más de 50 millones de euros. A esto hay que añadir las reducciones y exenciones de tasas a sectores económicos afectados por un importe superior a 11 millones de euros entre 2020 y 2021. En cuanto a los ingresos, Sevilla perdió 93 millones de euros en ingresos propios.
Durante el año 2020, y en medio de un complejo debate dentro del propio seno de la Federación Española de Municipios y Provincias, se han tomado algunas medidas que han contribuido a mejorar la situación coyuntural de las administraciones locales. Así ocurrió con la autorización del uso del superávit, la suspensión de las reglas fiscales en 2020, 2021, y 2022 y por tanto de la regla de gasto; el incremento de la PIE o el fondo de ayudas al transporte público por el que Sevilla ha recibido 18 millones de euros. Pero al mismo tiempo, se han mantenido las mismas limitaciones competenciales, los mismos modelos de colaboración económicas a través de programas finalistas y con financiación condicionada y los mismos recursos congelados asignados a programas como la Patrica andaluza. “Los ayuntamientos se han quedado prácticamente fuera de todo el incremento de financiación extraordinaria que han tenido comunidades autónomas como la andaluza”, ha subrayado Gaya.
Por este motivo, el Grupo Socialista considera que las medidas adoptadas en 2020 han sido parciales, en muchos casos de urgencia, y no han resuelto el gran problema que ha puesto en evidencia la pandemia: la insuficiencia financiera y la necesidad de una revisión del marco competencial de las administraciones locales para que podamos realmente dar la respuesta que la ciudadanía requiere.
Ante esta situación, y cuando las grandes ciudades entran en un periodo clave dentro del proceso de recuperación económica y social tras la crisis sanitaria, el Grupo Socialista persigue que se aborde con consenso con todos los ayuntamientos un nuevo sistema de financiación incrementando los recursos económicos y adaptando el marco normativo que fija las competencias y la autonomía local a las necesidades de la población y a las funciones que realmente desempeñan los ayuntamientos. (Foto: DECS).
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