El Ayuntamiento de Sevilla y Oxfam Intermón valoran el primer año del municipio declarado Zona Libre de paraísos fiscales

* Esta iniciativa es paralela a la declaración municipalista suscrita con diferentes consistorios del país a favor de una contratación pública sostenible que incorpore aspectos sociales y ambientales a la toma de decisiones y que apuesta por la modificación de la Ley nacional de Contratación Pública

El Ayuntamiento de Sevilla y Oxfam Intermón Andalucía han realizado este jueves un balance del desarrollo de la moción que fue aprobada con el apoyo de todos los grupos políticos para la aplicación efectiva de la norma que promueve que el municipio ejerza una contratación pública fiscalmente responsable y que declaró al consistorio como Zona Libre de Paraísos Fiscales. Estos paraísos, como sistemas fiscales opacos, provocan disfunciones a nivel global y local con impuestos próximos al 0 por ciento que facilitan la elusión fiscal de las grandes empresas y suponen una discriminación económica para las pequeñas y medianas empresas que no pueden y / o no quieren hacer uso de ellos. Esta elusión disminuye la recaudación pública, por lo que es más difícil financiar el gasto de servicios sociales.
Desde que se aprobó la moción el pasado año, la inversión desde España hacia los 15 paraísos fiscales más agresivos se ha triplicado. Además, en el primer semestre de 2016 el 67% de la inversión de entrada en España provino de estos territorios, y su utilización para canalizar la inversión directa hacia nuestro país genera cada año unas pérdidas fiscales en torno a los 1.550 millones de euros, equivalente al presupuesto de cooperación al desarrollo.
La presencia de las principales empresas españolas en paraísos fiscales sigue en aumento. De 2013 a 2014, las filiales del IBEX35 en estos territorios se han incrementado en un 10%, pasando de 810 a 891. En cinco años, la presencia de filiales de empresas del IBEX-35 en paraísos fiscales se ha multiplicado por tres.
A nivel nacional, Oxfam Intermón ha coincidido en la oportunidad que representa la tramitación parlamentaria de la nueva Ley de Contratación del Sector Público, a la que organizaciones como la Plataforma de Justicia Fiscal, y la propia entidad han propuesto tres enmiendas en esa línea. Esta iniciativa es paralela a la Declaración municipalista de Barcelona que ha suscrito el Ayuntamiento de Sevilla junto con diferentes consistorios del país a favor de una contratación pública sostenible que incorpore aspectos sociales y ambientales a la toma de decisiones, con el objetivo de contribuir a la transformación socioeconómico y la dinamización del tejido productivo local de las pequeñas y medianas empresas. Todas estas medidas e iniciativas se han trasladado a los grupos políticos sevillanos en el marco del Observatorio de Acción Social, donde se están valorando las acciones del ayuntamiento con la participación de sus grupos políticos y los agentes sociales implicados, como los sindicatos, y donde se analiza “la necesaria modificación” de la Ley de Contratación Pública del Gobierno de España que marca las limitaciones en este sentido.
“Se trata de un camino que hemos comenzado a andar en una dirección para no volver atrás” ha manifestado la delegada Myriam Díaz, que ha asegurado que esta planificación “va en la misma línea que hemos comenzado a marcar con la redacción y aplicación en las contrataciones municipales de Sevilla de las cláusulas sociales, y que necesita del compromiso del Gobierno central y de la modificación de las obligaciones de contratación de la administración pública para fomentar un nuevo modelo económico más equitativo e igualitario donde la igualdad de oportunidades sea una constante”.

Junto a la delegada, han participado en la rueda de prensa representantes de todos los grupos políticos municipales: PP, Ciudadanos, Participa Sevilla e Izquierda Unida.