ALCALÁ DE GUADAÍRA.- El PA lamenta la arbitrariedad y discrecionalidad del alcalde Limones en el cobro de la basura industrial

* Los andalucistas denuncian que no se haya cumplido la ordenanza en una década y ahora el afán recaudatorio de Limones acabe por ahogar al pequeño y mediano empresario alcalareño

El concejal de Asuntos Económicos del Grupo Andalucista en el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, Ramón Ramos, ha lamentado que “el gobierno socialista vuelva a ir a la zaga de nuestras denuncias a raíz de la auténtica avalancha de protestas por parte de empresarios locales debido a la aplicación de la ordenanza de 2002 por la cual se cobra la tasa de basura industrial según el número de epígrafes en los que el empresario esté dado de alta en el IAE”.
Según Ramos “entre la multitud de casos, nos encontramos el de profesionales alcalareños que aunque tienen su domicilio aquí, mantienen su despacho en Sevilla, y que se han visto sorprendidos por el cobro de una tasa desmesurada por un servicio que, además, no está consumiendo en la ciudad”.
El concejal andalucista ha preguntado a Limones que “si la ordenanza es del año 2002 y hasta 2013 no la han empezado a aplicar tal y como se recoge en la misma, ¿qué han estado haciendo desde entonces los distintos delegados de Hacienda?”.
Sin embargo, la principal crítica de los andalucistas pasa por “el retraso excesivo en la rectificación de la medida, pese a que llevamos días avisando de buena fe al gobierno del PSOE, de las protestas ante las elevadas tasas a empresarios pequeños”. Para el PA “ esto es fruto de la tradicional prepotencia del gobierno socialista que aunque esté haciendo las cosas rematadamente mal, han necesitado que el empresariado local lo abrume a protestas para reconocer el error, de forma que no les ha quedado otra que paralizar de inmediato el proceso de cobro”.
"Cualquier ciudad necesita reglas de juego homogéneas, estables y conocidas y que se huya de la discrecionalidad y la arbitrariedad, que es lo que ha ocurrido: había una norma, conocida, pero que no se usaba y ahora arbitrariamente y sin conocimiento de nadie se lleva a raja tabla. Esto nos lleva a preguntamos quién tiene que pagar el pato, ¿los empresarios por que deben pagar lo que dice la norma, o el alcalde que de manera arbitraria y discrecional no la ha cobrado, durante más de una década?. Desde luego lo que no puede ser es que el afán recaudatorio de Limones acabe asfixiando al pequeño y mediano empresario local en plena crisis”.
Los dos ediles andalucistas realizarán mañana en el pleno una pregunta al alcalde alcalareño para que aclare “qué ha pasado y dónde se ha producido el error, y lo más importante: por qué durante una década se ha aplicado de forma errónea la polémica ordenanza municipal”. Ramos ha concluido manifestando que “esto es lo peor que puede pasarle a una ciudad, que lo que busca es atraer inversiones para generar empleo, porque el empresariado lo que quiere es seguridad jurídica y solidez, no meteduras de pata de sus gobernantes”.