* Los datos publicados siguen recogiendo el impacto en ingresos y gastos de la emergencia sanitaria y de las medidas aprobadas para mitigar las consecuencias sociales de la pandemia.
El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha publicado en su web los datos de ejecución presupuestaria de la Administración Central, Comunidades Autónomas y Seguridad Social que recogen el impacto de la COVID-19 en las cuentas públicas, así como el efecto de las medidas aprobadas para combatir la emergencia sanitaria y mitigar las consecuencias económicas y sociales derivadas de la misma.
En concreto, hasta noviembre de 2021 el déficit conjunto de la Administración Central, los Fondos de la Seguridad Social y las Comunidades Autónomas, excluida la ayuda financiera, se sitúa en 55.477 millones, lo que supone una reducción del 38% respecto a los 89.487 millones registrados en el mismo período de 2020. Esta cifra equivale al 4,61% del PIB. Si se incluye el saldo de la ayuda a las instituciones financieras, el déficit supone el 4,62% del PIB.
Administración Central
El déficit de la Administración Central (excluida la ayuda financiera) asciende en noviembre a 65.014 millones, que equivale al 5,40% del PIB.Si se incluye la ayuda a instituciones financieras el déficit de la Administración Central supone el 5,41% del PIB.
En los once primeros meses del año el Estado ha registrado un déficit equivalente al 5,40% del PIB, frente al 6,45% existente en el mismo período de 2020. De esta forma, el déficit se sitúa en 65.008 millones, lo que supone un descenso del 10,2% respecto a los 72.365 millones del mismo periodo del ejercicio anterior. Este resultado se debe a un robusto incremento de los ingresos no financieros del 18,4%, frente al comportamiento de los gastos, que crecen a un menor ritmo del 9,6%.
Los Organismos de la Administración Central registran un déficit de 6 millones excluida la ayuda financiera, un 91,3% inferior al registrado en 2020, situándose en posición de equilibrio. Esta evolución se debe a un incremento del 9,3% de los ingresos -fundamentalmente de las transferencias recibidas- y a un aumento de los gastos del 9,4%.
Comunidades Autónomas
La Administración regional registra un superávit hasta noviembre de 2021 de 8.315 millones, lo que equivale al 0,69% del PIB. Este resultado obedece a un incremento de los gastos del 7,1%, frente a los ingresos que crecen a un ritmo del 10,9%.
Entre los ingresos caben mencionarse los impuestos sobre la producción y las importaciones, que aumentan un 34,3% alcanzando la cifra de 14.694 millones, destacando el crecimiento de ITP y AJD en un 47,8%.
También aumentan los ingresos por impuestos sobre el capital en un 56,3% hasta alcanzar los 2.907 millones. Por su parte, los ingresos por impuestos sobre la renta y patrimonio caen un 1,7% hasta los 48.815 millones.
Las transferencias entre AAPP crecen un 12,1% hasta los 115.574 millones. Las transferencias recibidas del Estado representan el 50,4% de los recursos del subsector, destacando la partida recogida en la Ley de PGE para 2021 por importe de 13.486 millones y destinada a dotar de mayor financiación a las CCAA para la cobertura de los servicios públicos fundamentales.
Los ingresos obtenidos del resto de recursos se sitúan en 17.021 millones de euros, creciendo un 22,7%, debido, principalmente, al crecimiento de los fondos FEDER y FSE.
Entre los gastos, la remuneración de asalariados crece un 6,6% debido, entre otras razones, al mayor número de efectivos en educación y sanidad. Los consumos intermedios crecen un 1,6% hasta los 30.652 millones, de los cuales 19.152 millones corresponden al ámbito sanitario.
Las subvenciones aumentan un 30,9% hasta los 3.662 millones por el incremento de las ayudas al transporte, lo que se compensa con el descenso de los intereses, que disminuyen un 15,6% hasta 2.718 millones.
Las transferencias sociales en especie se elevan en un 4,2% hasta los 28.360 millones debido al mayor gasto en conciertos sanitarios y educativos y al incremento del gasto en farmacia. Por su parte, las prestaciones sociales distintas de las transferencias en especie aumentan un 4,9%. Por último, la inversión crece un 9,9% respecto a 2020, alcanzando los 12.827 millones.
De acuerdo con la información transmitida por las Comunidades Autónomas, 6.260 millones corresponden a gasto socio-sanitario de la COVID-19:
De acuerdo con la información transmitida por las Comunidades Autónomas, 6.260 millones corresponden a gasto socio-sanitario de la COVID-19:
Fondos de la Seguridad Social
Los Fondos de la Seguridad Social hasta noviembre de 2021 registran un superávit de 1.222 millones, frente al déficit de 18.443 millones alcanzado en el mismo periodo de 2020. En términos de PIB el superávit de la Seguridad Social se sitúa en el 0,1%, mientras que en el mismo periodo del año anterior se alcanzó un déficit que suponía el 1,64%. Este mejor comportamiento es consecuencia de un crecimiento de los ingresos del 6,4% (destaca la buena evolución de las cotizaciones con un crecimiento del 5,1%) frente al descenso registrado en los gastos de un 4,3%.
Las operaciones del subsector Fondos de la Seguridad Social siguen afectadas por la crisis sanitaria, social y económica derivada de la pandemia de la COVID-19 y las numerosas medidas adoptadas para paliar sus efectos. No obstante, la favorable evolución alcanzada con la recuperación de la actividad y sobre todo desde que se inició el proceso de vacunación ha motivado una reducción del impacto económico de la pandemia en las operaciones de este subsector. Si se descuenta tanto en 2020 como en 2021 el impacto asociado a la COVID-19, el subsector Fondos de la Seguridad Social habría obtenido un superávit de 11.487 millones en noviembre de 2021, superior en un 37,9% a los 8.332 millones de 2020.
Las medidas más significativas se aprobaron en marzo de 2020 y se encuentran actualmente vigentes afectando a los trabajadores por cuenta propia o autónomos con el establecimiento de una prestación por el cese de su actividad o la reducción de su facturación. También a los trabajadores por cuenta ajena a los que en caso de suspensión de contratos y reducción de jornada por fuerza mayor temporal (ERTES) se les reconoce la prestación contributiva por desempleo. En ambos casos se establece la exoneración de las cotizaciones sociales (cuotas mensuales de autónomos, aportación empresarial en el caso de empresas y cuotas por conceptos de recaudación conjunta en el caso de los trabajadores por cuenta ajena).
Estas medidas se han ido complementando con nuevas ayudas como las que posibilitan el cobro de la prestación por cese de actividad junto con el desempeño del trabajo por cuenta propia, la prestación especial para los trabajadores de temporada o la prestación extraordinaria por paralización o suspensión temporal obligatoria de la actividad. Asimismo, han ido apareciendo distintas modalidades de ERTE, de modo que el RD 30/2020, de 1 de octubre, incorpora el ERTE de impedimento, el de limitación o los que afectan a sectores ultraprotegidos y su cadena de valor, prestaciones que se han visto prorrogadas mediante los Reales Decretos -leyes 11/2021 y 18/2021.
El Sistema de Seguridad Social registra hasta noviembre de 2021 un superávit de 2.399 millones, frente al déficit de 4.796 millones obtenido en el mismo periodo del año anterior. Los recursos han ascendido a 157.556 millones, con un crecimiento del 5% de las cotizaciones sociales. Las transferencias recibidas, principalmente del Estado, han aumentado un 6,4%, pasando de 33.523 millones en el año 2020 a 35.668 en el 2021. Por su parte, en lo que respecta al gasto, que se totaliza en 155.157 millones, se corresponde en gran medida con el gasto en pensiones, que crece en un 3,1%.
Al igual que en meses anteriores destacan los datos registrados por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) que ha obtenido un déficit de 1.259 millones, inferior en un 90,9% al del año anterior. Este comportamiento se debe, en gran medida, al descenso del conjunto de prestaciones por desempleo vinculadas a los ERTE y otras medidas COVID que alcanzan los 5.077 millones, mientras que en 2020 el gasto se elevó en este periodo a los 13.469 millones. El resto de las prestaciones de desempleo se reduce en un 7,4% respecto al año anterior. El número de beneficiarios de las prestaciones de desempleo a finales de noviembre se ha reducido un 23,5% respecto a 2020.
El FOGASA presenta un superávit de 82 millones, frente a los 128 millones registrados en el mismo periodo de 2020.
Las operaciones del subsector Fondos de la Seguridad Social siguen afectadas por la crisis sanitaria, social y económica derivada de la pandemia de la COVID-19 y las numerosas medidas adoptadas para paliar sus efectos. No obstante, la favorable evolución alcanzada con la recuperación de la actividad y sobre todo desde que se inició el proceso de vacunación ha motivado una reducción del impacto económico de la pandemia en las operaciones de este subsector. Si se descuenta tanto en 2020 como en 2021 el impacto asociado a la COVID-19, el subsector Fondos de la Seguridad Social habría obtenido un superávit de 11.487 millones en noviembre de 2021, superior en un 37,9% a los 8.332 millones de 2020.
Las medidas más significativas se aprobaron en marzo de 2020 y se encuentran actualmente vigentes afectando a los trabajadores por cuenta propia o autónomos con el establecimiento de una prestación por el cese de su actividad o la reducción de su facturación. También a los trabajadores por cuenta ajena a los que en caso de suspensión de contratos y reducción de jornada por fuerza mayor temporal (ERTES) se les reconoce la prestación contributiva por desempleo. En ambos casos se establece la exoneración de las cotizaciones sociales (cuotas mensuales de autónomos, aportación empresarial en el caso de empresas y cuotas por conceptos de recaudación conjunta en el caso de los trabajadores por cuenta ajena).
Estas medidas se han ido complementando con nuevas ayudas como las que posibilitan el cobro de la prestación por cese de actividad junto con el desempeño del trabajo por cuenta propia, la prestación especial para los trabajadores de temporada o la prestación extraordinaria por paralización o suspensión temporal obligatoria de la actividad. Asimismo, han ido apareciendo distintas modalidades de ERTE, de modo que el RD 30/2020, de 1 de octubre, incorpora el ERTE de impedimento, el de limitación o los que afectan a sectores ultraprotegidos y su cadena de valor, prestaciones que se han visto prorrogadas mediante los Reales Decretos -leyes 11/2021 y 18/2021.
El Sistema de Seguridad Social registra hasta noviembre de 2021 un superávit de 2.399 millones, frente al déficit de 4.796 millones obtenido en el mismo periodo del año anterior. Los recursos han ascendido a 157.556 millones, con un crecimiento del 5% de las cotizaciones sociales. Las transferencias recibidas, principalmente del Estado, han aumentado un 6,4%, pasando de 33.523 millones en el año 2020 a 35.668 en el 2021. Por su parte, en lo que respecta al gasto, que se totaliza en 155.157 millones, se corresponde en gran medida con el gasto en pensiones, que crece en un 3,1%.
Al igual que en meses anteriores destacan los datos registrados por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) que ha obtenido un déficit de 1.259 millones, inferior en un 90,9% al del año anterior. Este comportamiento se debe, en gran medida, al descenso del conjunto de prestaciones por desempleo vinculadas a los ERTE y otras medidas COVID que alcanzan los 5.077 millones, mientras que en 2020 el gasto se elevó en este periodo a los 13.469 millones. El resto de las prestaciones de desempleo se reduce en un 7,4% respecto al año anterior. El número de beneficiarios de las prestaciones de desempleo a finales de noviembre se ha reducido un 23,5% respecto a 2020.
El FOGASA presenta un superávit de 82 millones, frente a los 128 millones registrados en el mismo periodo de 2020.
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