Sánchez considera una ofensa que el gobierno andaluz utilice a los munícipes, a las alcaldesas y alcaldes, concejales y concejalas de gobierno o de la oposición dentro de una estrategia de confrontar por confrontar cuando la Junta tiene competencias por mandato estatutario de asistencia y cooperación con las Entidades Locales y sin embargo este año y medio de crisis se ha caracterizado por una absoluta descoordinación y desinformación, dejando solos a los ayuntamientos en aspectos tan fundamentales como la adquisición de EPI o no habiendolos tenido en cuenta para la gestión de ni un solo euro en la reprogramación de los Fondos Europeos que desde Europa a través del Gobierno de España se le permitió a Andalucía.
Desde Unidas Podemos se critica que la Junta no ha sido capaz de compensar económicamente a los Ayuntamientos que han tenido que realizar gastos extraordinarios derivados de la pandemia, como pueden ser las realizadas para la especial puesta a punto y refuerzo en el mantenimiento, limpieza y desinfección de los Centros Educativos de primaria.
En cuanto a los planes ordinarios de empleo con los Ayuntamientos, el diputado sevillano denuncia que en 2019 no hubo convocatoria de los mismos, en 2020 la convocatoria se vendió como una convocatoria extraordinaria que fue fuertemente recortada, con 113 millones de euros menos, a los que no se reasignaron los fondos no solicitados. Para 2021 no hay planes de empleo a la vista, a pesar de que el presidente andaluz anunció una nueva convocatoria.
Sánchez afirma que el Gobierno de Andalucía tiene y debe de rectificar su hoja de ruta en cuanto al tratamiento que está realizando con los Ayuntamientos. Debe tratarlos como aliados ante la salida de esta crisis, y tiene recursos que debe poner a disposición. Recordemos que la Junta cuenta con superávit de más de 200 millones de euros de 2020, cuenta con un Fondo de Contingencia de más de 450 millones de euros en el presupuesto de 2021 sin consignar a lo que hay que sumar los más de 550 millones de euros que deberá incorporar al Presupuesto debido al Fondo Covid del Estado a las CCAA del 2021 que fue presupuestado por parte del Gobierno Andaluz en 1798 millones de euros y finalmente van a ser 2.357 millones de euros.
Para Sánchez, “estamos ante la peor de las crisis que nuestra memoria puede alcanzar y el PP en ningún momento está a la altura de las circunstancias. La situación de las entidades locales, y el papel que pueden jugar éstas en la recuperación económica y social, requiere de un debate de Estado, que actualmente, por los hechos y la aptitud que está marcando el PP parece imposible de abordar. La derecha en ningún momento se cuestiona los problemas estructurales por los que atraviesa el municipalismo”.
El asunto de fondo, y sobre lo que aún estamos esperando al Partido Popular, es si consideran a las Administraciones Locales como lo que son: ESTADO. Nosotras lo tenemos claro, y por ello es necesario y urgente superar una deuda pendiente que tenemos con los Ayuntamientos: la segunda descentralización que dote a los Ayuntamientos de recursos económicos para poder abordar las competencias que le sean asignadas para lo que es necesario un debate profundo, de Estado, contando con las Administraciones Locales y las Comunidades Autónomas, afirma el parlamentario sevillano.
Desde Unidas Podemos se mantiene que utilizar el municipalismo de forma partidista es una ofensa a los munícipes, por lo que le piden al PP que si en realidad consideran a las Entidades Locales unos aliados fundamentales para la recuperación social y económica, primero debe pedir disculpas por el maltrato constante al que han llevado siempre que han gobernado a los Ayuntamientos, y después hacer propósito de enmienda planteando un debate que vaya a la raíz de los problemas que atraviesan las administraciones locales.
Sánchez recuerda que la Reforma de la Administración Local, impulsada por el PP, ha sido un ataque frontal al papel de la administración más cercana a la hora de la prestación de sus servicios, poniendo por delante de todo la rentabilidad económica sin atender a la rentabilidad y la repercusión social que tienen los servicios en los municipios, sobre todo los más pequeños y que las Leyes Montoro supusieron, en la práctica el abocar a los Ayuntamientos a la realización de planes de ajuste en los que sí o sí se fueron viendo afectadas las plantillas municipales y la prestación de los servicios públicos municipales… al tiempo que a través de la imposición de la regla de gasto, se le ponía un tope al crecimiento de los pueblos y ciudades estando de facto intervenidos.
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