El texto de la citada propuesta en el siguiente:
"En el Partido Popular trabajamos por una sociedad que alcance la igualdad efectiva de derechos y obligaciones entre hombres y mujeres, y que impulse el progreso económico y la cohesión social sin discriminaciones, para lo cual es fundamental garantizar el acceso universal a un sistema educativo de calidad.
La libertad de enseñanza es un derecho fundamental recogido en el artículo 27 de la Constitución Española y, tanto la Ley de Educación Andaluza, en su artículo 2.3, como el Estatuto de Andalucía, en su artículo 21, reconocen como enseñanzas públicas la educación pública y la educación concertada, esto es, todos los centros educativos sostenidos con fondos públicos.
Recientemente se han conocido unas declaraciones de la actual Ministra de Educación y Portavoz del Gobierno de España, Isabel Celaá, según las cuales el Gobierno de España está estudiando modificar la vigente Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre de 2013, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), en diversos aspectos, entre los que se encuentra la supresión del criterio de “la demanda social”, recogido en el artículo 109.2 de la LOMCE, en la programación de los puestos escolares ofertados. Ello supone que, en la actualidad, a mayor demanda por parte de las familias, se abre la posibilidad de abrir un mayor número de líneas de educación concertadas, favoreciendo que se respete el deseo y derecho de las familias a poder elegir la educación que quieren para sus hijos; una posibilidad que se está planteando cercenar el actual Gobierno de Pedro Sánchez.
La desaparición de la demanda social como elemento regulador de la facultad programadora de la Administración supone un ataque frontal a la libertad de enseñanza (artículo 27.1 de la Constitución Española), a la libertad de creación de centro (artículo 217.6 de la Constitución Española) y a la libertad de elección del tipo o modelo de educación y formación de los hijos de acuerdo con las convicciones de sus padres (artículo 27.3 de la Constitución Española)".
La libertad de enseñanza es un derecho fundamental recogido en el artículo 27 de la Constitución Española y, tanto la Ley de Educación Andaluza, en su artículo 2.3, como el Estatuto de Andalucía, en su artículo 21, reconocen como enseñanzas públicas la educación pública y la educación concertada, esto es, todos los centros educativos sostenidos con fondos públicos.
Recientemente se han conocido unas declaraciones de la actual Ministra de Educación y Portavoz del Gobierno de España, Isabel Celaá, según las cuales el Gobierno de España está estudiando modificar la vigente Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre de 2013, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), en diversos aspectos, entre los que se encuentra la supresión del criterio de “la demanda social”, recogido en el artículo 109.2 de la LOMCE, en la programación de los puestos escolares ofertados. Ello supone que, en la actualidad, a mayor demanda por parte de las familias, se abre la posibilidad de abrir un mayor número de líneas de educación concertadas, favoreciendo que se respete el deseo y derecho de las familias a poder elegir la educación que quieren para sus hijos; una posibilidad que se está planteando cercenar el actual Gobierno de Pedro Sánchez.
La desaparición de la demanda social como elemento regulador de la facultad programadora de la Administración supone un ataque frontal a la libertad de enseñanza (artículo 27.1 de la Constitución Española), a la libertad de creación de centro (artículo 217.6 de la Constitución Española) y a la libertad de elección del tipo o modelo de educación y formación de los hijos de acuerdo con las convicciones de sus padres (artículo 27.3 de la Constitución Española)".
PETICIONES AL AYUNTAMIENTO PLENO GRUPO POPULAR
En estas declaraciones de Beltrán Pérez a los medios de comunicación se fijan las peticiones que el Grupo del PP en el Consistorio ha elevado al Ayuntamiento Pleno de Sevilla.
En estas propuestas se dice lo siguiente:
La libertad de enseñanza permite que los ciudadanos puedan elegir el tipo o modelo de educación que quieren para sus hijos; y su financiación con fondos públicos permite que esa elección sea real y para todos los ciudadanos, y no venga previamente determinada por condicionantes económicos.
El anuncio de la Ministra de Educación del Gobierno socialista ha causado una gran preocupación entre los padres y madres cuyos hijos cursan estudios en centros concertados – también llamados “de iniciativa social” -, así como entre los profesores y representantes de dichos centros, que entienden que el Gobierno pretende hacer una planificación de los puestos escolares de manera unilateral y en contra de los principios de la libertad de enseñanza.
De hecho, se han constituido plataformas integradas por Asociaciones de Madres y Padres de alumnos, sindicatos y patronales, que solicitan iniciar conversaciones con el Gobierno de España y que se convoque la Mesa de la Enseñanza Concertada. También pretenden emprender una campaña de concienciación sobre las consecuencias de las medidas propuestas por el Gobierno. A día de hoy, la Junta de Andalucía sería incapaz de dar cobertura a todos esos servicios si no fuera a través de los conciertos. Desmantelar la educación concertada es sencillamente destrozar el sistema educativo en Andalucía.
Para el Partido Popular, son los padres y madres los que deben tener la libertad de elegir el tipo de colegio al que quieren que vayan sus hijos.
Los colegios de iniciativa social constituyen un pilar fundamental en el conjunto del sistema educativo de nuestra Ciudad, que pivota, principalmente, sobre dos ejes, la enseñanza pública y la concertada, teniendo la educación concertada un papel fundamental, con mucha relevancia cuantitativa, ya que es elegida como opción de enseñanza por un porcentaje muy destacado de familias sevillanas, desde hace décadas. La enseñanza concertada se distribuye a lo largo y ancho de toda nuestra Ciudad, desde las áreas más periféricas y con una mayor problemática social, hasta las zonas más céntricas y de nivel socioeconómico medio.
El anuncio de la Ministra de Educación del Gobierno socialista ha causado una gran preocupación entre los padres y madres cuyos hijos cursan estudios en centros concertados – también llamados “de iniciativa social” -, así como entre los profesores y representantes de dichos centros, que entienden que el Gobierno pretende hacer una planificación de los puestos escolares de manera unilateral y en contra de los principios de la libertad de enseñanza.
De hecho, se han constituido plataformas integradas por Asociaciones de Madres y Padres de alumnos, sindicatos y patronales, que solicitan iniciar conversaciones con el Gobierno de España y que se convoque la Mesa de la Enseñanza Concertada. También pretenden emprender una campaña de concienciación sobre las consecuencias de las medidas propuestas por el Gobierno. A día de hoy, la Junta de Andalucía sería incapaz de dar cobertura a todos esos servicios si no fuera a través de los conciertos. Desmantelar la educación concertada es sencillamente destrozar el sistema educativo en Andalucía.
Para el Partido Popular, son los padres y madres los que deben tener la libertad de elegir el tipo de colegio al que quieren que vayan sus hijos.
Los colegios de iniciativa social constituyen un pilar fundamental en el conjunto del sistema educativo de nuestra Ciudad, que pivota, principalmente, sobre dos ejes, la enseñanza pública y la concertada, teniendo la educación concertada un papel fundamental, con mucha relevancia cuantitativa, ya que es elegida como opción de enseñanza por un porcentaje muy destacado de familias sevillanas, desde hace décadas. La enseñanza concertada se distribuye a lo largo y ancho de toda nuestra Ciudad, desde las áreas más periféricas y con una mayor problemática social, hasta las zonas más céntricas y de nivel socioeconómico medio.
Hay que tener en cuenta la existencia de centros de iniciativa social, ubicados en zonas necesitadas de especial actuación - como es, por ejemplo, el Barrio de Los Pajaritos -, que vienen siendo elegidos mayoritariamente por las familias de su entorno y que desarrollan una magnífica labor social y educativa plenamente reconocida. Igualmente, existen distritos en los que la enseñanza es atendida en su mayor porcentaje por colegios concertados, de manera que las decisiones políticas que se adoptasen en su perjuicio afectarían gravemente al sistema educativo en su conjunto en amplias áreas de nuestra Ciudad.
El ideario de los colegios de iniciativa social, además, es muy diverso, pues junto a centros educativos ligados a instituciones de inspiración religiosa, existen otros muchos sin dicha vinculación, con una clara inspiración laica.
Por ello, el Gobierno de España no debe limitar la posibilidad de apertura de nuevas líneas en los colegios concertados, sin tener en cuenta criterios objetivos de escolarización, resultados y necesidades educativas de los distintos barrios, donde, en muchos casos, se encuentran los alumnos con mayores dificultades y con mayor porcentaje de fracaso escolar.
El reciente informe PISA, que arroja datos demoledores para Andalucía, deja a nuestra Comunidad en el vagón de cola en cuanto al nivel educativo, en comparación con el resto de comunidades.
Por eso, la bajada de natalidad no debe afrontarse mediante el cierre o la negación de apertura de unidades con demanda, sino que debe verse como una oportunidad para reducir la ratio en los centros públicos y en los concertados, para mejorar la calidad, así como para atender mejor a la diversidad del alumnado de ambos centros educativos.
El éxito de la educación no se consigue con la destrucción paulatina de las unidades concertadas, sino impulsando medidas que favorezcan la educación pública y concertada que son complementarias y llevan más de treinta años conviviendo sin problema.
Pero, como señalábamos anteriormente, el otro pilar fundamental del sistema educativo en nuestra Ciudad lo constituye la enseñanza pública y, en este sentido, el Grupo Popular también ha destacado la necesidad de mejorar las condiciones de los centros educativos públicos para garantizar el derecho de todos los ciudadanos a acceder a una escuela pública de calidad.
En este sentido, en el Presupuesto Alternativo para 2018, presentado por el Grupo Popular, señalamos como es de sobra conocido el grave problema de calor que sufren los colegios de nuestra Ciudad en verano, debido a las altas temperaturas que padecemos y a la falta de adecuación de los centros escolares para combatirlas. Nos referimos a decenas de miles de niños y muchísimos trabajadores que desempeñan sus funciones en un ambiente muy complicado.
A este respecto, afirmamos, en el mismo Presupuesto Alternativo, que es fundamental climatizar los 113 colegios de los 11 distritos de Sevilla, para lo cual propusimos un Plan de Climatización para llevar a cabo en seis años, comenzando por los colegios más antiguos y que, por sus circunstancias particulares así lo requieren.
Además, a pesar de las inversiones realizadas en obras en los colegios públicos, la realidad es que muchos de estos centros tienen graves carencias de tipo constructivo o de falta de instalaciones. Estas circunstancias han hecho que sean numerosas las deficiencias que presentan en sus calidades mínimas los colegios públicos de cara a la función que deben desempeñar.La Ciudad de Sevilla se merece tener unos colegios públicos bien preparados y acondicionados. No es lógico que haya colegios en los que aún no se haya invertido ni un euro en obras, otros en los que las obras no hayan comenzado aún, ni es normal que no se tenga en cuenta las quejas de las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos y de la Comunidad Educativa.
Por todo lo expuesto, el Grupo de Concejales del Partido Popular propone al Excelentísimo Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes
ACUERDOS
PRIMERO.- Que se elabore y se lleve a cabo, a la mayor brevedad posible, un Plan de Climatización de los centros educativos públicos de la Ciudad de Sevilla, con una planificación temporal de actuaciones concretas y con el detalle de las inversiones en climatización, aislamiento térmico e instalaciones eléctricas a llevar a cabo en cada centro.
SEGUNDO.- Que se elabore y se lleve a cabo, a la mayor brevedad posible, un Plan de Actuaciones de mejora de las instalaciones de los centros educativos públicos de la Ciudad de Sevilla, realizado mediante un procedimiento en el que se incluya a todos los distritos y se consensue con las asociaciones de madres y padres de alumnos, el profesorado, la dirección de los centros y las comunidades educativas.
TERCERO.- Instar al Gobierno de España a reconsiderar sus intenciones de modificar el artículo 109.2 de la vigente Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre de 2013, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), y se siga manteniendo el concepto de la demanda social como criterio general de programación de la oferta educativa por parte de las Administraciones educativas, de manera que se garantice el mantenimiento y apertura de nuevas líneas de educación concertada en los centros escolares con suficiente
demanda.
CUARTO.- Que, por parte del Alcalde de Sevilla, se convoque a los representantes de los Centros educativos de iniciativa social de nuestra Ciudad para conocer de primera mano la problemática que se les plantea ante el anuncio de reforma de la LOMCE realizado por el Gobierno de España y pueda trasladar sus inquietudes a las autoridades educativas.
QUINTO.- Instar al Gobierno de España a convocar la Mesa de la Enseñanza Concertada, para consensuar en el seno de la misma con los colectivos implicados, las medidas relativas a la planificación y escolarización del alumnado en los centros sostenidos con fondos públicos.
Por ello, el Gobierno de España no debe limitar la posibilidad de apertura de nuevas líneas en los colegios concertados, sin tener en cuenta criterios objetivos de escolarización, resultados y necesidades educativas de los distintos barrios, donde, en muchos casos, se encuentran los alumnos con mayores dificultades y con mayor porcentaje de fracaso escolar.
El reciente informe PISA, que arroja datos demoledores para Andalucía, deja a nuestra Comunidad en el vagón de cola en cuanto al nivel educativo, en comparación con el resto de comunidades.
Por eso, la bajada de natalidad no debe afrontarse mediante el cierre o la negación de apertura de unidades con demanda, sino que debe verse como una oportunidad para reducir la ratio en los centros públicos y en los concertados, para mejorar la calidad, así como para atender mejor a la diversidad del alumnado de ambos centros educativos.
El éxito de la educación no se consigue con la destrucción paulatina de las unidades concertadas, sino impulsando medidas que favorezcan la educación pública y concertada que son complementarias y llevan más de treinta años conviviendo sin problema.
Pero, como señalábamos anteriormente, el otro pilar fundamental del sistema educativo en nuestra Ciudad lo constituye la enseñanza pública y, en este sentido, el Grupo Popular también ha destacado la necesidad de mejorar las condiciones de los centros educativos públicos para garantizar el derecho de todos los ciudadanos a acceder a una escuela pública de calidad.
En este sentido, en el Presupuesto Alternativo para 2018, presentado por el Grupo Popular, señalamos como es de sobra conocido el grave problema de calor que sufren los colegios de nuestra Ciudad en verano, debido a las altas temperaturas que padecemos y a la falta de adecuación de los centros escolares para combatirlas. Nos referimos a decenas de miles de niños y muchísimos trabajadores que desempeñan sus funciones en un ambiente muy complicado.
A este respecto, afirmamos, en el mismo Presupuesto Alternativo, que es fundamental climatizar los 113 colegios de los 11 distritos de Sevilla, para lo cual propusimos un Plan de Climatización para llevar a cabo en seis años, comenzando por los colegios más antiguos y que, por sus circunstancias particulares así lo requieren.
Además, a pesar de las inversiones realizadas en obras en los colegios públicos, la realidad es que muchos de estos centros tienen graves carencias de tipo constructivo o de falta de instalaciones. Estas circunstancias han hecho que sean numerosas las deficiencias que presentan en sus calidades mínimas los colegios públicos de cara a la función que deben desempeñar.La Ciudad de Sevilla se merece tener unos colegios públicos bien preparados y acondicionados. No es lógico que haya colegios en los que aún no se haya invertido ni un euro en obras, otros en los que las obras no hayan comenzado aún, ni es normal que no se tenga en cuenta las quejas de las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos y de la Comunidad Educativa.
Por todo lo expuesto, el Grupo de Concejales del Partido Popular propone al Excelentísimo Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes
ACUERDOS
PRIMERO.- Que se elabore y se lleve a cabo, a la mayor brevedad posible, un Plan de Climatización de los centros educativos públicos de la Ciudad de Sevilla, con una planificación temporal de actuaciones concretas y con el detalle de las inversiones en climatización, aislamiento térmico e instalaciones eléctricas a llevar a cabo en cada centro.
SEGUNDO.- Que se elabore y se lleve a cabo, a la mayor brevedad posible, un Plan de Actuaciones de mejora de las instalaciones de los centros educativos públicos de la Ciudad de Sevilla, realizado mediante un procedimiento en el que se incluya a todos los distritos y se consensue con las asociaciones de madres y padres de alumnos, el profesorado, la dirección de los centros y las comunidades educativas.
TERCERO.- Instar al Gobierno de España a reconsiderar sus intenciones de modificar el artículo 109.2 de la vigente Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre de 2013, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), y se siga manteniendo el concepto de la demanda social como criterio general de programación de la oferta educativa por parte de las Administraciones educativas, de manera que se garantice el mantenimiento y apertura de nuevas líneas de educación concertada en los centros escolares con suficiente
demanda.
CUARTO.- Que, por parte del Alcalde de Sevilla, se convoque a los representantes de los Centros educativos de iniciativa social de nuestra Ciudad para conocer de primera mano la problemática que se les plantea ante el anuncio de reforma de la LOMCE realizado por el Gobierno de España y pueda trasladar sus inquietudes a las autoridades educativas.
QUINTO.- Instar al Gobierno de España a convocar la Mesa de la Enseñanza Concertada, para consensuar en el seno de la misma con los colectivos implicados, las medidas relativas a la planificación y escolarización del alumnado en los centros sostenidos con fondos públicos.
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