* Por tanto, depende de su voluntad política rebajar ese porcentaje y que no haya ni una sola vivienda turística más en Sevilla atendiendo, como dice el decreto andaluz, a la razón imperiosa de interés general.
* “Y esa razón imperiosa de interés general es el nivel desorbitado de pisos turísticos al que ha llegado la ciudad”.
*^Páez recuerda que el PSOE ya pidió al gobierno de Sanz que controlara y que se diera orden de cerrar los pisos turísticos que no respetaban la normativa urbanística de ubicarse en plantas primera o baja, cuestión que hoy ha atendido con un informe firmado minutos antes de comenzar la reunión.
O 23.305 viviendas turísticas más, que es la propuesta que sigue manteniendo el gobierno de José Luis Sanz, o cero viviendas turísticas más y, además, cerrar las que incumplan la normativa urbanística local, que es el planteamiento que ha puesto encima de la mesa el Grupo Municipal Socialista en la segunda reunión que se ha mantenido para abordar la limitación de los pisos turísticos en la ciudad de Sevilla. Después de que el equipo de gobierno municipal haya insistido hoy en que no es posible legalmente una prohibición o suspensión total de nuevos pisos turísticos, a pesar de que otras capitales andaluzas están buscando ya fórmulas jurídicas para hacerlo, el PSOE ha planteado una alternativa que implica, de facto, los mismos efectos que una suspensión total.
«Y aceptar esta alternativa, que consiste básicamente en reducir del 10 por ciento al 2,5 por ciento el porcentaje de viviendas turísticas sobre el volumen total de viviendas residenciales, es una cuestión de voluntad política. Es por el interés general de nuestra ciudad. Si quiere Sanz se hace y si no, Sevilla será campo abonado para otros 23.305 pisos turísticos más», ha explicado el concejal socialista Francisco Javier Páez, miembro también del Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente.
Para justificar su negativa a acometer una suspensión total de los nuevos registros de viviendas turísticas y de licencias de obras o cambios de uso de viviendas residenciales a turísticas, el gobierno municipal ha esgrimido dos informes, ambos fechados minutos antes de iniciarse la reunión de hoy.
El primero es de la Dirección Técnica de Urbanismo, donde asevera, en dos páginas, que el Ayuntamiento no tiene potestad alguna para fijar una moratoria o prohibición alguna. Este mismo primer informe dice categóricamente que los municipios andaluces no tienen potestad alguna de intervención en la organización y funcionamiento del Registro de Turismo de Andalucía y, por tanto, “no puede ejercer ninguna función tramitadora en él”. Sin embargo, el PSOE no comparte esta rotunda afirmación pues la Junta de Andalucía no debería inscribir ninguna vivienda turística que contravenga la normativa urbanística municipal, que desde el año 2022 prohíbe –pero sin carácter retroactivo– la ubicación de los pisos turísticos en plantas de edificios que no sean planta baja o primera, a excepción de aquellos dedicados en su totalidad a viviendas turísticas.
No en vano, el propio gerente, en otro informe fechado también esta misma mañana, dice, con datos no actualizados –de febrero de 2024– que existen 715 viviendas con fines turísticos inscritas en el Registro de la Junta de Andalucía que no cumplen los requisitos urbanísticos aprobados en 2022 y, en consecuencia, deben descalificarse como tales e impedir que puedan operar en la ciudad de Sevilla, petición que habría sido trasladada hoy mismo a la Consejería de Turismo. En consecuencia, sí se puede actuar sobre el procedimiento de registro autonómico de los pisos turísticos o, al menos, supervisarlo y trasladar que se dé de baja a los que no cumplan la normativa urbanística local de 2022.
El PSOE precisamente reclamó ayer que se procediera a una amplia campaña de inspección, en especial en el Distrito Casco Antiguo y Triana, sobre todas las viviendas turísticas que se registraron e iniciaron su actividad con posterioridad a la entrada en vigor de la restricción urbanística aprobada en el mandato municipal anterior y que equiparaba las exigencias urbanísticas de los pisos turísticos a las que tienen hoteles y apartamentos turísticos. «Si ha habido algo positivo de la reunión de hoy, ha sido ese control sobre las normas urbanísticas que le habíamos exigido desde el PSOE», según ha abundado.
«Lo que no puede ser es que la Junta de Andalucía siga inscribiendo viviendas turísticas sin el menor rigor ni control y sin tener en cuenta las normas locales. La gestión de ese Registro autonómico es, por tanto, un cajón desastre donde cualquiera puede registrar lo que le dé la gana. Se debe someter a una profunda criba y aquí sí puede intervenir el Ayuntamiento de Sevilla y, en consecuencia, sí puede actuar sobre el procedimiento de inscripción», ha argumentado Páez.
Pero ni uno ni otro informe de Urbanismo dice nada al respecto de las restricciones legales para rebajar del 10 por ciento al 2,5 por ciento el límite de viviendas de uso turístico con respecto al total de viviendas residenciales disponibles por barrio. El gobierno de José Luis Sanz propone el 10 por ciento basándose en el informe pedido por Emvisesa a una consultora externa, un porcentaje que abriría las puertas a 23.305 viviendas turísticas más en la ciudad. En cambio, el 2,5 por ciento es la propuesta trasladada por el Grupo Municipal Socialista, porcentaje que al aplicarse al barrio y, a la vez, al conjunto de la capital, supondría impedir que abriera ni una sola vivienda más y, además, que sobraran 995.
Estas sobrantes podrían ser cerradas aplicando las normas urbanísticas aprobadas en 2022 por el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla –si a febrero de 2024 Urbanismo ha calculado que eran 715, a junio de 2024 esa cifra se habría incrementado teniendo en cuenta el efecto llamada que ha habido desde principios de febrero, cuando se aprobó el decreto autonómico, hasta junio–. Por tanto, se reduciría el número actual de pisos turísticos en la ciudad y, como objetivo colateral, reducir la presión sobre los precios de los alquileres de las viviendas residenciales y los problemas de convivencia en los edificios residenciales. El decreto andaluz esgrime que los ayuntamientos, “por razón imperiosa de interés general”, pueden limitar las viviendas turísticas. «Y esa razón imperiosa es el nivel desorbitado de pisos turísticos al que ha llegado la ciudad, donde no cabe ni una más», ha remarcado el concejal socialista.
Francisco Javier Páez ha emplazado a Sanz a abordar el problema de la proliferación de los pisos turísticos con rotundidad. «El que su delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, hable de mercadeo de porcentajes es lamentable. Sólo desde intereses ocultos, como el de proteger los intereses de las grandes plataformas y grandes propietarios de pisos turísticos, se puede hablar de esta forma al referirse a una propuesta del PSOE que es seria. O las 23.305 viviendas turísticas más de Sanz o cero. No hay otro debate para un problema que comienza a tener una creciente contestación social y hay que atajarlo por el interés general de la ciudad», ha concluido.
*^Páez recuerda que el PSOE ya pidió al gobierno de Sanz que controlara y que se diera orden de cerrar los pisos turísticos que no respetaban la normativa urbanística de ubicarse en plantas primera o baja, cuestión que hoy ha atendido con un informe firmado minutos antes de comenzar la reunión.
O 23.305 viviendas turísticas más, que es la propuesta que sigue manteniendo el gobierno de José Luis Sanz, o cero viviendas turísticas más y, además, cerrar las que incumplan la normativa urbanística local, que es el planteamiento que ha puesto encima de la mesa el Grupo Municipal Socialista en la segunda reunión que se ha mantenido para abordar la limitación de los pisos turísticos en la ciudad de Sevilla. Después de que el equipo de gobierno municipal haya insistido hoy en que no es posible legalmente una prohibición o suspensión total de nuevos pisos turísticos, a pesar de que otras capitales andaluzas están buscando ya fórmulas jurídicas para hacerlo, el PSOE ha planteado una alternativa que implica, de facto, los mismos efectos que una suspensión total.
«Y aceptar esta alternativa, que consiste básicamente en reducir del 10 por ciento al 2,5 por ciento el porcentaje de viviendas turísticas sobre el volumen total de viviendas residenciales, es una cuestión de voluntad política. Es por el interés general de nuestra ciudad. Si quiere Sanz se hace y si no, Sevilla será campo abonado para otros 23.305 pisos turísticos más», ha explicado el concejal socialista Francisco Javier Páez, miembro también del Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente.
Para justificar su negativa a acometer una suspensión total de los nuevos registros de viviendas turísticas y de licencias de obras o cambios de uso de viviendas residenciales a turísticas, el gobierno municipal ha esgrimido dos informes, ambos fechados minutos antes de iniciarse la reunión de hoy.
El primero es de la Dirección Técnica de Urbanismo, donde asevera, en dos páginas, que el Ayuntamiento no tiene potestad alguna para fijar una moratoria o prohibición alguna. Este mismo primer informe dice categóricamente que los municipios andaluces no tienen potestad alguna de intervención en la organización y funcionamiento del Registro de Turismo de Andalucía y, por tanto, “no puede ejercer ninguna función tramitadora en él”. Sin embargo, el PSOE no comparte esta rotunda afirmación pues la Junta de Andalucía no debería inscribir ninguna vivienda turística que contravenga la normativa urbanística municipal, que desde el año 2022 prohíbe –pero sin carácter retroactivo– la ubicación de los pisos turísticos en plantas de edificios que no sean planta baja o primera, a excepción de aquellos dedicados en su totalidad a viviendas turísticas.
No en vano, el propio gerente, en otro informe fechado también esta misma mañana, dice, con datos no actualizados –de febrero de 2024– que existen 715 viviendas con fines turísticos inscritas en el Registro de la Junta de Andalucía que no cumplen los requisitos urbanísticos aprobados en 2022 y, en consecuencia, deben descalificarse como tales e impedir que puedan operar en la ciudad de Sevilla, petición que habría sido trasladada hoy mismo a la Consejería de Turismo. En consecuencia, sí se puede actuar sobre el procedimiento de registro autonómico de los pisos turísticos o, al menos, supervisarlo y trasladar que se dé de baja a los que no cumplan la normativa urbanística local de 2022.
El PSOE precisamente reclamó ayer que se procediera a una amplia campaña de inspección, en especial en el Distrito Casco Antiguo y Triana, sobre todas las viviendas turísticas que se registraron e iniciaron su actividad con posterioridad a la entrada en vigor de la restricción urbanística aprobada en el mandato municipal anterior y que equiparaba las exigencias urbanísticas de los pisos turísticos a las que tienen hoteles y apartamentos turísticos. «Si ha habido algo positivo de la reunión de hoy, ha sido ese control sobre las normas urbanísticas que le habíamos exigido desde el PSOE», según ha abundado.
«Lo que no puede ser es que la Junta de Andalucía siga inscribiendo viviendas turísticas sin el menor rigor ni control y sin tener en cuenta las normas locales. La gestión de ese Registro autonómico es, por tanto, un cajón desastre donde cualquiera puede registrar lo que le dé la gana. Se debe someter a una profunda criba y aquí sí puede intervenir el Ayuntamiento de Sevilla y, en consecuencia, sí puede actuar sobre el procedimiento de inscripción», ha argumentado Páez.
Pero ni uno ni otro informe de Urbanismo dice nada al respecto de las restricciones legales para rebajar del 10 por ciento al 2,5 por ciento el límite de viviendas de uso turístico con respecto al total de viviendas residenciales disponibles por barrio. El gobierno de José Luis Sanz propone el 10 por ciento basándose en el informe pedido por Emvisesa a una consultora externa, un porcentaje que abriría las puertas a 23.305 viviendas turísticas más en la ciudad. En cambio, el 2,5 por ciento es la propuesta trasladada por el Grupo Municipal Socialista, porcentaje que al aplicarse al barrio y, a la vez, al conjunto de la capital, supondría impedir que abriera ni una sola vivienda más y, además, que sobraran 995.
Estas sobrantes podrían ser cerradas aplicando las normas urbanísticas aprobadas en 2022 por el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla –si a febrero de 2024 Urbanismo ha calculado que eran 715, a junio de 2024 esa cifra se habría incrementado teniendo en cuenta el efecto llamada que ha habido desde principios de febrero, cuando se aprobó el decreto autonómico, hasta junio–. Por tanto, se reduciría el número actual de pisos turísticos en la ciudad y, como objetivo colateral, reducir la presión sobre los precios de los alquileres de las viviendas residenciales y los problemas de convivencia en los edificios residenciales. El decreto andaluz esgrime que los ayuntamientos, “por razón imperiosa de interés general”, pueden limitar las viviendas turísticas. «Y esa razón imperiosa es el nivel desorbitado de pisos turísticos al que ha llegado la ciudad, donde no cabe ni una más», ha remarcado el concejal socialista.
Francisco Javier Páez ha emplazado a Sanz a abordar el problema de la proliferación de los pisos turísticos con rotundidad. «El que su delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, hable de mercadeo de porcentajes es lamentable. Sólo desde intereses ocultos, como el de proteger los intereses de las grandes plataformas y grandes propietarios de pisos turísticos, se puede hablar de esta forma al referirse a una propuesta del PSOE que es seria. O las 23.305 viviendas turísticas más de Sanz o cero. No hay otro debate para un problema que comienza a tener una creciente contestación social y hay que atajarlo por el interés general de la ciudad», ha concluido.
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