La APS y la FAPE demandan criterios profesionales en el reparto de la publicidad institucional

* Piden al Ayuntamiento de Sevilla que retire la campaña de TUSSAM por no ajustarse a las audiencias objetivas de los medios para la distribución de la publicidad y por incluir en el reparto a empresas condenadas por mentir

La Asociación de la Prensa de Sevilla (APS) y la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) piden al Ayuntamiento de Sevilla y a la empresa municipal TUSSAM que retire y modifique la adjudicación de la contratación de los “Servicios de difusión de las campañas publicitarias de TUSSAM durante el periodo comprendido entre final de 2023 e inicio de 2024” a distintos medios y grupos de comunicación por considerar que esta campaña, que supone la distribución de más de 320.000 euros de dinero público (IVA incluido), no se ajusta al principio de audiencia que determina la jurisprudencia de los tribunales de Justicia en esta materia, e incumple principios éticos de la profesión acordados por las asociaciones de la Prensa de España.
En la última asamblea general celebrada por la FAPE, en abril de este año, los representantes de los periodistas de toda España, y a propuesta de la APS, aprobaron, por unanimidad, dos resoluciones sobre la publicidad institucional. La primera es “Exigir a las Administraciones públicas locales, provinciales, autonómicas y nacionales que, para el reparto de la publicidad institucional, se atenga a la jurisprudencia, tanto del Tribunal Supremo como de los Tribunales Superiores de Justicia, que establece que el criterio básico de comparación entre las empresas que operan en cada uno de los diversos medios de comunicación (prensa, televisión, radio e internet) es la audiencia medida de forma objetiva por las empresas especializadas en medición de audiencias, ponderada con las tarifas ofertadas”. La segunda resolución “insta a las administraciones públicas locales, provinciales, autonómicas y nacionales a que no contemplen en el reparto de estas ayudas públicas a aquellas empresas periodísticas que estén condenadas por sentencia judicial, o algunos de sus trabajadores, por difusión de mentiras, bulos, o por promover informaciones falsas”.
En la adjudicación y distribución de esta campaña de publicidad por parte de la empresa municipal de Transportes de Sevilla (TUSSAM) se incumplen claramente estas dos resoluciones. El reparto económico no se ajusta al criterio de audiencia de los medios de comunicación establecidos por los propios tribunales de Justicia, y que defiende la FAPE, y se concede dinero público a empresas y medios de comunicación que han sido condenadas por sentencia judicial, o algunos de sus periodistas, por publicar y difundir mentiras e informaciones falsas.
La APS y la FAPE, además de esta petición concreta al Ayuntamiento de Sevilla y a la empresa municipal TUSSAM, reitera su llamamiento a todas las administraciones públicas para que el reparto de las campañas de publicidad institucional responda siempre a principios de transparencia, de audiencia contrastada y de ética de la profesión periodística, y no a intereses de otro tipo bien distinto. (Foto: AYTO-S).