«Traemos esta moción desde una perspectiva constructiva para que, a la vez que se refuerza la seguridad frente a posibles ciberataques, también se establezcan los protocolos administrativos necesarios para que no se paralice la administración local por falta de gestión, como ha ocurrido en este caso, que se ha tratado tan sólo como un problema informático y ha faltado gestión por parte del gobierno del señor Sanz», ha dicho el concejal socialista Juan Tomás de Aragón.
Esta moción se justifica tras el ciberataque sufrido el pasado 5 de septiembre por el Ayuntamiento de Sevilla, sobre el que el PSOE reconoce «la rápida actuación y el gran esfuerzo» de sus servicios técnicos que impidieron el acceso a datos personales por parte de los piratas informáticos, aunque el restablecimiento total de los servicios municipales tardará aún.
No obstante, más allá de la adopción de medidas de seguridad informática, «el ataque ha puesto de manifiesto una capacidad muy limitada de los servicios municipales para afrontar esta crisis. Además, la adopción de medidas no ha sido homogénea en cada servicio, lo que ha supuesto, cuanto menos, un gran desconcierto tanto interno como de cara a la ciudadanía en la respuesta a este ciber-incidente. Por tanto, la reacción no debe producirse únicamente en el ITAS, sino que debe ser una respuesta de toda la Administración local», ha considerado De Aragón, quien ha reseñado que la moción reconoce el gran trabajo realizado por los trabajadores y trabajadoras públicos y de los expertos durante el ciberataque.
El PSOE recuerda que existe un marco legal por el cual se pueden adoptar resoluciones inmediatas ante situaciones de crisis como la sufrida por parte del Ayuntamiento. En concreto, el Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, donde se adoptan medidas urgentes en el marco del plan nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, introdujo una modificación en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, permitiendo la ampliación general de plazos de los procedimientos administrativos cuando, como consecuencia de un ciber-incidente, se vean gravemente afectados servicios y sistemas utilizados para la tramitación de los procedimientos y el ejercicio de los derechos de los interesados que prevé la normativa vigente.
«Sin embargo, desde el 5 de septiembre no se ha dictado ni una sola resolución de suspensión ni de aplazamiento, más allá de algunos carteles colgados en algunas dependencias municipales. El hecho de que se anuncie que se dictarán resoluciones o se aprobarán acuerdos otorgando nuevos plazos no evita el limbo administrativo en el que se encuentran aquellas personas, empresas o autónomos que quieren cumplir en tiempo sus obligaciones o ejercer sus derechos y no pueden. Sólo se encuentran un cartel en una ventanilla por el que se comunica al administrado o contribuyente que no pueden ser atendidos», ha relatado Juan Tomás de Aragón.
Aunque desde el Grupo Municipal Socialista entienden que la prioridad de los primeros momentos era atajar el ataque informático, no es menos cierto que, tras organizarse los servicios técnicos especializados, se tendría que haber orquestado a la par un plan de continuidad con los procedimientos para garantizar el cumplimiento de deberes y ejercer derechos básicos.
«Las empleadas y empleados públicos no han recibido una información precisa sobre su manera de actuar, ni los diferentes órganos municipales han recibido ninguna instrucción sobre un procedimiento de firma, alternativo al habitual, o sobre cómo tramitar expedientes que no pueden demorarse. Tampoco se ha establecido un procedimiento para armonizar a posteriori las resoluciones dictadas o los acuerdos adoptados para que no existan vacíos en la información de los archivos digitales. No se ha puesto en marcha una estrategia de comunicación integral con el personal municipal y con la ciudadanía en la que quedase claro el procedimiento de actuación. Dentro de la organización municipal hacían falta instrucciones, circulares y decisiones para abordar cómo afrontar la gestión diaria, y sobre todo, garantizar la seguridad jurídica tanto del propio Ayuntamiento como de las y los ciudadanos», reseña la moción socialista.
«En el ánimo de contribuir a reforzar los servicios municipales y la atención a la ciudadanía ante otro posible ciberataque, y teniendo en cuenta el crecimiento de la ciberdelincuencia, de la que nadie ni ninguna administración pública o empresa está libre, proponemos, pues, elaborar un protocolo para la actuación de la plantilla municipal y procedimientos administrativos alternativos a los habituales, para garantizar la prestación del servicio público», ha abundado Juan Tomás de Aragón.
Junto con la petición de ese grupo de trabajo, la moción socialista plantea también que se eleve a la próxima sesión ordinaria de Pleno que se celebre, la aprobación del Plan Sevilla + Digital, cuya elaboración concluyó durante primavera pasada tras una amplia participación de empresas y quedó a expensas de aprobación plenaria, y que se inicien los trámites para la transformación de la organización del Instituto Tecnológico del Ayuntamiento de Sevilla en un Organismo Autónomo que preste servicios al propio Ayuntamiento, a los Organismos Autónomos municipales, al ICAS y a las empresas controladas por el Ayuntamiento de Sevilla.
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