Un jurado popular enjuiciará a partir del próximo día 27 de septiembre en la Audiencia Provincial de Sevilla a un hombre acusado de asesinar a otro varón en el mes de febrero de 2022 en una zona de chabolas de la localidad de Camas, mientras que también será juzgada la pareja del investigado por un presunto delito de omisión del deber de socorro, ha informado Comunicación Poder Judicial.
De este modo, está previsto que el juicio comience el día 27 de septiembre con la constitución del jurado, tras lo que se retomará el día 2 de octubre con la presentación de las alegaciones previas por las partes personadas en este procedimiento, la declaración de los dos acusados y de varios testigos, mientras que el día 3 comparecerán nuevos testigos y el día 4 lo harán los peritos.
En su escrito de conclusiones provisionales, la Fiscalía reclama para el acusado 18 años de cárcel por un delito de asesinato y tres años de prisión por un delito continuado de hurto, así como que, en concepto de responsabilidad civil, indemnice a los herederos legales de la víctima en la cuantía de 25.000 euros por el fallecimiento y en 2.750 euros por los efectos sustraídos. Asimismo, pide para la acusada, pareja del investigado, la pena de multa de 2.100 euros por un delito de omisión del deber de socorro con la atenuante de alteración psíquica.
El Ministerio Público relata que los hechos se produjeron sobre las 00,00 horas del día 18 de febrero de 2022 en la zona de chabolas donde vivían todos ellos, cuando el varón acusado, “con ánimo de matar o aceptando expresamente el resultado que se iba a producir, procedió a agredir con una barra de hierro a su vecino de chabola”, golpeándole “de forma sorpresiva, súbita e inesperada con ella en el costado, el abdomen y la cabeza”.
Varias puñaladas
Seguidamente, el investigado continuó la agresión y propinó a la víctima “patadas, mordiscos y varias puñaladas”, causándole distintas lesiones, según indica la Fiscalía, que añade que, “para asegurarse el resultado y evitar que el herido pidiera ayuda, se apoderó de su teléfono móvil y pinchó las ruedas de su bicicleta”. Asimismo, el acusado se apoderó también de la tablet (tasada en 505 euros), el teléfono (515 euros) y la tarjeta de crédito del fallecido, realizando con ella entre los días 21 y 22 de febrero varias extracciones del cajero por un importe total de 1.700 euros.
El Ministerio Público manifiesta que la víctima “estuvo agonizando” sin recibir ayuda médica hasta que falleció sobre las 21,00 horas del día 22 de febrero de 2022 a causa de las lesiones sufridas, las cuales “eran susceptibles de tratamiento médico o quirúrgico, pudiendo haber evolucionado hacia la curación de haberla recibido”.
De su lado, la acusada, pareja del investigado, “estuvo presente en la agresión cometida por éste, no pudiendo impedirla”, no obstante lo cual, “pese a ser consciente de la gravedad de las lesiones que presentaba la víctima, del estado de desamparo en que se encontraba y pudiendo hacerlo sin riesgo propio ni de terceros, en ningún momento le auxilió ni solicitó asistencia médica alguna (lo que hubiera evitado su muerte)”.
Según la Fiscalía, --informa finalmente Comunicación Poder Judicial-- la acusada presenta un trastorno límite de personalidad, siendo compatible que, en relación con los hechos acaecidos, sus capacidades cognitivas estuvieran ligeramente afectadas y moderadamente alteradas las capacidades volitivas, mientras que el acusado no tenía mermadas sus capacidades y, en el momento de los hechos, tenía su capacidad intelectiva y volitiva preservada. (Foto: Archivo GN).
En su escrito de conclusiones provisionales, la Fiscalía reclama para el acusado 18 años de cárcel por un delito de asesinato y tres años de prisión por un delito continuado de hurto, así como que, en concepto de responsabilidad civil, indemnice a los herederos legales de la víctima en la cuantía de 25.000 euros por el fallecimiento y en 2.750 euros por los efectos sustraídos. Asimismo, pide para la acusada, pareja del investigado, la pena de multa de 2.100 euros por un delito de omisión del deber de socorro con la atenuante de alteración psíquica.
El Ministerio Público relata que los hechos se produjeron sobre las 00,00 horas del día 18 de febrero de 2022 en la zona de chabolas donde vivían todos ellos, cuando el varón acusado, “con ánimo de matar o aceptando expresamente el resultado que se iba a producir, procedió a agredir con una barra de hierro a su vecino de chabola”, golpeándole “de forma sorpresiva, súbita e inesperada con ella en el costado, el abdomen y la cabeza”.
Varias puñaladas
Seguidamente, el investigado continuó la agresión y propinó a la víctima “patadas, mordiscos y varias puñaladas”, causándole distintas lesiones, según indica la Fiscalía, que añade que, “para asegurarse el resultado y evitar que el herido pidiera ayuda, se apoderó de su teléfono móvil y pinchó las ruedas de su bicicleta”. Asimismo, el acusado se apoderó también de la tablet (tasada en 505 euros), el teléfono (515 euros) y la tarjeta de crédito del fallecido, realizando con ella entre los días 21 y 22 de febrero varias extracciones del cajero por un importe total de 1.700 euros.
El Ministerio Público manifiesta que la víctima “estuvo agonizando” sin recibir ayuda médica hasta que falleció sobre las 21,00 horas del día 22 de febrero de 2022 a causa de las lesiones sufridas, las cuales “eran susceptibles de tratamiento médico o quirúrgico, pudiendo haber evolucionado hacia la curación de haberla recibido”.
De su lado, la acusada, pareja del investigado, “estuvo presente en la agresión cometida por éste, no pudiendo impedirla”, no obstante lo cual, “pese a ser consciente de la gravedad de las lesiones que presentaba la víctima, del estado de desamparo en que se encontraba y pudiendo hacerlo sin riesgo propio ni de terceros, en ningún momento le auxilió ni solicitó asistencia médica alguna (lo que hubiera evitado su muerte)”.
Según la Fiscalía, --informa finalmente Comunicación Poder Judicial-- la acusada presenta un trastorno límite de personalidad, siendo compatible que, en relación con los hechos acaecidos, sus capacidades cognitivas estuvieran ligeramente afectadas y moderadamente alteradas las capacidades volitivas, mientras que el acusado no tenía mermadas sus capacidades y, en el momento de los hechos, tenía su capacidad intelectiva y volitiva preservada. (Foto: Archivo GN).
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