* Solicitan equiparar sus salarios al de los jueces en un 85%.
* El comité de huelga no ha respondido a la última propuesta del Ministerio, que plantea subidas de hasta 5.000 €/año para más de 700 LAJs.
Concluye sin respuesta por parte del comité de huelga la cuarta reunión de negociación con el Ministerio de Justicia, encabezada por el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Manuel Olmedo.
Ninguna de las propuestas planteadas por el comité de huelga alude a mejoras en el Servicio Público de Justicia, centrándose exclusivamente en reclamaciones retributivas. En este sentido, el Ministerio de Justicia les ha ofrecido subidas salariales para un total de 1.906 letrados de la Administración de Justicia pertenecientes a los grupos III, IV y V, con aumentos que, en más de 700 casos, alcanzan los 5.000 €/año. Esta propuesta ha sido rechazada reiteradamente por el comité negociador.
Frente a esto, y tras cuatro reuniones, los letrados de la Administración de Justicia, cuyos salarios actualmente oscilan entre los 40.000 y los 60.000 euros, no han modificado su postura ni realizado cesión alguna, persistiendo en su objetivo de solicitar cobrar el 85% de lo que perciben los jueces, cuestión conocida como cláusula de enganche.
Cabe recordar que ya se ha aprobado una subida retributiva para el colectivo superior al 14,5% en tres ejercicios, con carácter retroactivo y que ya están percibiendo en sus nóminas.
Si se atendieran las reclamaciones de los letrados, supondría un incremento lineal en las nóminas de todos ellos de 1.100 euros al mes, unos 14.000 euros al año. El montante total ascendería a casi 61,5 millones de euros, más de lo que se destina al Servicio de Justicia gratuita de nuestro país.
“Se trata de un aumento inasumible, no solo para el erario público, sino para el conjunto de la sociedad”, ha destacado Olmedo, señalando que el comité no ha barajado en ningún momento cesar la huelga como gesto de voluntad negociadora. El secretario general de Justicia ha hecho un llamamiento para evitar mayores perjuicios a la ciudadanía y anteponer sus intereses “a los meramente económicos mostrados hasta el momento por los huelguistas”.
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