El pago anticipado de lros gavámenes de la banca y las energéticas alcanza casi 1.500 millones de euros, en línea con las previsiones

* La puesta en marcha de los nuevos gravámenes y el impuesto a las grandes fortunas es coherente con un sistema fiscal más justo y progresivo, algo que defiende este Gobierno

* Este primer pago, cuyo plazo de presentación acabó ayer, supone la mitad del importe anual

El pago anticipado de los nuevos gravámenes de carácter temporal destinados a las empresas energéticas y a las entidades de crédito ha alcanzado casi los 1.500 millones de euros, una cifra que se encuentra en línea con las estimaciones efectuadas por el Gobierno.
El pasado lunes ha concluido el plazo para presentar el primer pago de estas figuras que, en concreto, han recaudado 1.455 millones de euros. De esta cifra, 817,4 millones corresponden al gravamen de las energéticas y los 637,1 millones restantes al de la banca. Por tanto, se han obtenido cantidades en línea con las estimaciones del Gobierno, que prevé recaudar 3.000 millones de euros anuales, de los que ahora se ha anticipado el pago del 50%.
Este dato se ha hecho público en el contexto de un informe sobre estos nuevos gravámenes, así como del nuevo impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas, que el Ministerio de Hacienda y Función Pública ha presentado en el Consejo de Ministros, después de que ayer concluyera el plazo para presentar el pago anticipado de estas figuras.
Con la puesta en marcha de los gravámenes y el impuesto se pretende lograr un reparto justo de la carga de la crisis económica. Así, estas nuevas figuras han comenzado a aplicarse en coherencia con la política del Gobierno, basada en la progresividad y la lucha contra la desigualdad, y contribuyen a lograr un reparto justo de la carga de la crisis económica.
Los gravámenes siguen las recomendaciones de organismos internacionales, que solicitan un mayor esfuerzo a aquellos que obtienen mayores beneficios en el marco de la inestabilidad económica provocada por la invasión rusa de Ucrania. El impuesto a las grandes fortunas, por su parte, refuerza la tributación de la riqueza, en línea con esta idea.
Unos y otro cumplen los mandatos y previsiones constitucionales, como el artículo 31 de la Constitución Española, que recoge un sistema tributario justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad, y donde se propugna que todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica.
De esta forma, la Ley 38/2022, donde se desarrollan estos gravámenes, se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado 28 de diciembre de 2022 y ahora ha concluido el plazo para presentar el anticipo de estos impuestos. El resto del pago se hará efectivo en septiembre.

Características de los gravámenes
Ambos gravámenes, el de la banca y el que grava a las energéticas, se configuran como una prestación patrimonial de naturaleza no tributaria, siguiendo las pautas establecidas por la doctrina del Tribunal Constitucional, como un instrumento para hacer efectivo el denominado principio del “reparto del esfuerzo”.
En el caso de las energéticas, afecta a los ‘operadores principales’, de acuerdo con la normativa reguladora de los mercados y la competencia, así como las personas o entidades que desarrollen en España actividades de producción de crudo de petróleo o gas natural, minería de carbón o refino de petróleo y que generen, en el año anterior al del nacimiento de la obligación de pago de la prestación, al menos el 75% de su volumen de negocios a partir de actividades económicas en el ámbito de la extracción, la minería, el refinado de petróleo o la fabricación de productos de coquería.
No obstante, están exentos del pago aquellos ‘operadores principales’ cuyo importe neto de la cifra de negocios correspondiente al año 2019 sea inferior a 1.000 millones de euros y aquellos cuyo importe neto de la cifra de negocios correspondiente, respectivamente, a los años 2017, 2018 y 2019 derivado de la actividad que hubiera determinado su consideración como operador principal de un sector energético no exceda del 50% del total de dicho importe cada año respectivo. La base imponible es el importe neto de la cifra de negocios anual, sobre la que se aplica un porcentaje del 1,2%.
En cuanto al gravamen a las entidades financieras, se ven afectadas entidades y establecimientos financieros de crédito cuyos ingresos por comisiones e intereses a los clientes superen los 800 millones de euros. En este caso, la base imponible es la suma del margen de intereses y de los ingresos y gastos por comisiones, y el porcentaje aplicable es del 4,8%.
En ambos casos, se paga en este ejercicio 2023, pero teniendo en cuenta los resultados obtenidos en 2022; y en 2024 sobre los datos de 2023.
En cuanto a Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas, es un tributo de carácter directo que grava el patrimonio neto de las personas físicas superior a los tres millones de euros.
Los recursos que se consigan con estas figuras servirán para financiar las medidas adoptadas para mitigar el impacto del alza de precios en la clase media y trabajadora y en los colectivos más vulnerables.

Medidas complementarias
Estas nuevas figuras son complementarias y se completan con una serie de medidas fiscales adoptadas por este Gobierno para beneficiar a la mayoría social de este país.
Es el caso de las rebajas en los impuestos vinculados a la electricidad, la bajada del IVA del gas o de los alimentos básicos, el establecimiento de una tributación mínima del 15% en Sociedades sobre la base imponible del impuesto a las grandes empresas, el impuesto a las Transacciones Financieras o el impuesto a los Servicios Digitales.

Modelo fiscal coherente
De esta forma, los nuevos gravámenes son coherentes con el mandato constitucional y además siguen las recomendaciones internacionales de organismos como la Comisión Europea o el Fondo Monetario Internacional, en cuanto a la necesidad de imponer contribuciones solidarias excepcionales a empresas con beneficios extraordinarios.
Así, ambas figuras se suman a un modelo fiscal coherente que se ha implementado durante toda la legislatura, que busca preservar y reforzar los servicios públicos esenciales, y evitar que las clases medias y trabajadoras carguen con todo el peso de la crisis, mediante una mayor aportación de los que más tienen. Como ha resaltado la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, “hay que avanzar hacia la justicia fiscal para poder alcanzar una mayor justicia social”.