El Ministerio de Hacienda y Función Pública cumple los principales objetivos de 2022 y aprueba los terceros Presupuestos consecutivos y medidas fiscales para combatir la inflación

* El departamento que dirige María Jesús Montero ha logrado aprobar las cuentas públicas de 2023 en tiempo y forma, lo que dota de estabilidad política y certidumbre económica al país 

* El ministerio ha centrado gran parte de sus esfuerzos en implementar medidas para combatir la elevada inflación y pedir un mayor esfuerzo a quienes más tienen con la aprobación de los gravámenes a la banca, energéticas y grandes fortunas 

* En materia de Función Pública, en este segundo semestre del año se ha firmado el acuerdo para la Administración del siglo XXI, que incluye la revalorización salarial de los empleados públicos, y se ha aprobado la Ley de Evaluación de las Políticas Públicas 

* Entre los objetivos para los próximos seis meses está la implementación de los nuevos gravámenes y el seguimiento de las medidas adoptadas para mitigar el impacto del alza de precios provocado por la invasión rusa de Ucrania 

El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha conseguido durante este año cumplir los principales objetivos correspondientes a este departamento fijados para este curso, lo que ha contribuido a aumentar el número de compromisos alcanzados por el Gobierno en la legislatura. Además, el ministerio dirigido por María Jesús Montero ha tenido que centrar gran parte de su esfuerzo en adoptar e implementar medidas para combatir la inflación derivada de la invasión rusa de Ucrania y mitigar el impacto que el alza de precios ha provocado en familias, pymes y autónomos. 

Así consta en la nueva edición de “Cumpliendo”, el informe de rendición de cuentas sobre la labor del Ejecutivo presentado el pasado martes por el presidente del Gobierno y que supone un ejercicio de transparencia y de evaluación de la acción gubernativa de carácter semestral. 

Presupuestos con récord de gasto social 

El principal hito logrado por el Ministerio de Hacienda y Función Pública durante este año ha sido la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2023. Se trata de las terceras cuentas públicas consecutivas que se aprueban en tiempo y forma en esta legislatura, algo que no ocurría desde la década pasada. Los Presupuestos no solo son fundamentales porque dotan de estabilidad política y certidumbre económica al país en un contexto internacional convulso, sino que son la principal herramienta para reforzar el Estado de Bienestar y garantizar unos servicios públicos de calidad que benefician a la mayoría social del país. 

De hecho, incluyen el mayor gasto social de la historia con 274.445 millones, con fondos europeos, y récord de financiación para las partidas destinadas a las becas, la dependencia, la sanidad o la lucha contra la violencia machista. También incluyen la revalorización de las pensiones conforme al IPC, lo que garantiza el poder adquisitivo de los pensionistas o un incremento de las políticas destinadas a la juventud con el bono alquiler joven o el bono cultural para quienes cumplan 18 años el próximo año. 

Asimismo, los Presupuestos son el vehículo clave para articular los fondos europeos, que en las cuentas de 2023 superan los 25.000 millones. Unos recursos comunitarios fundamentales para impulsar la eficiencia económica y la transformación del modelo productivo con una apuesta clara por la I+D+i y la inversión en cohesión social, territorial e igualdad. 

Medidas para combatir la inflación 

Por otra parte, el Ministerio de Hacienda y Función Pública, al igual que el resto del Gobierno, ha estado centrado durante todo el año en adoptar las medidas necesarias para mitigar el alza de precios provocado por la guerra en Ucrania. El objetivo principal en este ámbito ha sido combatir la inflación con medidas que beneficiaran a las clase media y trabajadora, como la mayor rebaja de impuestos de la energía de la historia, incluyendo la reducción del IVA del gas y la luz, o la gratuidad en el transporte de Cercanías, Media Distancia o Rodalies. 

También se han puesto en marcha medidas para proteger a la población vulnerable, como la ayuda de 200 euros para hogares con rentas inferiores a 14.000 euros y, recientemente, la aprobación de un nuevo paquete de ayudas que incluye una nueva línea de 200 euros para hogares con ingresos inferiores a 27.000 euros o la reducción del IVA de los alimentos básicos del 4% al 0%. Entre las medidas para mitigar el impacto de la inflación también se encuentran las ayudas directas para los sectores más afectados, como transportistas, agricultores, pescadores o la industria gasintensiva. 

Medidas fiscales

Al mismo tiempo, el Ministerio de Hacienda y Función Pública ha desarrollado medidas fiscales que buscan un reparto justo de la crisis derivada de la guerra para que quienes están obteniendo beneficios extraordinarios por el encarecimiento de la energía o la subida de los tipos de interés realicen un mayor esfuerzo. Ahí se enmarcan los nuevos gravámenes temporales a las energéticas, la banca y el Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas. La recaudación lograda con estas figuras fiscales permitirá financiar las medidas para mitigar la inflación. 

Asimismo, se han aprobado rebajas fiscales selectivas para apoyar a las pymes, como la reducción del 25% al 23% del gravamen en el Impuesto de Sociedades para quienes facturen menos de un millón de euros. También se ha adoptado el incremento en la reducción en las retenciones del IRPF a las rentas de hasta 21.000 euros, que equivale al salario mediano de España. Lo que beneficiará a la mitad de los asalariados. 

Mejoras en la función pública y en políticas de evaluación 

Uno de los compromisos del Gobierno es lograr un empleo público estable y de calidad. Por ese motivo, uno de los hitos más relevantes alcanzados en el segundo semestre del año por el departamento dirigido por María Jesús Montero ha sido el acuerdo para una Administración del siglo XXI. Este, entre otras cuestiones, incluye una revalorización salarial para los trabajadores y trabajadoras públicos de hasta el 9,8% en el periodo 2022-2024. Este acuerdo también recupera otros derechos de los empleados públicos, como la reimplantación de la jornada de 35 horas para que cada Administración, en función de sus competencias, establezca esa jornada para el personal a su servicio y al de su sector público institucional. 

A esto hay que sumar que, en la última parte del año, el Consejo de Ministros ha aprobado en primera vuelta el anteproyecto de Ley de Función Pública para modernizar la Administración Pública y reformar el sistema de empleo público con el objetivo de favorecer la atracción y retención de talento. 

Por otra parte, en la segunda mitad del año el Parlamento aprobó la Ley de Evaluación de las Políticas Públicas, cuyo objetivo es establecer una sistematización del análisis de las diversas medidas y políticas puestas en marcha por el Ejecutivo. Con esta norma se pretende que la evaluación de las políticas públicas sirva para hacer más eficaz la asignación de los recursos y para optimizar el proceso de toma de decisiones; para impulsar la innovación en las actuaciones del sector público, encaminadas hacia una gestión moderna y útil para solucionar los problemas y retos sociales; y para avanzar en el control de responsabilidades y la rendición de cuentas. Además, en el ámbito de la transparencia y regeneración democrática, el Consejo de Ministros también aprobó en el segundo semestre de 2022 el anteproyecto de Ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés. 

Se trata de la primera norma estatal que regula la actividad de los denominados ‘lobbies’ y que ahora se encuentra en el trámite consultivo. 

Objetivos para el próximo semestre 

Entre las prioridades del Ministerio de Hacienda y Función Pública en los próximos seis meses estará la implementación de los nuevos gravámenes de la banca, energéticas y grandes fortunas, que se enmarcan en la filosofía tributaria del Gobierno de que aporten más quienes más tienen. Junto a todo lo anterior, el departamento que lidera María Jesús Montero, al igual que el resto del Gobierno, monitorizará la evolución de los precios para comprobar si las medias adoptadas siguen moderando la inflación o si sería necesario adoptar nuevas medidas en beneficio de la mayoría social del país.