El Consejo de Gobierno ha autorizado el expediente de gasto relativo a la contratación, por parte de la Agencia Pública de Educación, del servicio de transporte escolar en los centros docentes públicos dependientes de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional durante los cursos escolares 2022/23, 2023/24 y 2024/2025, por un importe de 260.521.504,40 euros. Dicho montante podrá elevarse hasta una cantidad estimada total de 394.735.061,80 euros si los contratos se van prorrogando hasta el máximo establecido en los pliegos de condiciones, ha informado la Junta de Andalucía.
Así, el plazo de ejecución de estos contratos será de 36 meses (tres cursos escolares), pero podrá ser prorrogado una o varias veces por un máximo de 24 meses, sin que la duración total del contrato, incluidas las prórrogas, pueda superar los 60 meses.
El servicio de transporte escolar gratuito en Andalucía está destinado a transportar al alumnado de Educación Especial, segundo ciclo de Infantil, Primaria y Educación Secundaria Obligatoria, así como en la enseñanza postobligatoria de bachillerato y ciclos formativos para el alumnado que esté obligado a desplazarse fuera de su localidad de residencia, por inexistencia en la misma de la etapa educativa correspondiente, garantizando así el derecho a la educación. La Agencia Pública Andaluza de Educación, organismo adscrito a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, tiene entre sus funciones la contratación y la gestión de este servicio complementario.
Casi 5.000 trayectos y 94.000 escolares beneficiados
La contratación del transporte escolar se llevará a cabo mediante licitaciones por procedimiento abierto en cada una de las provincias. Con objeto de facilitar el acceso a la contratación pública a un mayor número de empresas, las licitaciones se dividirán por lotes. En total, se licitarán 4.938 trayectos distribuidos en un total de 701 lotes, con una previsión de beneficiarios de 94.000 escolares.
La evolución de los costes directos e indirectos de la prestación del servicio de transporte escolar en los últimos años ha hecho necesaria una revisión en profundidad del esquema de tarifas, de forma que en las nuevas licitaciones se ha hecho un esfuerzo por adaptar los precios a esa variación de costes.
El servicio de transporte escolar gratuito en Andalucía está destinado a transportar al alumnado de Educación Especial, segundo ciclo de Infantil, Primaria y Educación Secundaria Obligatoria, así como en la enseñanza postobligatoria de bachillerato y ciclos formativos para el alumnado que esté obligado a desplazarse fuera de su localidad de residencia, por inexistencia en la misma de la etapa educativa correspondiente, garantizando así el derecho a la educación. La Agencia Pública Andaluza de Educación, organismo adscrito a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, tiene entre sus funciones la contratación y la gestión de este servicio complementario.
Casi 5.000 trayectos y 94.000 escolares beneficiados
La contratación del transporte escolar se llevará a cabo mediante licitaciones por procedimiento abierto en cada una de las provincias. Con objeto de facilitar el acceso a la contratación pública a un mayor número de empresas, las licitaciones se dividirán por lotes. En total, se licitarán 4.938 trayectos distribuidos en un total de 701 lotes, con una previsión de beneficiarios de 94.000 escolares.
La evolución de los costes directos e indirectos de la prestación del servicio de transporte escolar en los últimos años ha hecho necesaria una revisión en profundidad del esquema de tarifas, de forma que en las nuevas licitaciones se ha hecho un esfuerzo por adaptar los precios a esa variación de costes.
Así, --informa finalmente la Junta de Andalucía--, en esta licitación se ha tenido en cuenta la evolución, principalmente, de tres magnitudes: el coste de la mano de obra directa, la evolución general del IPC y la variación de los precios del combustible. Además, la Agencia Pública Andaluza de Educación realizó una consulta preliminar al mercado, conforme a lo previsto en la Ley de Contratos del Sector Público. (Foto: JA).
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