* La Sección Sindical de Justicia de CCOO de Sevilla denuncia que 13 de ellos cesarán el 30 de abril en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer nº1, 2, 3 y 4 y el Instituto de Medicina Legal, así como en los Juzgados Mixtos de Osuna, Dos Hermanas, Alcalá de Guadaira, Coria del Río, Utrera, Carmona y Écija, mientras que otros 10 trabajadores y trabajadoras cesarían a partir del 30 Junio en la Sección 4ª de la Audiencia Provincial, el Instituto de Medicina Legal, las Fiscalías de Sevilla y Dos Hermanas y los Juzgados Mixtos de Sanlúcar la Mayor, Estepa, Lebrija, Lora del Río y Cazalla de la Sierra. “Todo ello pese a que existen fondos estatales suficientes del Pacto de Estado contra la Violencia de Género”, señala CCOO.
CCOO exige al Gobierno andaluz que mantenga los 23 puestos de refuerzo en los juzgados de violencia sobre la mujer de Sevilla que pretende eliminar a partir del próximo 30 de abril del total de 104 que existen actualmente en Andalucía, ha informado CCOO Sevilla.
En concreto, según denuncia la Sección Sindical de Justicia de CCOO de Sevilla, 13 de esos puestos cesarán el 30 de abril en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer nº1, 2, 3 y 4 y el Instituto de Medicina Legal, así como en los Juzgados Mixtos de Osuna, Dos Hermanas, Alcalá de Guadaira, Coria del Río, Utrera, Carmona y Écija, mientras que otros 10 trabajadores y trabajadoras cesarían a partir del 30 Junio en la Sección 4ª de la Audiencia Provincial, el Instituto de Medicina Legal, las Fiscalías de Sevilla y Dos Hermanas y los Juzgados Mixtos de Sanlúcar la Mayor, Estepa, Lebrija, Lora del Río y Cazalla de la Sierra.
“Todo ello pese a que existen fondos estatales suficientes del Pacto de Estado contra la Violencia de Género”, señala CCOO, que añade que la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local “viene cambiando durante los últimos meses las plazas de refuerzo de los juzgados de violencia sobre la mujer (financiados con recursos estatales) de unos órganos judiciales a otros, de forma unilateral, con total opacidad, sin información alguna ni previa consulta de las organizaciones sindicales representativas”.
El Sindicato denuncia así que “han sido numerosas las excusas de la Consejería para no cumplir con su deber y conculcar sin miramientos la Ley de Libertad Sindical, algo que además afecta a las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras, que tienen derecho a conocer con la suficiente antelación la duración de sus contratos y a la buena organización del servicio público”.
Desde CCOO se advierte de que “además de los 104 puestos de trabajo destinados en los juzgados andaluces de violencia sobre la mujer, 69 refuerzos finalizarán su actividad el 30 de abril, y 35 el 30 de junio. Y eso a pesar de que recientemente se ha renovado, por unanimidad, el Pacto de Estado contra la violencia de género, lo que conlleva financiación para las comunidades autónomas con competencias en justicia, entre las que se encuentra Andalucía, que es firmante del mismo”.
CCOO reclama igualmente que se dé cumplimiento al compromiso de Mesa Sectorial, y se estudie, de manera pormenorizada, cada una de las plazas a cargo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, antes de la finalización de la prórroga, para identificar las necesidades concretas de dichos juzgados. El Sindicato ha exigido en este punto una convocatoria urgente de Mesa Sectorial de Justicia.
Igualmente --informa finalmente el Sindicato sevillano--, CCOO afirma que seguirá defendiendo, con todos los medios a su alcance, el mantenimiento de la totalidad de las plantillas actuales en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer: “Son totalmente necesarias para luchar contra la violencia machista, sobre todo en localidades con juzgados mixtos, es decir, que atienden asuntos de jurisdicción civil y penal y donde la eliminación de esos contratos supondría agravar aún más las cargas de trabajo que soportan y empeorar el servicio a las mujeres víctimas de la lacra machista, así como la destrucción de empleo público”. (Foto: CCOO-S).
“Todo ello pese a que existen fondos estatales suficientes del Pacto de Estado contra la Violencia de Género”, señala CCOO, que añade que la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local “viene cambiando durante los últimos meses las plazas de refuerzo de los juzgados de violencia sobre la mujer (financiados con recursos estatales) de unos órganos judiciales a otros, de forma unilateral, con total opacidad, sin información alguna ni previa consulta de las organizaciones sindicales representativas”.
El Sindicato denuncia así que “han sido numerosas las excusas de la Consejería para no cumplir con su deber y conculcar sin miramientos la Ley de Libertad Sindical, algo que además afecta a las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras, que tienen derecho a conocer con la suficiente antelación la duración de sus contratos y a la buena organización del servicio público”.
Desde CCOO se advierte de que “además de los 104 puestos de trabajo destinados en los juzgados andaluces de violencia sobre la mujer, 69 refuerzos finalizarán su actividad el 30 de abril, y 35 el 30 de junio. Y eso a pesar de que recientemente se ha renovado, por unanimidad, el Pacto de Estado contra la violencia de género, lo que conlleva financiación para las comunidades autónomas con competencias en justicia, entre las que se encuentra Andalucía, que es firmante del mismo”.
CCOO reclama igualmente que se dé cumplimiento al compromiso de Mesa Sectorial, y se estudie, de manera pormenorizada, cada una de las plazas a cargo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, antes de la finalización de la prórroga, para identificar las necesidades concretas de dichos juzgados. El Sindicato ha exigido en este punto una convocatoria urgente de Mesa Sectorial de Justicia.
Igualmente --informa finalmente el Sindicato sevillano--, CCOO afirma que seguirá defendiendo, con todos los medios a su alcance, el mantenimiento de la totalidad de las plantillas actuales en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer: “Son totalmente necesarias para luchar contra la violencia machista, sobre todo en localidades con juzgados mixtos, es decir, que atienden asuntos de jurisdicción civil y penal y donde la eliminación de esos contratos supondría agravar aún más las cargas de trabajo que soportan y empeorar el servicio a las mujeres víctimas de la lacra machista, así como la destrucción de empleo público”. (Foto: CCOO-S).
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