Las operaciones de las FFSS contra el cultivo ilegal de drogas se saldan con 303 intervenciones este año y 12.955 kilos de droga intervenida

* Carlos Toscano subraya la necesidad de fomentar las medidas coordinadas entre las Fuerzas de Seguridad y las empresas damnificadas, cuya información resulta fundamental para detectar la posible presencia de cultivos ilegales a partir de los datos de consumo

* La mesa de trabajo para luchar contra el cultivo de marihuana en Sevilla y provincia se reúne periódicamente para analizar la evolución de las actuaciones
* Esta actividad ilegal genera numerosas incidencias sobre el consumo eléctrico y de agua y sobre la seguridad y la salud pública
* Respecto a los datos de 2020, se triplica el número de intervenciones y detenciones

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Carlos Toscano Sánchez, ha presidido hoy la reunión de coordinación en la que se ha realizado un balance de las operaciones desarrolladas por las Fuerzas de Seguridad en materia de lucha contra el cultivo de droga, que este año (hasta agosto) se han saldado con 303 intervenciones y 12.955 kilos de droga intervenida, así como 39.461 plantas intervenidas, 161 registros domiciliarios y 343 personas detenidas.
A la reunión, a la que han asistido el fiscal jefe de la audiencia Provincial de Sevilla, Luis Fernández Arévalo, y el fiscal Antidroga, Carlos Bedate; el coronel de la Guardia Civil, Luis Ortega Carmona; el comisario accidental de Policía Nacional de la Comisaría Provincial de Sevilla, José Ruiz Gómez; el inspector jefe responsable de la UDYCO, Víctor Ortega Fernández; el coordinador del Área de Gobernación del Ayuntamiento de Sevilla, Diego Ramos; y el inspector jefe provincial de la Unidad Adscrita de Policía, Antonio Barrera.

Incremento de la actividad policial
El subdelegado del Gobierno en Sevilla ha elogiado la labor de la mesa de trabajo para luchar contra el cultivo de marihuana, que se reúne periódicamente para analizar las actuaciones desarrolladas y determinar las necesidades de intervención. Además, ha subrayado la necesidad de impulsar las medidas coordinadas entre las Fuerzas de Seguridad y las empresas damnificadas, cuya información resulta fundamental para detectar la posible presencia de cultivos ilegales a partir de los datos de consumo.
Fruto del trabajo coordinado de las Fuerzas de Seguridad, y de la mesa de trabajo, ha crecido el número de operaciones, los kilos intervenidos y las detenciones. Desde que la mesa comenzara su actividad, en 2020 se realizaron 105 intervenciones, frente a las 303 que se contabilizan entre enero y agosto de 2021. De igual modo, en 2020 fueron aprehendidos 1.787 kilos de marihuana, frente a los 12.955 de 2021. En cuanto a los detenidos por su implicación en esta actividad ilegal, en 2020 ascendieron a 125, mientras que en 2021, hasta agosto, ya se contabilizan 343 en la provincia.
En paralelo, también ha crecido el número de expedientes incoados en la Delegación del Gobierno en Andalucía, 12.699 en lo que va de año respecto a los 10.625 de 2020.
El delegado de Gobernación y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Carlos Cabrera, ha valorado “el trabajo conjunto que realizan la Policía Local de Sevilla y el Cuerpo Nacional de Policía, así como la coordinación del Ayuntamiento y la Subdelegación del Gobierno en Sevilla para luchar contra esta actividad ilegal que además de ser un asunto de salud pública, provoca que muchos vecinos y vecinas sufran incidencias relacionadas con el suministro eléctrico y de agua y origina problemas de convivencia en los barrios de la ciudad”.
Por otro lado, la Fiscalía ya cuenta en 2021 con 258 prisiones preventivas, de las que 16 corresponden a delitos contra la salud pública que no implican un grave daño para la salud. En 2020 fueron aprobadas 444 prisiones preventivas. El fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Sevilla ha destacado que de cada 100 personas que ingresan en prisión, en torno a 18 lo son por salud pública y que hay una tendencia creciente a que se decrete prisión preventiva y una acentuada contundencia judicial en cuanto a este aspecto.

El cultivo en la provincia
En el encuentro se ha constatado que en la provincia de Sevilla el cultivo de marihuana está “muy extendido”, como ha explicado el subdelegado, con distintas variedades delictivas, como los pequeños cultivadores que siembran en sus parcelas o casas para su posterior venta al por mayor o bien por menudeo; individuos que recolectan la sustancia tras la compra a pequeños cultivadores, que posteriormente son vendidas a organizaciones; y organizaciones que cultivan en grandes superficies, tanto outdoor como indoor y que recolectan gran cantidad de marihuana para su exportación al extranjero.
Además, se ha observado cómo en pequeñas poblaciones de la provincia se ha podido detectar que el cultivo a pequeña escala “se ha generalizado”.
La mesa ha indicado que la crisis económica ha contribuido a la expansión del cultivo de droga en el interior de viviendas, especialmente en las zonas donde la crisis del ladrillo dejó urbanizaciones sin vender, en barrios de Sevilla que sufren una mayor degradación y también en distintos municipios de la provincia.

Fraudes eléctricos
Las distintas actuaciones desarrolladas en Sevilla y las reuniones sectoriales mantenidas hasta el momento evidencian el aumento de este tipo de cultivos, que además del problema de salud pública que ocasionan, como ha destacado el subdelegado del Gobierno en Sevilla, conllevan importantes fraudes a las compañías de suministro eléctrico y de agua, pues con frecuencia se producen enganches ilegales que pueden llegar a propiciar interrupciones de suministro a las comunidades de vecinos y a los núcleos de población, con los consiguientes peligros para las personas dependientes, e incluso riesgos de incendios por las condiciones deficitarias con las que se realizan.
Las compañías de suministro eléctrico han indicado en las mesas de trabajo que una plantación de marihuana indoor en un piso estándar, de 90 metros cuadrados, consume como 80 viviendas. Además, han subrayado el grave riesgo que suponen estas plantaciones en las viviendas, en las del vecindario y en su entorno físico por electrocución, deflagración o incendio; los daños que ocasionan en las instalaciones eléctricas; los retrasos que provocan en la reparación de averías; las imprevisiones que ocasionan para prever el suministro adecuado; y el aumento que provocan en la factura eléctrica para los vecinos, dado que la energía que se consume se toma ilegalmente de la red de otros clientes que sí tienen contrato.