viernes, 30 de julio de 2021

Consumo avanza en la protección de las personas más vulnerables en sus relaciones con las empresas y el juego

* Entre las medidas aprobadas por el ministerio dirigido por Garzón destacan la regulación de la publicidad de juegos de azar, la prohibición de los teléfonos 902 y la introducción en la legislación de la figura de la persona consumidora vulnerable

El Ministerio de Consumo ha impulsado en el último año algunos de los principales compromisos adquiridos en el acuerdo de Gobierno, según refleja el informe de rendición de cuentas Cumpliendo, elaborado por el Ejecutivo. La protección de los consumidores más vulnerables y la mejora de los hábitos de consumo han sido dos de los principales ejes de actividad del ministerio, con medidas como la introducción de la figura de persona consumidora vulnerable o la aprobación de la Estrategia Española de Economía Circular, de la que Consumo es coautora.
En materia de Juego, entre los hitos más relevantes de actividad del último año, destacan la regulación de la publicidad de juegos de azar y la reorientación de la tasa por la gestión administrativa del juego.
Además, a partir del próximo 30 de agosto entrará en vigor la totalidad del Real Decreto de Comunicaciones Comerciales de las Actividades de Juego, con lo que quedará totalmente regulada la publicidad de juegos de azar en España, tras diez años de ausencia de control desde la aprobación de la Ley del Juego en 2011. Esta medida implica la prohibición de la publicidad online, del uso de personas con reconocimiento público en anuncios, de la emisión de bonos de captación, de la publicidad en radio y televisión (excepto en la franja de 1 a 5 de la madrugada) y del patrocinio de equipaciones, estadios y equipos deportivos, entre otras medidas.
El Ejecutivo también ha aprobado la reorientación de la tasa de juego hacia la prevención de la ludopatía y la coordinación de los registros de autoprohibidos, al que se han inscrito ya más de 60.000 personas voluntariamente.
Asimismo, la incorporación de la figura de persona consumidora vulnerable en la legislación estatal garantizará que las relaciones de consumo se realicen en entornos más igualitarios, accesibles y transparentes. En la actualidad, es frecuente que diversos grupos de población se encuentre en situaciones de desventaja, indefensión o desprotección frente a las empresas. Esta medida pretende proteger a colectivos vulnerables, como los menores, las personas de avanzada edad, con bajo nivel de digitalización, con discapacidad funcional, intelectual, cognitiva o sensorial y, en general, todas las que tengan dificultades por la falta de accesibilidad de la información.
De igual modo, dentro de la Estrategia Española de Economía Circular, el Ministerio trabaja en la inclusión del índice de reparabilidad en el etiquetado –ahora en fase de análisis de aportaciones, tras la consulta pública–.

Derechos de los consumidores y usuarios
En este periodo, Consumo también ha puesto en marcha importantes medidas en materia de derechos del consumidor, que se han visto reflejadas en la Ley General de Derechos de los consumidores y usuarios.
Además de la incorporación de la figura de persona consumidora vulnerable, el ministerio ha aprobado una reivindicación histórica de la sociedad civil como es la prohibición de los teléfonos 902 y la ampliación de los plazos de garantía legal de 2 a 3 años de los productos comprados.

Lucha contra los abusos por parte de empresas
El pasado 20 de julio, el ministro Alberto Garzón anunció la aprobación del Anteproyecto de Ley que mejora la capacidad sancionadora en casos de fraudes y abusos masivos cuando sucedan en varios estados de la UE o cuando el infractor no se encuentre en España en el caso del aquellas relacionadas con el comercio on-line.
Por otro lado, el Ejecutivo prevé aprobar en 2021 el anteproyecto de la Ley SAC, donde por primera vez en España se regularán los estándares mínimos de calidad que deben cumplir los servicios de atención al cliente en nuestro país.


Fomento de hábitos de consumo saludables
Del mismo modo, Consumo ha puesto en marcha iniciativas para el fomento de la alimentación saludable –como la subida del IVA a los refrescos azucarados–, acompañadas de estudios sobre nutrición infantil (ALADINO) o sobre los efectos del consumo de bebidas energéticas entre los más jóvenes. Todas estas acciones se han complementado con numerosas campañas sensibilización, tanto para impulsar buenos hábitos como el consumo de frutas y verduras de temporada como los de la reducción de la ingesta excesiva de carne o azúcar, cuyo abuso está generando graves problemas de salud en la población española. Otro de los proyectos que ayudará a mejorar los patrones de consumo será el etiquetado frontal de alimentos Nutriscore, recogido en el acuerdo de Gobierno.

Más garantías
Otras medidas aprobadas o en proceso por parte del Ministerio de Consumo son la mejora del sistema arbitral de consumo para la mejora de la resolución de conflictos judiciales, la regulación de la videovigilancia en mataderos y la de la publicidad de alimentos dirigidos al público infantil.
Tras año y medio de trabajo, y una vez cimentada la protección de los derechos de las personas más vulnerables, el Ministerio de Consumo avanza ahora en nuevas medidas que permitan fomentar el comercio de proximidad, reducir el desperdicio alimentario, paliar los efectos del consumo sobre la salud y el medioambiente, entre otras. En este apartado destaca, especialmente, la flexibilización higiénico sanitaria para la venta directa por parte de pequeños productores alimentarios. En los próximos meses, se darán nuevas facilidades para que estos puedan distribuir sus productos entre pequeños comercios de cercanía y proximidad.

Protección en tiempos de pandemia
Más allá de las medidas impulsadas por el acuerdo de Gobierno, firmado antes de la pandemia, la coyuntura mundial ha requerido flexibilizar y adaptar normativas para proteger a la población. Así, desde el Ministerio de Consumo se ha regulado la comercialización de las mascarillas higiénicas e impulsado destacadas medidas del escudo social para reducir la pobreza energética, como la moratoria de créditos hipotecarios al consumo o la prohibición de realizar cortes de suministros.

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