El Defensor del Pueblo andaluz ha entregado a la presidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet, el informe especial que ha realizado la Institución 'Derechos de la ciudadanía durante la COVID-19. Primera ola de la pandemia', en el que analiza el impacto de la COVID en el primer semestre de la crisis sanitaria, desde la perspectiva del Defensor como garante de los derechos de la ciudadanía.
El Informe extraordinario está fundamentado en los más de 5.000 expedientes solo relacionados con la COVID (1.602 quejas y 3.474 consultas) gestionados desde el inicio de la pandemia el 14 de marzo hasta el 30 de septiembre, una vez finalizado el verano. El Defensor del Pueblo andaluz adaptó el servicio que presta la Institución desde el primer día de confinamiento para dar respuesta a la ciudadanía que solicitó su intervención o asesoramiento. Ocho de cada diez personas que acudieron por un motivo relacionado con la COVID nunca antes habían solicitado la actuación de este comisionado parlamentario.
El Defensor ha enumerado los diez retos o lecciones de la crisis que se pueden poner en práctica para conseguir el objetivo de reducir la brecha de la desigualdad. Estos serían el fortalecimiento del Sistema Público de Salud; la creación de un sistema integral de atención a las personas mayores; el reforzamiento de los servicios sociales como pilar fundamental del estado del bienestar; la adaptación de ejercicio del derecho a la educación a las necesidades de la sociedad digital y la creación de empleo de calidad. Jesús Maeztu también ha citado la lucha contra la pobreza infantil y las situaciones de riesgo para la infancia y la adolescencia; el avance en las políticas de igualdad de género o la garantía del derecho a la vivienda, así como las medidas de sostenibilidad contra el cambio climático; el reconocimiento del acceso a los servicios de interés general y la oportunidad de la mediación como forma de resolución de conflictos.
Entre estos retos, el Defensor del Pueblo andaluz ha destacado la urgencia de adaptar la sociedad a las exigencias de la sociedad de la información, para evitar lo que ha denominado 'nuevos excluidos' por la imposibilidad o incapacidad de acceder a los recursos tecnológicos. La brecha digital afecta a colectivos muy diversos: personas mayores; personas desfavorecidas social y económicamente; las que viven en zonas rurales aisladas o mal conectadas; personas migrantes, personas con discapacidad; mujeres solas con cargas familiares; etcétera. “Estamos muy lejos de alcanzar los estándares mínimos que demanda la nueva sociedad de la información. La brecha digital amenaza con convertirse en una nueva forma de exclusión social”, ha señalado Jesús Maeztu.
Por otro lado, la experiencia de la COVID ha servido al Defensor del Pueblo andaluz para comprobar la necesidad de mejorar y humanizar los servicios de información y atención ciudadana por parte de las administraciones públicas. “Las personas no sabían a dónde acudir. Nos han repetido: No sé a dónde ir. Nadie me escucha. Todo está cerrado. ¿Y yo y mis niños de qué comemos?”, ha ejemplificado Jesús Maeztu sobre el colapso o mala atención en los servicios de información o reserva de citas, lo que ha aumentado la desesperación de la ciudadanía.
Para Jesús Maeztu --informa finalmente el organismo andaluz--, estas propuestas deben servir para combatir la pobreza y la desigualdad, que deviene de la falta de empleo, y de las consecuencias que tiene en la infancia y la adolescencia, la pobreza infantil. “Debemos equilibrar la igualdad real, con el fin último de que de esta pandemia salgamos todos a la vez, para que así no aumente la desigualdad. Se lo debemos a todos aquellos que están haciendo un sobreesfuerzo en estos meses y a las personas que han fallecido y a sus familiares”, ha concluido Jesús Maeztu. (Foto: DPFA?
El Informe extraordinario está fundamentado en los más de 5.000 expedientes solo relacionados con la COVID (1.602 quejas y 3.474 consultas) gestionados desde el inicio de la pandemia el 14 de marzo hasta el 30 de septiembre, una vez finalizado el verano. El Defensor del Pueblo andaluz adaptó el servicio que presta la Institución desde el primer día de confinamiento para dar respuesta a la ciudadanía que solicitó su intervención o asesoramiento. Ocho de cada diez personas que acudieron por un motivo relacionado con la COVID nunca antes habían solicitado la actuación de este comisionado parlamentario.
El Defensor ha enumerado los diez retos o lecciones de la crisis que se pueden poner en práctica para conseguir el objetivo de reducir la brecha de la desigualdad. Estos serían el fortalecimiento del Sistema Público de Salud; la creación de un sistema integral de atención a las personas mayores; el reforzamiento de los servicios sociales como pilar fundamental del estado del bienestar; la adaptación de ejercicio del derecho a la educación a las necesidades de la sociedad digital y la creación de empleo de calidad. Jesús Maeztu también ha citado la lucha contra la pobreza infantil y las situaciones de riesgo para la infancia y la adolescencia; el avance en las políticas de igualdad de género o la garantía del derecho a la vivienda, así como las medidas de sostenibilidad contra el cambio climático; el reconocimiento del acceso a los servicios de interés general y la oportunidad de la mediación como forma de resolución de conflictos.
Entre estos retos, el Defensor del Pueblo andaluz ha destacado la urgencia de adaptar la sociedad a las exigencias de la sociedad de la información, para evitar lo que ha denominado 'nuevos excluidos' por la imposibilidad o incapacidad de acceder a los recursos tecnológicos. La brecha digital afecta a colectivos muy diversos: personas mayores; personas desfavorecidas social y económicamente; las que viven en zonas rurales aisladas o mal conectadas; personas migrantes, personas con discapacidad; mujeres solas con cargas familiares; etcétera. “Estamos muy lejos de alcanzar los estándares mínimos que demanda la nueva sociedad de la información. La brecha digital amenaza con convertirse en una nueva forma de exclusión social”, ha señalado Jesús Maeztu.
Por otro lado, la experiencia de la COVID ha servido al Defensor del Pueblo andaluz para comprobar la necesidad de mejorar y humanizar los servicios de información y atención ciudadana por parte de las administraciones públicas. “Las personas no sabían a dónde acudir. Nos han repetido: No sé a dónde ir. Nadie me escucha. Todo está cerrado. ¿Y yo y mis niños de qué comemos?”, ha ejemplificado Jesús Maeztu sobre el colapso o mala atención en los servicios de información o reserva de citas, lo que ha aumentado la desesperación de la ciudadanía.
Para Jesús Maeztu --informa finalmente el organismo andaluz--, estas propuestas deben servir para combatir la pobreza y la desigualdad, que deviene de la falta de empleo, y de las consecuencias que tiene en la infancia y la adolescencia, la pobreza infantil. “Debemos equilibrar la igualdad real, con el fin último de que de esta pandemia salgamos todos a la vez, para que así no aumente la desigualdad. Se lo debemos a todos aquellos que están haciendo un sobreesfuerzo en estos meses y a las personas que han fallecido y a sus familiares”, ha concluido Jesús Maeztu. (Foto: DPFA?
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