El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en una reunión mantenida por videoconferencia con la fiscal generaleuropea, LauraKövesi, ha trasladohoy el firme compromiso del Gobierno español por fortalecer a las instituciones europeas y contribuir en el proceso de construcción de la Fiscalía europea (EPPO).
En esta primera reunión, desde el Ministerio de Justicia se han iniciado las negociaciones con Kövesi para determinar el número de fiscales delegados que España designará para formar parte del cuerpo de fiscales europeos que el Consejo de la Unión Europea pretende poner en marcha en noviembre de 2020.
El ministro le ha trasmitido el entusiasmo con que el Gobierno de España acoge la inminente actividad de una institución sobre la que se ha mostrado convencido de “que nos hará más fuertes en la lucha contra el fraude y la corrupción que afectan a las finanzas de la UE”.Juan Carlos Campo ha recordado que hace diez años,como secretario de Estado, ya tuvo oportunidad de participar en el debate de creación de esta figura que, entiende, “debe ampliar su marco competencial para convertirse en una auténtica Fiscalía europea para toda la criminalidad”.
En clave nacional, le ha explicado las intenciones del Ejecutivo de aprobar antes de finales de año el anteproyecto para la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM) para que, en consonancia con lo que sucede en otros países europeos, la instrucción judicial quede al mando de los fiscales. Y ha apuntado también que el Ministerio trabaja ya en la trasposición de la directiva europea 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión.
Desde su nombramiento a finales del año pasado, Kövesi viene manteniendo contactos con las autoridades judiciales nacionales con el objeto de dar forma a la estructura administrativa y operativa de la nueva Fiscalía europea que pretende arrancar con una plantilla de, al menos, 140 fiscales delegados.
La cabeza visible de la Fiscalía europea ha agradecido la voluntad manifestada por España, destacando que “es un Estado miembro muy importante y puede aportar muchísimo valor a la Oficina de la Fiscalía”. La idea que baraja y así le ha pedido colaboración al ministro, es que los fiscales delegados españoles puedan estar designados antes de septiembre para empezar a formarlos y que puedan comenzar su trabajo a finales de este año, si la Comisión así lo decide.
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