* El compromiso del Gobierno con las CCAA se refleja en la cifra récord de financiación con 115.887 millones, un 7,3% más que el año pasado
* La CCAA podrán contar en breve con los recursos adicionales del Extra FLA y Extra Facilidad Financiera
* Montero resalta la importancia del “diálogo” y la “coordinación” con las CCAA y anuncia que convocará en las próximas semanas un CPFF
La Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha comparecido hoy en la Comisión de Hacienda del Congreso para informar de las medidas adoptadas por su departamento durante la crisis sanitaria del COVID-19. La titular de Hacienda ha explicado que el objetivo del Gobierno es frenar la propagación del virus y preservar la capacidad del sistema sanitario al mismo tiempo que se toman decisiones para mitigar los efectos económicos y sociales de la pandemia.
La ministra ha señalado que la salida de esta crisis no puede ser a costa de las familias ni de las clases medias y trabajadoras, como ocurrió con la crisis de 2008, que provocó un aumento de las desigualdades. Por ese motivo, Montero ha destacado que el Gobierno ha adoptado una batería de medidas para proteger a las familias y a los colectivos más vulnerables con el objetivo de no dejar a nadie atrás. Además, se han aprobado medidas de alivio económico y fiscal para pymes y autónomos, que forman el grueso del tejido productivo español.
Medidas para pymes y autónomos
Montero ha destacado las medidas adoptadas por el Ministerio de Hacienda en materia tributaria para mitigar el impacto negativo de la pandemia en la actividad de pymes y autónomos, dos colectivos fundamentales para el buen funcionamiento de la economía del país.
En concreto, la ministra ha recordado que las pymes y los autónomos pueden cambiar el sistema de cálculo del pago fraccionado y hacerlo en función de los beneficios reales trimestrales, de manera que se refleje mejor el impacto de la crisis en su actividad.
Hacienda también ha flexibilizado el procedimiento para que los autónomos tengan la posibilidad de pasar del régimen de módulos al de estimación directa sin la obligación de permanecer en el nuevo sistema tres años.
Estas dos medidas supondrán un ahorro de 1.100 millones y se verán beneficiados 427.000 empresas y 360.000 autónomos.
Asimismo, la ministra ha recordado que los autónomos que tributan en módulos podrán descontarse del cálculo de los pagos a cuenta de IVA e IRPF los días naturales bajo el estado de alarma, lo que implica un ahorro de 30 millones en el primer trimestre. Esta medida beneficiará a 362.000 contribuyentes en los pagos de IRPF y 200.000 en los pagos de IVA.
Para aliviar los problemas de tesorería de pymes y autónomos, estos podrán acceder a un aplazamiento extraordinario del pago de impuestos de hasta 30.000 euros, durante seis meses, de los que, en los tres primeros meses, no se cargarán intereses. La ministra ha resaltado que hasta el pasado lunes 394.000 contribuyentes han presentado 616.000 solicitudes de aplazamiento. De esta forma, ya se han aplazado 2.317 millones de euros.
El Ministerio de Hacienda también ha aprobado que los autónomos con una facturación de hasta 600.000 euros no tengan que presentar en abril las autoliquidaciones de las declaraciones trimestrales del IVA o el pago fraccionado de IRPF o Sociedades y podrán hacerlo un mes más tarde, el 20 de mayo. Se trata de una medida que tendrá un impacto estimado de 3.558 millones de euros, de la que se pueden beneficiar 3,4 millones de contribuyentes.
Además, la Agencia Tributaria no establecerá recargos para empresas que no hayan ingresado la cuota de una declaración si están en trámites de obtener una línea de financiación del ICO vinculada al COVID-19.
Más recursos para CCAA y EELL
Otra prioridad del Ministerio de Hacienda desde que surgió la crisis sanitaria ha sido la de atender la necesidad de mayor financiación de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales para hacer frente a los efectos de la pandemia. “Vamos a garantizar la liquidez de todas las administraciones territoriales”, ha explicado la ministra en su intervención.
Para ello, la titular de Hacienda ha resaltado que las Comunidades Autónomas recibirán este año del sistema de financiación la cifra récord de 115.887 millones de euros, un 7,3% más respecto a los 107.980 millones de 2019. Montero ha recordado que ese incremento se debe a que el Gobierno ha aprobado las entregas a cuenta con una previsión de crecimiento del 1,6%, es decir, sin tener en cuenta los efectos de la emergencia sanitaria sobre la economía.
Asimismo, Montero ha destacado el “esfuerzo” del Gobierno para que las Comunidades Autónomas “dispongan ya de todos los recursos para responder ante las necesidades que exige esta crisis”. Así, ha explicado que las CCAA han cobrado ya los 2.867 millones derivados de la actualización de las entregas a cuenta, el 50% el 23 de marzo y el 20 de abril el 50% restante. La ministra ha resaltado que estos mayores recursos se deben a que por primera vez se ha desligado la actualización de las entregas a cuenta de la vigencia de un anteproyecto de presupuestos.
Además, las CCAA podrán solicitar de forma anticipada la mitad de la liquidación definitiva de 2018, es decir, 5.500 millones. Estos recursos se transfieren normalmente en julio, pero el Gobierno ha ofrecido realizar anticipos para dotar de más recursos a las administraciones autonómicas. De hecho, la ministra ha anunciado que en los próximos días va a hacer efectivo el pago de ese anticipo a las comunidades que lo hayan solicitado.
Las Comunidades Autónomas también contarán con más recursos procedentes del ‘Extra FLA’ y el ‘Extra Facilidad Financiera’, que se pondrán en marcha próximamente y alcanzarán los 5.932 millones. Inicialmente se financiará el 75% de este importe y el 25% se abonará en el mes de octubre cuando se conozca el dato definitivo de la desviación del déficit de 2019 de cada comunidad.
La ministra de Hacienda recordó que tal y como se comprometió en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera, el ‘Extra FLA’ y el ‘Extra Facilidad Financiera’ tendrán un tipo del 0% para la parte del déficit imputable al cambio normativo que aprobó el anterior Gobierno en 2017 en el llamado SII IVA. Esto significa que en torno a 2.500 millones serán a coste cero, un hecho relevante y más en un contexto en el que la emergencia sanitaria se ha traducido en un incremento de los tipos de interés.
Asimismo, ya se han aprobado las cuantías del II Trimestre del Fondo de Financiación a CCAA en la CDGAE, cifradas en 2.365,75 millones para las CCAA.
Convocatoria de un nuevo CPFF
En su comparecencia, la ministra ha trasladado la importancia de un constante diálogo y cooperación del Gobierno con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales. En este sentido, Montero ha anunciado que el próximo lunes se reunirá nuevamente con los consejeros de Hacienda y tiene la intención de convocar en las próximas semanas un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para analizar las medidas adoptadas hasta la fecha y establecer los cauces de coordinación adecuados.
En el ámbito de las Entidades Locales, el Gobierno ha aprobado que los ayuntamientos puedan destinar hasta 300 millones de euros del superávit de 2019 a actuaciones de protección y promoción social. Con la novedad de que este gasto no computará en la regla de gasto.
Liquidez del sector sanitario
Por otra parte, Montero ha recordado que, para garantizar la liquidez en el sector sanitario, el Gobierno ha destinado 1.400 millones de euros del Fondo de Contingencia para el Ministerio de Sanidad para sufragar gastos sanitarios extraordinarios. Con estos recursos se han realizado compras de material por importe de 889 millones y se han distribuido fondos por importe de 300 millones entre las CCAA.
En su intervención en la Comisión de Hacienda, la ministra ha recordado que el Gobierno ha aprobado que las adquisiciones de bienes sanitarios para combatir el COVID-19 no paguen IVA si se destinan a entidades públicas, hospitales, clínicas o entidades privadas de carácter social. Una medida con un impacto estimado de 1.022 millones de euros.
En materia de contratación pública, la ministra ha explicado que se establece un régimen específico de suspensión de contratos públicos, con ampliación de plazos y compensación de salarios, para evitar la resolución de los contratos y la consecuente pérdida de empleo, con un impacto de 8,13 millones de euros.
La ministra ha puesto en valor que las decisiones adoptadas abarcan todos los ámbitos afectados por esta crisis, desde el sanitario al económico, pasando por el laboral y el social. El objetivo de todas estas medidas es atender a los colectivos más perjudicados por la pandemia. En este sentido, la titular de Hacienda ha pedido colaboración y responsabilidad para abordar de forma conjunta el reto de la reconstrucción económica y social del país
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