El ministro Planas valora las nuevas medidas anunciadas por la CE que van en la dirección adecuada y recogen las demandas españolas

* Aumentar los anticipos de los pagos directos al 70 % y los de desarrollo rural al 85 %, ampliar el plazo de presentación de la PAC hasta el 15 de junio y rebajar los requisitos y controles para evitar la pérdida de fondos, entre las principales medidas
* El objetivo es que agricultores y ganaderos puedan afrontar con mayor liquidez y menos trabas burocráticas la difícil situación originada por esta crisis sanitaria sin precedentes que afecta a todo el territorio comunitario
02 de abril de 2020. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha valorado las nuevas medidas anunciadas hoy por la Comisión Europea para ayudar al sector agrícola y ganadero a hacer frente a la crisis sin precedentes originada por el COVID-19 y que forman parte de las medidas que Planas planteó en el Consejo de ministros extraordinario de la Unión Europea (UE) celebrado el 25 de marzo.
En la carta remitida el pasado 20 de marzo por el ministro al comisario de Agricultura y Desarrollo Rural, Janusz Wojciechowski, se pedían cambios en determinados reglamentos de la Política Agraria Común (PAC), así como flexibilidad en el uso de fondos que, como consecuencia de la crisis sanitaria, no se van a poder utilizar en sus programas de desarrollo rural (PDR).
Respecto a la PAC, tanto en el primer pilar (ayudas directas) como en el segundo (desarrollo rural), la Comisión acepta una mayor flexibilidad y simplificación en línea con las demandas de España.
De esta forma, se amplía hasta el 15 de junio de 2020 la fecha límite para que agricultores y ganaderos puedan presentar su solicitud de ayudas directas y de desarrollo rural. España ya había ampliado hasta el 15 de mayo la fecha máxima prevista en el reglamento comunitario a nivel nacional.
Para aumentar la liquidez de agricultores y ganaderos, la Comisión aumentará los anticipos de pagos directos (del 50 % al 70 %), así como los pagos de desarrollo rural (del 75 % al 85 %). Cerca de 700.000 agricultores y ganaderos españoles se beneficiarán del anticipo, que recibirán a partir del 16 de octubre.
Según Planas, este anticipio “es vital para asegurar la viabilidad económica de muchas explotaciones agrícolas y ganaderas que, siendo uno de los sectores estratégicos para superar la pandemia del COVID-19 como garantes del suministro alimentario, es también uno de los sectores más afectados por esta crisis”.
En España, estos anticipios permitirán un adelanto de las ayudas directas de más de 3.421 millones de euros (destaca el anticipo del régimen de pago básico que, junto con el pago verde, supondrá más de 2.926 millones de euros), del total de 4.953 millones de euros que se prevén abonar en la campaña 2020. El resto de los pagos directos de 2020 de la PAC se realizarán a partir del 1 de diciembre.
El ministro Planas ha destacado que la CE acepta reducir los controles físicos sobre el terreno. Esta medida ayudará a reducir la carga administrativa y evitar demoras innecesarias. Ha apuntado que la situación actual dificulta el pago de las ayudas de la PAC, si se tiene que cumplir toda la normativa establecida para un año normal. De esta forma, no se producirán pérdida de fondos para agricultores y ganaderos.
En lo que se refiere al Fondo Europeo Agrícola para el Desarrollo Rural (FEADER), Planas ha resaltado como positivo la flexibilidad en el uso de instrumentos financieros, que permitirá que los beneficiarios de estas medidas se beneficies de préstamos de hasta 200.000 euros en condiciones favorables, con unos tipos de interés muy bajos, así como calendarios de pagos favorables.
Otra de las medidas solicitadas por España, la posibilidad de reasignar fondos para evitar su pérdida, también se pondrá en marcha. Los Estados miembros podrán reasignar el dinero que no se haya usado en los PDR, en lugar de tener que devolverlo al presupuesto comunitario. Ese dinero tendrá que emplearse en el marco de cada PDR.
Asimismo, la CE permitirá aplazar la presentación de informes anuales sobre la ejecución de los PDR, ya que pospone la fecha límite para presentarlos. Este era otro de los aspectos solicitados por España y que tiene gran importancia, ya que el pago de los programas de desarrollo rural está condicionado a la aprobación de esos informes.