La delegada del Gobierno de España en Andalucía, Sandra García, ha calificado hoy como un “balón de oxígeno para los agricultores andaluces” la decisión del Consejo de Ministros de reducir de 35 a 20 los jornales en el campo para poder acceder al subsidio agrario por desempleo y renta agraria. “Se da respuesta, - ha señalado- a las legítimas demandas que nos están planteando por la grave situación en la que se encuentran los agricultores andaluces y extremeños debido al descenso en la producción del olivar, los aranceles internacionales y los problemas medioambientales”.
García ha recordado que la rebaja de peonadas está incluida en un paquete de medidas urgentes en materia de agricultura, pesca y alimentación, aprobado hoy en el Consejo de Ministros, en el que se incluye además la bonificaciónde la transformación de contratos eventuales agrarios en contratos indefinidos o fijos discontinuos. Según la delegada “el Gobierno responde a un compromiso adquirido por el presidente, Pedro Sánchez, con el campo andaluz en octubre de 2019, cuando garantizó a los agricultores andaluces que una de las primeras medidas que adoptaría en la nueva legislatura sería reducir el número de peonadas para cobrar este subsidio e iniciar así una hoja de ruta para frenar la crisis en el campo”.
“La rebaja de peonadas es una medida justificada, que garantiza la justicia social con los trabajadores del campo que padecen en sus economía familiares la reducción de las campañas agrícolas”, ha defendido, y ha puesto de manifiesto cómo el cobro de esta ayuda agraria “ha permitido, por un lado, subsistir a muchos andaluces con ingresos económico que dependen de los vaivenes del campo y, por otro lado, arraigar a las población del entorno rural, evitando el despoblamiento de nuestros pueblos por su íntima vinculación al campo”.
Sandra García ha recordado que esta medida ya fue avanzada por el Gobierno a los principales sindicatos agrarios de Andalucía y Extremadura (CC.OO., UGT y SAT), con quienes se reunió a mediados de mes para avanzar en el diseño de medidas que afronten la crisis agraria que ha provocado movilizaciones en el sector en las últimas semanas por toda España.
En este encuentro también se acordaron las condiciones de los trabajadores eventuales en el campo, de ahí que el decreto-ley recoja la ampliación del ámbito de actuación de la Inspección de Trabajo para que puedan controlar los alojamientos y locales de descanso de los temporeros. “El Gobierno de España es consciente de la situación y de manera inmediata está reaccionando desde la transparencia y el diálogo”, ha recalcado Sandra García, que ha reconocido que “aún queda camino por recorrer para solucionar la grave crisis que atraviesa el sector por la caída de los precios en origen, los aranceles, el aumento de sus costes y la reducción de las producciones como efecto del cambio climático, pero llevamos menos de dos meses de la XIV Legislatura y ya hemos revalorizado más de 11 millones de pensiones, los sueldos públicos e incrementado un 5,5% --hasta los 950 euros mensuales-- el Salario Mínimo”.
“El Gobierno de España sigue avanzando en medidas sociales que resuelvan los problemas reales de los ciudadanos y seguirá ese camino desde el diálogo y el consenso”, ha asegurado Sandra García, para quien “la buena política persigue cambiar la vida de la gente y ése seguirá siendo nuestro objetivo”.
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