* Se difundirá una carta de derechos y obligaciones de los usuarios de los Servicios Sociales, cuyo personal es el más proclive a episodios de agresiones verbales o físicas
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado este jueves un protocolo de actuación contra posibles casos de violencia laboral hacia la plantilla municipal que, destinado especialmente al personal de los Servicios Sociales, trata de suministrar una guía y herramientas para prevenir y atajar situaciones que van desde la agresión física y con lesiones hasta las agresiones verbales, amenazas o calumnias. “Esta violencia en el centro de trabajo es primero un atentado contra la propia dignidad y los derechos de los profesionales que atienden al público y también un claro obstáculo para la prestación eficaz de los servicios públicos”, ha destacado la delegada de Recursos Humanos y Modernización, Clara Isabel Macías.
La delegada ha precisado que este protocolo hace especial hincapié en los Servicios Sociales puesto que, por el tipo de expedientes que gestionan y los ciudadanos a los que atienden –buena parte de ellos en riesgo de exclusión social y con necesidades urgentes–, su plantilla es más propensa a sufrir agresiones, si bien esta guía sirve de orientación al conjunto del personal municipal. Este documento, asimismo, ha sido debatido, aprobado y, por último ratificado por el Comité de Seguridad Laboral del Ayuntamiento con presencia de todos los representantes sindicales.
“Estamos frente a una posible violencia que puede proceder en unos casos de las mismas personas destinatarias de los servicios prestados, en otros, de personas completamente ajenas al centro de trabajo y, por último, ya en menor medida, de trabajadores del propio servicio público. Una casuística diversa ante la que tenemos que prevenir, en una respuesta que trasciende más allá de la mera contratación de seguridad o de equipos de vigilancia. Era un compromiso de este gobierno”, según ha argumentado Clara Isabel Macías.
Este documento incorpora una serie de medidas de diagnóstico, preventivas y de respuesta ante cualquier agresión que tienen como expresión última la denuncia al usuario con el respaldo jurídico de la administración local y todas las garantías para el profesional. En primer lugar, define un diagnóstico y un estudio, puesto a puesto, de los riesgos existentes en cada trabajo coordinado desde la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales. Asimismo, se establece una serie de medidas preventivas que incluyen desde carteles informativos al usuario hasta sistemas de distribución y de organización del trabajo y medidas de seguridad. Se especifican, además, medidas activas, es decir, un protocolo específico de cómo responder ante la agresión y que atañe tanto al agredido como sus compañeros y superiores. Por último, se incluyen las iniciativas tras una agresión o situación de riesgo, consideradas en todo caso un accidente de trabajo, y facilitando servicios sanitarios, apoyo psicológico y garantías jurídicas para respaldarle en su denuncia al usuario.
“Por tanto, el protocolo busca proteger a los profesionales públicos y garantizar al mismo tiempo un servicio de calidad al ciudadano. Las agresiones verbales o físicas son episodios aislados, pero además de causar un daño al trabajador o trabajadora, provocan una distorsión grave del servicio que se presta al ciudadano y afectan por tanto al resto de usuarios”, según ha reseñado la delegada de Recursos Humanos y Modernización.
Entre las medidas preventivas, se recogen los protocolos de la colaboración con los Cuerpos y Fuerzas de seguridad del Estado, adoptar las medidas organizativas y los recursos técnicos y humanos necesarios que permitan una atención al público ágil y adecuada. En el caso de agresión, entre otras cosas se exige el acompañamiento del agredido hasta los servicios sanitarios por parte de jefes o compañeros de su centro de trabajo, y se incluyen indicaciones para manejar el estrés en caso de agresiones verbales.
Los Servicios Municipales aprobarán la Carta de Derechos y Deberes de las personas usuarias de los servicios sociales. “De esta forma, junto con el derecho a recibir una atención directa y adecuada a sus necesidades, se le requerirá conocer y cumplir las normas, requisitos, condiciones y procedimientos establecidos para la obtención y el uso y disfrute de las prestaciones y servicios. Y esa carta tendrá la mayor difusión posible en los centros de trabajo para el conocimiento general de la plantilla y de la ciudadanía”, ha afirmado finalmente la delegada.
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