La juez de Instrucción número 10 de Sevilla, que investiga la causa por el brote de listeriosis producido este verano, ha tomado declaración este jueves a tres de las personas detenidas en relación con estos hechos y ha ordenado a petición de la Fiscalía y de la acusación que ejerce Facua el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de dos de ellas, en concreto J.A.M.P. y su hijo S.J.M.R., mientras que al tercero de los detenidos que ha pasado a disposición judicial, identificado como M.M.R., lo ha dejado en libertad provisional con la obligación de comparecer en el Juzgado los días 11 y 25 de cada mes, ha informado Comunicación Poder Judicial.
Asimismo, Comunicación Poder Judicial indica que en este sentido, la instructora considera que los dos detenidos que han ingresado en prisión, según se desprende de lo actuado hasta el momento, habrían cometido un presunto delito contra la salud pública en concurso ideal con tres delitos de homicidio por imprudencia, dos delitos de lesiones al feto con resultado de aborto y lesiones por imprudencia grave.
En el auto donde acuerda el ingreso en prisión de estos dos detenidos, la magistrada recuerda que la causa fue incoada en virtud de un atestado de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente de la Guardia Civil en el marco de una investigación por “una serie de actividades ilícitas que podrían estar llevando a cabo los integrantes de una trama organizada y que pondrían en la cadena comercial de alimentos para personas carne procesada con presencia de listeria monocytogenes en concentraciones que la harían inadecuada para consumo humano, debido a una mala praxis en la manipulación y transformación de los productos cárnicos que ha provocado una intoxicación masiva con resultado de muertes, lesiones a fetos con resultados de abortos y lesiones a lo largo de todo el territorio nacional y especialmente en Andalucía”.
Según expone la juez, los dos investigados que han ingresado en prisión “tenían conocimiento de que, al menos desde diciembre de 2018, la bacteria estaba en sus instalaciones”, pues un análisis realizado por una empresa les advirtió en febrero de 2019 de la presencia de listeria en un lote de carne mechada casera etiquetado el 20 de diciembre de 2018, pero “no consta que ello fuera comunicado a la autoridad sanitaria ni que la entidad adoptara medida alguna, de hecho no fue ni comunicado a los trabajadores, ni se adoptó medida alguna para prevenir”.
De este modo, “el producto nocivo para la salud de las personas fue puesto en el mercado, perdiéndose el dominio sobre el riesgo creado”, lo que “implica que, si bien no imaginaban el resultado, sí tenían conocimiento de esa eventualidad y de la probabilidad de que el producto, una vez en el mercado, podía causar daños en la salud de los consumidores, como así ha ocurrido, eludiendo todas las obligaciones que le impone la ley para que los productos alimenticios cumplan los criterios biológicos pertinentes”.
La juez señala que, por el momento, las consecuencias del brote de listeriosis en la provincia de Sevilla son tres fallecidos, dos abortos, 65 personas ingresadas, de ellas 17 embarazadas de las cuales tres han sufrido partos prematuros, además de once personas intoxicadas que no han requerido ingreso, “estándose a la espera del resultado y de averiguar cuantas personas han sido infectadas y han sufrido listeriosis fuera de la provincia de Sevilla”.
En este punto, cifra en unos 800.000 euros los gastos que ello ha generado en la sanidad pública, al menos los gastos ocasionados por los servicios prestados por los hospitales Virgen del Rocío y Virgen Macarena de Sevilla capital.
La juez ha ordenado el ingreso en prisión de dos de los detenidos al entender que existe riesgo de fuga “dada la gravedad de los hechos que se les imputan y la pena que pudiera imponérseles”, por lo que adopta dicha medida cautelar para así asegurar su presencia en el proceso y evitar la fuga e igualmente evitar la reiteración de hechos similares.
Y es que, como ha indicado la Fiscalía, “con conocimiento al menos desde febrero de 2019 de la presencia de la bacteria en las instalaciones de la empresa Magrudis, continuaron fabricando y comercializando productos, siendo conscientes de que algo fallaba en el proceso productivo, y si bien no imaginaban el resultado, sí tenían conocimiento de esa eventualidad y contando con esa probabilidad la aceptaron y pusieron el producto en el mercado, provocando una gran alarma social y crisis sanitaria”.
Durante sus comparecencias en el Juzgado --informa finalmente Comunicación Poder Judicial--, los tres detenidos únicamente han contestado a las preguntas formuladas por la juez y por su defensa, mientras que se han acogido a su derecho a constitucional a no contestar a las preguntas de la Fiscalía y de la acusación que ejerce Facua.
Según expone la juez, los dos investigados que han ingresado en prisión “tenían conocimiento de que, al menos desde diciembre de 2018, la bacteria estaba en sus instalaciones”, pues un análisis realizado por una empresa les advirtió en febrero de 2019 de la presencia de listeria en un lote de carne mechada casera etiquetado el 20 de diciembre de 2018, pero “no consta que ello fuera comunicado a la autoridad sanitaria ni que la entidad adoptara medida alguna, de hecho no fue ni comunicado a los trabajadores, ni se adoptó medida alguna para prevenir”.
De este modo, “el producto nocivo para la salud de las personas fue puesto en el mercado, perdiéndose el dominio sobre el riesgo creado”, lo que “implica que, si bien no imaginaban el resultado, sí tenían conocimiento de esa eventualidad y de la probabilidad de que el producto, una vez en el mercado, podía causar daños en la salud de los consumidores, como así ha ocurrido, eludiendo todas las obligaciones que le impone la ley para que los productos alimenticios cumplan los criterios biológicos pertinentes”.
La juez señala que, por el momento, las consecuencias del brote de listeriosis en la provincia de Sevilla son tres fallecidos, dos abortos, 65 personas ingresadas, de ellas 17 embarazadas de las cuales tres han sufrido partos prematuros, además de once personas intoxicadas que no han requerido ingreso, “estándose a la espera del resultado y de averiguar cuantas personas han sido infectadas y han sufrido listeriosis fuera de la provincia de Sevilla”.
En este punto, cifra en unos 800.000 euros los gastos que ello ha generado en la sanidad pública, al menos los gastos ocasionados por los servicios prestados por los hospitales Virgen del Rocío y Virgen Macarena de Sevilla capital.
La juez ha ordenado el ingreso en prisión de dos de los detenidos al entender que existe riesgo de fuga “dada la gravedad de los hechos que se les imputan y la pena que pudiera imponérseles”, por lo que adopta dicha medida cautelar para así asegurar su presencia en el proceso y evitar la fuga e igualmente evitar la reiteración de hechos similares.
Y es que, como ha indicado la Fiscalía, “con conocimiento al menos desde febrero de 2019 de la presencia de la bacteria en las instalaciones de la empresa Magrudis, continuaron fabricando y comercializando productos, siendo conscientes de que algo fallaba en el proceso productivo, y si bien no imaginaban el resultado, sí tenían conocimiento de esa eventualidad y contando con esa probabilidad la aceptaron y pusieron el producto en el mercado, provocando una gran alarma social y crisis sanitaria”.
Durante sus comparecencias en el Juzgado --informa finalmente Comunicación Poder Judicial--, los tres detenidos únicamente han contestado a las preguntas formuladas por la juez y por su defensa, mientras que se han acogido a su derecho a constitucional a no contestar a las preguntas de la Fiscalía y de la acusación que ejerce Facua.
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