Los delegados de Bienestar Social, Empleo y Planes Integrales y Economía, Comercio, Relaciones con la Comunidad Universitaria y Área Metropolitana del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Manuel Flores y Francisco Páez, han mantenido hoy una ronda de reuniones con los representantes de los distintos grupos políticos para explicar con total transparencia la gestión realizada dentro de las competencias municipales con motivo de la alerta sanitaria por Listeria Monocytogenes decretada y coordinada desde la Junta de Andalucía. En este sentido, a instancias del propio gobierno, se ha explicado toda la información, se ha ofrecido el acceso a la documentación necesaria y se han aclarado todas las dudas en torno a la gestión realizada durante este mes de agosto, así como al funcionamiento y el trabajo de los servicios de Consumo y del Laboratorio municipal. Toda esta información ha sido ya comunicada a la Junta de Andalucía la pasada semana. Del mismo modo, el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, ha mantenido una reunión con el presidente de Facua, Manuel Baus, y su portavoz, Rubén Sánchez.
Durante las reuniones, se ha detallado a los grupos municipales el funcionamiento de la inspección de Consumo a cualquier empresa dentro de las competencias municipales destacando que en todo momento se actúa de acuerdo con las directrices europeas, la clasificación que se establece en las empresas, el funcionamiento de los sistemas de autocontrol y los programas de prioridades y los planes especiales que define la Junta de Andalucía en el marco de sus competencias. “El PP está intentando de forma irresponsable y por motivos políticos desviar la atención hacia la plantilla municipal cuando el único responsable de esta crisis alimentaria son las empresas que han puesto en el mercado un producto contaminado. Y las administraciones debemos trabajar con lealtad y responsabilidad para frenar esta situación y tomar todas las medidas necesarias para que no se repita”, explicó Juan Manuel Flores.
Los grupos municipales han tenido por tanto acceso a toda la información con la que se cuenta en estos momentos en torno a las inspecciones realizadas a la empresa Magrudis, de acuerdo con las directrices europeas, la clasificación de la empresa y la implantación de un sistema de autocontrol. En este sentido, se ha explicado a los grupos paso a paso las inspecciones que ha recibido la empresa cárnica desde que en el año 2015 la se dio de alta en el registro sanitario de la Junta de Andalucía con categoría B de acuerdo con el sistema de clasificación de establecimientos alimentarios en base al riesgo.
En noviembre de 2016 se realizó una inspección ordinaria con el método basado en riesgo por parte de los inspectores municipales del área de Consumo y se situó la categoría en A de acuerdo con el sistema de clasificación de establecimientos en base al riesgo.
En julio de 2017 se realizó una nueva inspección por parte de los inspectores de Consumo en la que se establece que la categoría del establecimiento es C al haber implantado un plan de autocontrol de acuerdo con el sistema de clasificación de establecimientos en base al riesgo de la Junta de Andalucía. Así, según un informe emitido por la inspectora actuante en relación a la visita realizada a la empresa Magrudis S.L. en julio 2017, se llevó a cabo una valoración del riesgo de dicha industria en base a un protocolo establecido. En dicho protocolo se valoró el sistema de autocontrol implantado por la empresa acorde a la producción y tratamientos aplicados en sus procesos además del estado de sus instalaciones. Ello le dio una catalogación que permitía una mayor amplitud en los periodos del control oficial de la misma.
Por último, en julio de 2019 la empresa Magrudis notificó a la Junta de Andalucía la ampliación de sus instalaciones y el cumplimiento del sistema de autocontrol. En el escrito, la empresa afirma que dispone del documento relativo al Sistema de Autocontrol basado en principios de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control garantizando que “se han mantenido las condiciones técnico sanitarias iniciales y correcto funcionamiento del sistema de Autocontrol y su cumplimiento durante el tiempo que se desarrolle el ejercicio de la actividad”.
Para este tipo de empresas se establecen unos periodos estimativos para inspecciones en función de la categoría de establecimientos. Son plazos orientativos, en ningún caso obligatorios, como queda claro en la normativa autonómica. Las categorías de una industria alimentaria en base al riesgo se establecen conforme a los criterios marcados por la Junta de Andalucía y de los datos que la propia empresa facilita y de los que se hace responsable. En el caso de la categoría C la frecuencia aproximada de inspección es de 18 meses.
En este sentido, el servicio de consumo del Ayuntamiento trabaja siguiendo el Reglamento 882/2004 del Parlamento Europeo y del consejo de 29 de abril, donde se establecen las normas generales para la realización de los controles oficiales que permitan comprobar el cumplimiento de la normativa aplicable y con el fin de garantizar un elevado nivel de protección a los consumidores en relación con la seguridad alimentaria.
En dicho Reglamento se dice que los controles oficiales se llevarán a cabo mediante procedimientos documentados que contendrán la información e instrucciones para el personal que los vaya ejecutar. Concretamente, en el apartado 13 manifiesta que la frecuencia de los controles oficiales debe ser regular y proporcional a la naturaleza del riesgo, teniendo en cuenta los resultados de los propios controles efectuados por los operadores de las empresas alimentarias, y conforme a los programas de control basados en el Sistema de Autocontrol y Puntos Críticos de Control (APPCC) implantado por la empresa.
En este caso por tanto, el Ayuntamiento asegura que se establece un control proporcional a la implantación comprobada en 2017 de un sistema de autocontrol y puntos críticos de control por la empresa.
En cada una de estas inspecciones se trabaja con un sistema de check list en el que se fijan una serie de elementos a comprobar y se evalúan obteniendo una puntuación final que determina la categoría. El establecimiento de un sistema de autocontrol en 2017 fue determinante. Desde ese momento la empresa asume la responsabilidad en el seguimiento y captación de datos de acuerdo con la normativa vigente. El sistema de revisión y clasificación es un modelo estándar de la Junta de Andalucía de acuerdo con las directrices europeas. No se toman muestras salvo que así lo determine un plan de inspecciones de la Junta de Andalucía. Se comprueba el funcionamiento y la documentación.
El Ayuntamiento realiza inspecciones periódicas y aleatorias a los establecimientos basadas en este criterio de proporcionalidad y el plan de Peligros biológicos que establece la Junta de Andalucía que fija el tipo de productos y el número de empresas que se deben inspeccionar priorizando aquellas que tienen un mayor volumen o que presentan situaciones de riesgo. No ha sido el caso de Magrudis al tener un producto al horno con elevadas temperaturas de cocción, tener un sistema de autocontrol, no tener ningún antecedente y por los productos y el volumen de su distribución.
En este año se han realizado por parte de los servicios municipales 335 análisis de alimentos en relación con la listeriosis. Todos ellos han sido negativos. (Foto: FAC).
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