El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla, reunido este lunes en sesión ordinaria, ha aprobado, con los votos favorables de los grupos PSOE, IU y Participa Sevilla y la abstención de PP y Ciudadanos, una moción socialista que insta al Gobierno de España a iniciar los trámites para la “inmediata derogación” de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL), conocida como ‘la Ley Montoro’, para sustituirla por una normativa que respete la autonomía local, flexibilice el límite de gasto no financiero y posibilite alcanzar los niveles de empleo público en los ayuntamientos anteriores a la crisis económica.
“La ‘Ley Montoro’ no sólo ha cercenado la autonomía municipal, sino que ha tenido un resultado nefasto al impedir la realización de políticas públicas en materia social o laboral para superar los efectos de la pasada crisis económica”, ha explicado ante el Pleno el concejal socialista Joaquín Castillo. El texto de esta moción recoge que “la Ley de Racionalización y Sostenibilidad ha puesto trabas a las políticas públicas cuando más se necesitaban para crear empleo, devaluando los servicios públicos, limitando el nivel de calidad al imponer el menor coste y saturando la gestión local con una excesiva fiscalización y demanda de información. Desde el Estado se ha intervenido en los ayuntamientos y las diputaciones impidiendo que éstos pudiesen implementar los servicios comprometidos con sus vecinos y vecinas”.
“La Agenda 2030 de Naciones Unidas y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) representan una oportunidad para orientar las políticas públicas de protección social hacia el logro de un desarrollo sostenible, tanto en lo económico como en lo social como en lo medioambiental, trabajando bajo nuestras señas de identidad en: lucha contra la desigualdad, preservar el medio ambiente, frenar la despoblación, mejorar la calidad de vida o aumentar más la transparencia y accesibilidad”, según agrega la moción.
La normativa alternativa a la que hace referencia esta moción socialista habrá de garantizar la prestación de servicios públicos de los ayuntamientos en materia tales como salud, mujer, servicios sociales, juventud, educación, consumo, promoción y formación empresarial y fomento del empleo. Por último, la moción aprobada insta al Gobierno a modificar la Ley Reguladora de las Haciendas Locales de manera que se garantice la financiación de los ayuntamientos, abordando la financiación local a la vez que la autonómica en coordinación con los ayuntamientos a través de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), y dando la potestad a los ayuntamientos para establecer un impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos.
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