El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla ha introducido el debate de una moción en el próximo Pleno Municipal que reclama al Gobierno de España la eliminación de las políticas de recortes y la rehabilitación del poder adquisitivo de las pensiones en defensa del Sistema Público, a través de la recuperación del diálogo social y de la defensa del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que ha visto cómo ha pasado de los 66.815 millones de euros que acumulaba en 2011 a los 8.085 millones de euros de la actualidad. Frente a los 90.000 millones que debía sumar según las previsiones que llevaron a su creación, este fondo no se ha liquidado en el presente ejercicio por el préstamo que se contemplan en los Presupuestos Generales del Estado de 10.192 millones de euros del Estado a la Seguridad Social.
Considerando estas circunstancias, desde el PSOE se solicita el pronunciamiento del Pleno del Ayuntamiento de Sevilla dirigido a la recuperación del consenso del año 2011 a través de la derogación de todos los cambios legales introducidos a lo largo de la legislatura 2011-2015 en relación a la regulación de la jubilación anticipada del RDL 5/2013 y, de forma íntegra, de la Ley 23/2013, que es la reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social, para facilitar la recuperación del poder adquisitivo de las pensiones a través de la actualización de las mismas conforme al IPC como sucedía hasta 2011 cuando se produjeron los recortes.
En este sentido, el PSOE también reclama la eliminación del factor de sostenibilidad establecido por el PP en la Ley 23/2013, que reducirá las pensiones de jubilación en función de la esperanza de vida de la cohorte correspondiente a partir del 1 de enero de 2019.
Para ello resulta necesario la racionalización de los gastos del sistema público, desplazando a los Presupuestos Generales del Estado 2018 aquellos gastos que no corresponden a prestaciones, como puede suceder con las medidas de fomento del empleo (reducciones de cuotas, tarifas planas, etc), puesto que desde el PSOE se mantiene que, si se considera necesario mantener alguna de estas medidas, deberían concretarse por la vía de bonificaciones a cargo de los PGE como igualmente debería suceder con los gastos de gestión de las Entidades Administrativas de la Seguridad Social, algo que sí se contempla en el resto de organismos públicos.
Igualmente resulta imprescindible asegurar la permanencia del Sistema Público de Pensiones ampliando sus presupuestos a través de dos vías. La primera correspondería con el incremento de la financiación de la Seguridad Social, entre otras medidas, a través de nuevos ingresos procedentes de impuestos extraordinarios con carácter anual a la banca y a las transacciones financieras, sobre todo considerando que la sociedad española ha contribuido al rescate de las entidades financieras, y al menos, hasta que no se reequilibren los ingresos y los gatos por cotizaciones. La segunda procede de la intensificación de la lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social.
Esta iniciativa además contempla la mejora de la naturaleza protectora del sistema modernizando la gestión del Fondo de Reserva a través de una mejora de su regulación, recuperando el establecimiento de límites a la disposición de fondos con carácter anual; la adopción de medidas específicas que eliminen la brecha del 40% existente entre la cuantía de las pensiones de los hombres y de las mujeres (déficit de género); y la introducción en el Pacto de Toledo de un nuevo principio de “reequilibrio presupuestario” que implique una búsqueda constante de racionalización de gastos y de ajuste de ingresos cada año, y que tenga efectos en el medio plazo y hasta finales de los años 40 del siglo XXI. (Foto: Archivo GN).
Considerando estas circunstancias, desde el PSOE se solicita el pronunciamiento del Pleno del Ayuntamiento de Sevilla dirigido a la recuperación del consenso del año 2011 a través de la derogación de todos los cambios legales introducidos a lo largo de la legislatura 2011-2015 en relación a la regulación de la jubilación anticipada del RDL 5/2013 y, de forma íntegra, de la Ley 23/2013, que es la reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social, para facilitar la recuperación del poder adquisitivo de las pensiones a través de la actualización de las mismas conforme al IPC como sucedía hasta 2011 cuando se produjeron los recortes.
En este sentido, el PSOE también reclama la eliminación del factor de sostenibilidad establecido por el PP en la Ley 23/2013, que reducirá las pensiones de jubilación en función de la esperanza de vida de la cohorte correspondiente a partir del 1 de enero de 2019.
Para ello resulta necesario la racionalización de los gastos del sistema público, desplazando a los Presupuestos Generales del Estado 2018 aquellos gastos que no corresponden a prestaciones, como puede suceder con las medidas de fomento del empleo (reducciones de cuotas, tarifas planas, etc), puesto que desde el PSOE se mantiene que, si se considera necesario mantener alguna de estas medidas, deberían concretarse por la vía de bonificaciones a cargo de los PGE como igualmente debería suceder con los gastos de gestión de las Entidades Administrativas de la Seguridad Social, algo que sí se contempla en el resto de organismos públicos.
Igualmente resulta imprescindible asegurar la permanencia del Sistema Público de Pensiones ampliando sus presupuestos a través de dos vías. La primera correspondería con el incremento de la financiación de la Seguridad Social, entre otras medidas, a través de nuevos ingresos procedentes de impuestos extraordinarios con carácter anual a la banca y a las transacciones financieras, sobre todo considerando que la sociedad española ha contribuido al rescate de las entidades financieras, y al menos, hasta que no se reequilibren los ingresos y los gatos por cotizaciones. La segunda procede de la intensificación de la lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social.
Esta iniciativa además contempla la mejora de la naturaleza protectora del sistema modernizando la gestión del Fondo de Reserva a través de una mejora de su regulación, recuperando el establecimiento de límites a la disposición de fondos con carácter anual; la adopción de medidas específicas que eliminen la brecha del 40% existente entre la cuantía de las pensiones de los hombres y de las mujeres (déficit de género); y la introducción en el Pacto de Toledo de un nuevo principio de “reequilibrio presupuestario” que implique una búsqueda constante de racionalización de gastos y de ajuste de ingresos cada año, y que tenga efectos en el medio plazo y hasta finales de los años 40 del siglo XXI. (Foto: Archivo GN).
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