Los profesionales titulados en Periodismo y Ciencias de la Comunicación que cumplían los requisitos exigidos para impartir las asignaturas de Lengua Castellana y Literatura y Lengua Extranjera en centros concertados y privados, en los niveles de ESO y Bachillerato, han sido expulsados o ven cerradas sus opciones de acceder a un puesto de trabajo en la mayoría de las comunidades españolas.
Todo se debe a la aplicación muy tardía del RD 860/2010 que impide ejercer como profesores de estas asignaturas a profesionales de carreras que no estén adscritas a Humanidades (Periodismo pertenece a Ciencias Sociales). De esta manera, tras la entrada en vigor del citado RD 860/2010, los centros concertados y privados de las diferentes comunidades autónomas han seguido contratando periodistas como profesores de Lengua y Literatura y Lenguas Extranjeras hasta el pasado curso 2015-2016. Desde ese momento, todos aquellos que han cambiado de centro han recibido la negativa de la inspección educativa para poder seguir ejerciendo. Por su parte, los periodistas de nueva contratación tampoco han podido acceder a la docencia de Lenguas.
Esta normativa resulta poco congruente si tenemos en cuenta que muchos profesionales del periodismo han sido contratados en fecha posterior a julio de 2010 y que la docencia ha sido, desde 1995 (Orden del 24 de julio), una de las salidas profesionales para estos titulados. Para terminar de agravar la situación, el máster oficial (ofertado por universidades públicas y también privadas) que habilita para el ejercicio docente, el conocido MAES (antiguo CAP), contempla como vía preferente para los periodistas y licenciados/graduados en Ciencias de la Comunicación la especialización en Lengua y Literatura y Lenguas Extranjeras.
La situación con la que se encuentran los egresados (previo pago de los créditos del grado/licenciatura y máster) es la imposibilidad de contratación por parte de los centros concertados y privados y el veto de acceso a las bolsas extraordinarias para los centros públicos. Esto supone una tremenda discriminación, ya que impide a estos profesionales poder acreditar puntos por experiencia docente de cara a las oposiciones y, así, sus opciones para conseguir una plaza se ven seriamente mermadas.
Asimismo, los periodistas que han ejercido entre 2010 y 2016 han visto como la inspección educativa les ha negado el certificado que reconoce el tiempo de servicio prestado, perjudicando notablemente su carrera como opositores. De este modo, son los periodistas docentes, que han ejercido durante años y que en su día contaron con el visto bueno de los inspectores de referencia, los que están pagando los errores de la Administración educativa.
Existe, además, un agravio comparativo a la hora de acceder a las ya citadas bolsas extraordinarias de educación en función de la comunidad autónoma donde se solicite, pues en algunas comunidades, como Galicia, Asturias y Cataluña, los periodistas sí pueden optar con esta titulación a esas bolsas y en otras, como Andalucía, Castilla-La Mancha o Madrid, no pueden. En el caso concreto de Cataluña, según el Departament d’Ensenyament, los licenciados o graduados en Periodismo, Comunicación Audiovisual o Publicidad y Relaciones Públicas están habilitados para impartir esta asignatura en ESO y Bachillerato. Además, con la correspondiente acreditación de idiomas oficial, estas mismas titulaciones también pueden impartir Lenguas Extranjeras (inglés, francés, alemán, etc.).
Así, el colectivo de profesionales de la comunicación no lo tiene fácil, según la información recogida en el Informe Anual de la Profesión Periodística 2016, elaborado por la APM. Durante el período 2011-2015, finalizaron los estudios de Periodismo 16 167 personas que podía tener entre sus expectativas de empleo la docencia de las asignaturas de Lengua y Literatura y Lenguas Extranjeras. Los datos de paro registrado correspondiente a 2015 ascienden a 8.680 personas. Estas cifras son un mero ejemplo de las dificultades laborales por las que atraviesa el sector.
POR TODO ELLO, DESDE LA PLATAFORMA DE PERIODISTAS AFECTADOS POR EL CAMBIO DE NORMATIVA EN EDUCACIÓN SOLICITAMOS QUE:
- Se vuelva a habilitar a los licenciados o graduados en Ciencias de la Información, Periodismo, Publicidad y Relaciones Públicas o Comunicación Audiovisual para ejercer como profesores de Lenguas. El objetivo de estas asignaturas no es otro que la formación del alumnado en competencias comunicativas (tal y como recogen las diferentes normativas al respecto). En este sentido, el Dictamen del Consejo Escolar de Estado 2/2015 señala lo siguiente: “Teniendo en cuenta el currículo de estas materias y las asignaturas que conforman el plan de estudios de Periodismo, se considera la formación inicial de estos licenciados para impartir ‘Lengua y Literatura Castellana’ y ‘Literatura Universal’”.
- Se aplique la Directiva 2005/36/CE, por la que el Gobierno central en 2013 permitió a una licenciada en Periodismo ejercer en la Unión Europea la docencia en Lengua y Literatura. Su caso sienta un precedente y, por lo tanto, la directiva es aplicable a otros periodistas (hasta la fecha no se ha aplicado en al ámbito nacional).
- Se reconozca el tiempo de servicio a todos los licenciados o graduados en Ciencias de la Información, Periodismo, Publicidad y Relaciones Públicas o Comunicación Audiovisual que, desde julio de 2010, han impartido Lengua y Literatura y Lenguas Extranjeras en centros concertados y privados, ya que, en su día, sí contaron con el visto bueno de los inspectores de referencia.
- Se admita a los licenciados o graduados en Ciencias de la Información, Periodismo, Publicidad y Relaciones Públicas o Comunicación Audiovisual en las diferentes bolsas extraordinarias de Lengua y Literatura y Lenguas Extranjeras en aquellas comunidades donde aún están vetados, ya que este agravio comparativo es injusto.
- Se reconozca el MAES en Lengua y Literatura y Lenguas Extranjeras como titulaciones que habiliten para poder impartir estas materias (tal y como se anuncia en las universidades que ofertan dicho máster).
Y para que así conste, firma Aurelio Martín González como portavoz de la Plataforma de Periodistas Afectados por el Cambio de Normativa en Educación y vicepresidente de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE).
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