"El Gobierno no puede esperar ya ni un día más para asumir el varapalo judicial que acaba de recibir del Supremo, la máxima autoridad judicial del Estado", ha reconocido Julián Moreno, después de que el Ayuntamiento de Sevilla no aclare que piensa realizar para acatar la decisión del Supremo por la que se confirma la declaración como nulo de los acuerdos con los que se aprobaron los presupuestos de 2016, según ha informado Participa Sevilla en el Ayuntamiento hispalense.
La formación política en la Casa Grande manifiesta que "desde que se ha conocido el dictamen del Supremo, el Ayuntamiento de Espadas mantiene que no les ha llegado la notificación".
"Si nuestros abogados tienen la notificación del Supremo, los del Ayuntamiento también lo tienen. Dudamos mucho de la versión que está ofreciendo Espadas”, ha reconocido Moreno que se ha mostrado extrañado de las dudas que tiene Espadas sobre el documento público que ha emitido el Supremo.
"Al menos esperábamos que hoy --se recoge en esta información de Participa--, ya Espadas se hubiera disculpado por la cabezonería que ha mostrado en todos estos meses”, ha insistido Moreno.
Desde Participa Sevilla, sigue la información, tienen muy claro qué es lo que debe de realizar el Gobierno del PSOE para asumir esta sentencia. "Urgentemente Espadas debe convocar un pleno en el que se apruebe las cuentas de 2016 sin vulnerar los derechos fundamentales. Es algo simbólico, sí. Pero no podemos permitir que ningún grupo político haga del pleno municipal y de las instituciones su cortijo. Hemos llegado para recuperar las instituciones y ponerlas al servicio de la gente", ha reconocido Moreno.
Por otro lado, Moreno le ha recordado a Espadas que el pleno municipal reprobó y pidió el cese de Carmen Castreño por su decisión de vetar la presentación de enmiendas en aquel pleno. El TSJA condenó al Ayuntamiento por respetar los derechos fundamentales, ya que se incumplieron tanto el artículo 23.2 de la Constitución, que garantiza el ejercicio del cargo público, como el artículo 168.4 de la Ley de Haciendas Locales, que permite la presentación de enmiendas presupuestarias. “Castreño no puede seguir ni un día más como presidenta del pleno. El pleno municipal no puede estar presidido por alguien que está condenada por incumplir los derechos constitucionales”, ha denunciado el edil.
Por último, se informa por Participa Sevilla, que Moreno ha declarado sobre este tema que "el PSOE debe asumir que utilizó los recursos municipales con fines partidistas cuando decidió recurrir al Supremo la sentencia del TSJA. Al menos, los 20.570 euros que costó el informe que se pidió un bufete de abogados deberían ser pagados por el partido y no por las arcas públicas. Los partidos políticos no pueden utilizar el dinero de la ciudadanía para sus propio intereses". (Fuente: PS).
Desde Participa Sevilla, sigue la información, tienen muy claro qué es lo que debe de realizar el Gobierno del PSOE para asumir esta sentencia. "Urgentemente Espadas debe convocar un pleno en el que se apruebe las cuentas de 2016 sin vulnerar los derechos fundamentales. Es algo simbólico, sí. Pero no podemos permitir que ningún grupo político haga del pleno municipal y de las instituciones su cortijo. Hemos llegado para recuperar las instituciones y ponerlas al servicio de la gente", ha reconocido Moreno.
Por otro lado, Moreno le ha recordado a Espadas que el pleno municipal reprobó y pidió el cese de Carmen Castreño por su decisión de vetar la presentación de enmiendas en aquel pleno. El TSJA condenó al Ayuntamiento por respetar los derechos fundamentales, ya que se incumplieron tanto el artículo 23.2 de la Constitución, que garantiza el ejercicio del cargo público, como el artículo 168.4 de la Ley de Haciendas Locales, que permite la presentación de enmiendas presupuestarias. “Castreño no puede seguir ni un día más como presidenta del pleno. El pleno municipal no puede estar presidido por alguien que está condenada por incumplir los derechos constitucionales”, ha denunciado el edil.
Por último, se informa por Participa Sevilla, que Moreno ha declarado sobre este tema que "el PSOE debe asumir que utilizó los recursos municipales con fines partidistas cuando decidió recurrir al Supremo la sentencia del TSJA. Al menos, los 20.570 euros que costó el informe que se pidió un bufete de abogados deberían ser pagados por el partido y no por las arcas públicas. Los partidos políticos no pueden utilizar el dinero de la ciudadanía para sus propio intereses". (Fuente: PS).
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