El Ayuntamiento de Sevilla inicia la tramitación de un pliego de cláusulas sociales para priorizar el empleo, el medio ambiente y la igualdad de oportunidades en los contratos públicos

* La incorporación de las cláusulas sociales, que ahora se somete a las aportaciones de grupos políticos y asociaciones empresariales y sindicales, busca poner la contratación pública municipal al servicio de la generación de empleo
* Este proyecto, que se prevé aprobar a mitad de marzo por Decreto de Alcaldía, viene precedido de una amplia base legal y participativa y coloca al Ayuntamiento de Sevilla “a la vanguardia” en España en la aplicación de cláusulas sociales
* El precio no será el principal criterio al valorar las adjudicaciones de los contratos del Consistorio y sus empresas públicas y organismos autónomos, evitando así las denominadas “bajas temerarias” en los concursos públicos

El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, ha presentado hoy el anteproyecto del decreto municipal que regulará la inclusión de cláusulas sociales en la contratación de obras y servicios que realice tanto el propio Ayuntamiento como sus empresas públicas y organismos autónomos. Estas cláusulas sociales, que se trasladarán al contenido de los pliegos de licitación, condicionarán las adjudicaciones y tendrán un seguimiento durante la ejecución, implican que, a partir de ahora, los contratos perseguirán tres prioridades. La primera hace referencia al mercado de trabajo: creación de empleo, integración social, estabilidad laboral e impulso a la economía social y las pymes. La segunda se centra en la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible de la ciudad. Y la tercera y última se adentra en la igualdad de oportunidades.
En la presentación del documento ante la prensa, y una vez conocido por los grupos políticos en Junta de Portavoces, Juan Espadas ha sostenido que, con esta iniciativa, el de Sevilla se coloca “a la vanguardia” entre todos los ayuntamientos de España al transformar la contratación pública municipal y ponerla al servicio de la generación de empleo y favorecer el tejido productivo más social y local y la integración de los colectivos con unas especiales dificultades de acceso al mercado de trabajo, y todo dentro de los límites del ordenamiento jurídico español.
“Es el modelo de cláusulas sociales más avanzado de España”, ha reiterado Espadas, quien ha defendido la amplia base legal europea y estatal que sustenta la iniciativa, que además cumple un mandato del Pleno del Ayuntamiento de Sevilla del mes de septiembre pasado. A partir de ahora, ha agregado, el anteproyecto se somete a las aportaciones de los grupos políticos y también de las organizaciones empresariales y sindicales, un proceso que se prolongará hasta el próximo 23 de febrero, siendo el objetivo que el Decreto de Alcaldía sea firmado a mitad de marzo para su inmediata entrada en vigor.
Con carácter general, el precio no será el único criterio de valoración de las ofertas en los pliegos de contratación pública, para de esta forma evitar las llamadas “bajas temerarias” que pongan en riesgo obras y servicios adjudicados, se incrementará la publicidad de los procesos y se mejorará la planificación, al publicarse en cada primer trimestre de año la previsión de las licitaciones (tipo de contrato, estimación económica y fecha) para el conjunto del ejercicio.

La prioridad del empleo
Entre las medidas del anteproyecto sobre cláusulas sociales, se contempla arbitrar mecanismos de puntuación para fomentar el empleo local, valorando la creación de puestos de trabajo, la estabilidad de la plantilla, el incremento de ésta y la contratación de desempleados de larga duración y en riesgo de exclusión social o con especiales dificultades de acceso al mercado laboral.
Durante la duración del contrato, las empresas no podrán recortar las condiciones de trabajo establecidas en el convenio colectivo, salvo un acuerdo expreso con los sindicatos, y las adjudicatarias deben garantizar que el personal adscrito al contrato reciba formación. Los presupuestos municipales anuales, asimismo, reservarán un porcentaje mínimo para contratos destinados a Centros Especiales de Empleo y Empresas de Inserción en áreas como limpieza, servicios sociales o mantenimiento de parques, jardines e inmuebles.
Se favorecerá a pymes y autónomos para iniciar sus contratos con la administración pública, impulsando así el tejido productivo local de menor dimensión que, ante las elevadas exigencias financieras, tiene ahora complicado concurrir a las licitaciones. Siempre que las características del contrato lo permitan, se reducirán las exigencias técnicas, económicas y profesionales para contratos de obras inferiores a los 80.000 euros, y de servicios y suministros de menos de 35.000 euros.

La prioridad medioambiental
El medio ambiente incluido en la contratación del Ayuntamiento de Sevilla y de sus empresas públicas y organismos autónomos se reflejará en la aplicación de normas de gestión ambiental, el uso de tecnologías y equipamientos que favorezcan el ahorro energético, la exigencia de etiquetas sociales o ambientales en la fabricación de los productos o en los servicios, la prohibición de uso de materiales nocivos y el consumo responsable.
Entrando en detalle, se podrán fijar condiciones medioambientales al menos en los contratos de limpieza de los edificios, mantenimiento de zonas verdes, transporte, limpieza viaria, proyectos de obras y proyectos de instalaciones e infraestructuras. Se establecerán criterios medioambientales en las puntuaciones de los contratos, valorándose aspectos como la reducción de gases por encima de los límites fijados en el pliego, el uso de etiquetas ecológicas o la recogida de envases, al tiempo que habrá obligatoriedad de aportar certificaciones medioambientales de los productos o servicios que se contraten.

La prioridad de la igualdad de oportunidades
La tercera y última de las prioridades de las cláusulas sociales en la contratación se adentra en la igualdad de oportunidades, que trata de promover la conciliación de la vida laboral, personal y familiar, impulsar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y garantizar el cumplimiento de la cuota de reserva para la integración de personas con discapacidad.
En este terreno, se valorará en la puntuación la incorporación de personas con discapacidad, víctimas de violencia de género y exreclusas (colectivos de inserción y reinserción social), así como la contratación efectiva de mujeres en sectores de actividad con subrepresentación femenina. Además, las compañías con plantillas inferiores a 100 personas deberán diseñar medidas que mejoren los derechos en relación a la igualdad de trato y de oportunidades, la prevención del acoso y la conciliación de la vida laboral, personal y familiar.
Las empresas adjudicatarias, además, deberán acreditar mediante una declaración responsable el cumplimiento de la reserva mínima del 2 por ciento de trabajadores con discapacidad para compañías de más de 50 empleados.

Y el seguimiento y control
Juan Espadas, quien en la presentación ha estado acompañado por el delegado de Bienestar Social y Empleo del Ayuntamiento, Juan Manuel Flores, ha explicado que este pliego de cláusulas sociales en los contratos públicos se ha elaborado a partir de un grupo de trabajo “técnico y multidisciplinar” y tras unas jornadas abiertas de participación con expertos, asociaciones y entidades.
El pliego de cláusulas sociales, asimismo, fijará medidas de control y seguimiento de las mismas en los contratos que se adjudiquen, así como la posibilidad de penalizar y agilizar los trámites administrativos para la resolución de contratos para evitar así “situaciones pasadas” que aún se arrastran en la ciudad de Sevilla, en referencia a obras conseguidas en concurso con bajas temerarias que finalmente las empresas no han podido afrontar. (Foto: Ayto.S.).