El Ayuntamiento de Coria del Río ha declarado "entidad non grata" a la financiera UCI

El pleno del Ayuntamiento de Coria del Río (Sevilla) ha declarado como entidad non grata en el municipio a Unidad de Créditos Inmobiliarios (UCI), financiera participada al 50% por el Banco Santander y BNP (Banque National Paribas). El acuerdo ha sido adoptado por unanimidad de todos los grupos políticos: PA, PSOE, Coria Puede, PP e IU.

Dicha resolución plenaria viene motivada por la situación en que se encuentra la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), acampados desde hace más de cinco meses frente a una céntrica oficina del Banco Santander, matriz de UCI. La intención de la PAH con su protesta es conseguir acuerdos razonables y específicos para tres casos afectados por cláusulas hipotecarias, entre los que se encuentra una familia coriana.
Así, del acuerdo municipal ratificado de forma unánime se informará tanto a la propia UCI como a las oficinas centrales de Banco Santander y BNP. La moción pone de manifiesto además el malestar por todos los casos de afectados de dicha financiera que se están negociando por parte de la PAH Coria del Río por no ofrecer soluciones definitivas a usuarios con dificultades económicas y que piden mínimos como daciones con extinción total de la deuda, reestructuración total de la misma con quitas para poder mantener la vivienda o liberación de la deuda de avalistas, entre otras.
Con anterioridad, en sesión plenaria celebrada el 14 de noviembre de 2013, el Ayuntamiento coriano aprobó una moción que recogía propuestas de la PAH para declarar a Coria del Río como municipio libre de desahucios de primera residencia de la unidad familiar. Y otras medidas, como que los Servicios Sociales informen a las familias afectadas sobre la PAH para que conozcan sus actividades y puedan establecer contacto, exigir a las entidades financieras que operan en la ciudad la paralización de los desahucios en viviendas de primera residencia de la unidad familiar y la condonación de deudas ilegítimas fruto del actual proceso de ejecución hipotecaria o, en casos en que éste no se haya podido impedir, ofrecer asesoramiento desde todas las áreas implicadas del Ayuntamiento para promover su realojamiento en una vivienda digna en régimen de alquiler social, entre otras.