El que fuera Rector de la Universidad de Sevilla, Antonio Ramírez de Arellano, es ahora Consejero de Economía y Conocimiento del Gobierno Andaluz. Con él, otros gestores universitarios han dado el salto al Gobierno Andaluz. La que fuera Rectora de la Universidad de Málaga, Adelaida de la Calle, es ahora Consejera de Educación.
Con estos fichajes del mundo de la gestión universitaria, Susana Díaz intenta dar la imagen de que ha constituido, en gran parte, un gobierno de técnicos con experiencia en la gestión. Sin embargo, estos movimientos muestran la existencia de “puertas giratorias” entre la gestión universitaria al más alto nivel y la gestión gubernamental partidista. Así se abre la posibilidad de que los y las gestoras universitarias se valgan de su posición de poder en la Universidad Pública para medrar en el panorama político. Es más, también podrían abrirse las puertas a que gestores de alto nivel en la Universidad Pública vayan directamente a trabajar a grandes grupos empresariales y bancos, lo cual al PDI del SAT nos parece de todo punto inaceptable. Esta situación pone en cuestión la autonomía universitaria, siendo un obstáculo para una gestión que se deba exclusivamente a la Universidad Pública como servicio público y no persiga otros objetivos espurios, como el favorecer a ciertos partidos políticos o ciertos intereses empresariales, situación especialmente grave en un contexto de ataque neoliberal a la Universidad Pública. Desde el SAT-US siempre dijimos que el Rector actuaba en connivencia con el Gobierno Andaluz poniendo en marcha los recortes sociales en nuestra Universidad (valgan como ejemplo estos 3 comunicados [1,2,3]), lo que nos costó críticas e incluso llamadas de atención por ser "desleales". El tiempo ha puesto a cada uno en su sitio.
Este problema de “gobernanza” viene a sumarse a otros existentes en nuestra Universidad, como la falta de transparencia, la baja participación en las elecciones, el clientelismo y la elección del Rector directamente en el Claustro. Por todo esto, desde el PDI del SAT-US queremos acabar con estas puertas giratorias para lo que llamamos a limitar claramente en el tiempo el paso desde altos cargos de gestión de la Universidad de Sevilla a altos cargos gubernamentales relacionados directamente con la Universidad, interponiendo al menos un periodo de 10 años entre ambos cargos. Desde luego, que el Rector de la Universidad de Sevilla haya dejado de un día para otro el cargo para el que fue elegido por el Claustro, sin dar explicaciones salvo una breve carta dirigida a la Comunidad Universitaria, nos parece lamentable y una muestra más de la carencia democrática de esta institución. Actualmente nos encontramos en nuestra Universidad con un “gobierno en funciones” que no podrá funcionar en toda su capacidad, ni tomar decisiones políticas, hasta diciembre, cuando se elija nuevo Rector. Estos meses de inacción tienen repercusiones para el funcionamiento de la Universidad de Sevilla, enlenteciendo procesos que requieren una urgente solución, como es el acabar con las pésimas condiciones laborales de los colectivos más precarios del PDI.
En el caso del Gobierno Andaluz, al que se ha incorporado nuestro ex-Rector, no necesitamos ni darle los “100 días de gracia” con los que se da la bienvenida a nuevos gobiernos. Para conocer su comportamiento respecto a las Universidades Públicas Andaluzas nos basta con analizar la gestión nefasta, que más allá de un discurso más o menos izquierdista, ha venido haciendo el Gobierno Andaluz en los últimos años: impago de la deuda con las universidades, recortes salariales, paralización de la contratación de PDI, facilitación de las condiciones para nuevas universidades privadas, imposición de 32 créditos de docencia al PDI laboral, etc. Frente a estos recortes desde el PDI del SAT-US nos hemos quejado de que el Rector era una correa de transmisión de los mismos, sin mostrar de forma contundente la necesaria oposición e insumisión. Como muestra dos botones: desde 2011 la Universidad de Sevilla ha perdido a más de 400 profesoras y profesores; a 30 de septiembre de 2014 había 295 profesoras y profesores por encima de 240 horas de docencia, a pesar de la anunciada normativa transitoria para el PAP que pretendía evitar esta situación (situación esta, por cierto, en la que tiene gran responsabilidad el hoy Rector en funciones y ayer Vicerrector de Ordenación Académica). Ahora ha pasado de correa de transmisión a ocupar directamente el cargo gubernamental que gestiona la Universidad Pública. Un cargo de Consejero de Economía que incorpora la política universitaria en su faceta de “y Conocimiento”, cuando la política universitaria debería incluirse en la Consejería de Educación, mostrando así un claro mensaje contra la mercantilización de la Universidad. Tenemos muy pocas esperanzas de que la incorporación de rectores a un gobierno andaluz que abraza el neoliberalismo mejore la política universitaria, pero aún así desde el SAT-US estamos abiertos al diálogo y les deseamos lo mejor para la Educación y las Universidades Públicas, al mismo tiempo que seguiremos exigiendo nuestros derechos y construyendo una Universidad Pública de calidad al servicio de toda la sociedad. (FUENTE: SAT.US).
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