* Las irregularidades descritas indican diversos usos fraudulentos de fondos que la Junta de Andalucía destinó a la formación de trabajadores en situación de desempleo
Según Comunicación Poder Judicial, el Juzgado de Instrucción Nº16 de Sevilla ha remitido hoy a Fiscalía el atestado elaborado por la Policía respecto a la presunta trama en la realización de cursos de formación para parados, convocados con fondos de la Junta de Andalucía desde la Delegación Provincial de Empleo, Empresa y Comercio (de Sevilla), cursos investigados por un presunto delito de fraude de subvenciones . En la operación -conocida por ‘operación Edu’ - se detuvieron a 46 personas en la capital hispalense, más otras 7 personas encausadas anteriormente.
Tras iniciarse esta causa en el juzgado hace ahora un año, el juez de Instrucción Nº16 solicitó a la Policía una ampliación del atestado para aportar un número mayor de pruebas y declaraciones acerca de los hechos denunciados.
Ahora, según indica este material recién recibido en el Juzgado, son 29 las empresas sevillanas que están siendo investigadas, de muy variados sectores y dimensiones, y 53 encausados en este proceso por presuntos delitos de falsedad documental, estafa y apropiación indebida, delitos específicos dentro del presunto fraude de subvenciones.
El atestado ampliado consta de 51 tomos con cerca de 13.000 folios a los que se han adjuntado en su envío a Fiscalía otra documentación, ésta con un volumen aproximado de 150 tomos (parte de ella en soportes informáticos).
En esta causa, en la que por el momento sólo está personada la Junta de Andalucía -como acusación-, se va a tratar de depurar si existe responsabilidad penal, o bien administrativa o fiscal, y los presuntos responsables de estos delitos.
Las irregularidades descritas indican múltiples y diversos usos fraudulentos de fondos de la Junta de Andalucía, partidas cuyo uso normativo era para ser destinados a la formación y la consecución de empleo de trabajadores en paro. (Fuente: AN).
Tras iniciarse esta causa en el juzgado hace ahora un año, el juez de Instrucción Nº16 solicitó a la Policía una ampliación del atestado para aportar un número mayor de pruebas y declaraciones acerca de los hechos denunciados.
Ahora, según indica este material recién recibido en el Juzgado, son 29 las empresas sevillanas que están siendo investigadas, de muy variados sectores y dimensiones, y 53 encausados en este proceso por presuntos delitos de falsedad documental, estafa y apropiación indebida, delitos específicos dentro del presunto fraude de subvenciones.
El atestado ampliado consta de 51 tomos con cerca de 13.000 folios a los que se han adjuntado en su envío a Fiscalía otra documentación, ésta con un volumen aproximado de 150 tomos (parte de ella en soportes informáticos).
En esta causa, en la que por el momento sólo está personada la Junta de Andalucía -como acusación-, se va a tratar de depurar si existe responsabilidad penal, o bien administrativa o fiscal, y los presuntos responsables de estos delitos.
Las irregularidades descritas indican múltiples y diversos usos fraudulentos de fondos de la Junta de Andalucía, partidas cuyo uso normativo era para ser destinados a la formación y la consecución de empleo de trabajadores en paro. (Fuente: AN).
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