El objetivo del informe ha sido conocer el funcionamiento de estos recursos y proponer recomendaciones que mejoren su trabajo de reeducación y reinserción social a favor de los chicos y chicas que han cometido un acto delictivo grave y se encuentran internados por decisión judicial.
El informe contiene una serie de conclusiones y propuestas que pretende contribuir a mejorar el Sistema de justicia juvenil en Andalucía. Para el Defensor del Menor, una vez consolidado éste, el reto ahora es abordar un Plan de Justicia juvenil en Andalucía dirigido a incrementar la calidad de la atención a los menores, a mejorar la coordinación entre las administraciones, y a conseguir la integridad de la intervención durante la fase de ejecución de las medidas impuestas por los Juzgados de Menores.
El Defensor del Menor ha querido llamar la atención sobre su preocupación por el incremento de los casos de menores internados por delitos de violencia intrafamiliar -de hijos a padres-. Según los datos facilitados por el Consejo General del Poder Judicial – entre los años 2007 y 2013, se han incrementado las sentencias relacionadas con este tipo de delitos en un 60 por 100.
En el caso de Andalucía, durante 2013, del total de sentencias impuestas a personas de 14 a 17 años, un 11,4% del total se debieron a estos delitos. Otro aspecto que también preocupa al Defensor Andaluz es la situación de los menores con problemas de salud mental que delinquen. En este caso, ha insistido en la necesidad de reforzar la coordinación entre administraciones en las labores preventivas que eviten el desenlace del delito y su internamiento. Para ello aboga por un convenio de colaboración entre las Consejerías de Justicia y Salud que garantice la atención amenores con problemas de salud mental que cumplen o han cumplido una medida de internamiento.
Frente a estos dos grandes problemas, el resultado de la investigación realizada por el Defensor concluye con una valoración positiva general de la atención que reciben estos menores infractores, aunque apunta una serie de actuaciones para ir resolviendo las deficiencias detectadas en infraestructuras, normativa y servicios de estos centros.
En este sentido, el informe especial destaca la urgencia de resolver el desajuste de las plazas de los centros en las provincias. La distribución territorial de estas plazas no se corresponde con los datos poblacionales de menores de 18 años en cada una de ellas.
Así, Almería cuenta con 3 centros y un número de plazas total de 236, lo que supone en términos absolutos 1 plaza para 598 menores, En el otro extremo se sitúa Málaga, con un único centro de 15 plazas para una población menor de 21.000 personas. O el caso de Huelva, que carece de un centro de internamiento.
Según estos datos, actualmente el 51% de los menores internados se encuentran ubicados en provincias distintas a su domicilio familiar. Esta situación limita que muchos chicos y chicas puedan hacer efectivo el derecho de cumplir la medida de internamiento en un centro cercano a su domicilio. Una circunstancia que ha llevado al Defensor del Menor a recomendar una mejor reordenación de estas plazas y a que se establezca una línea de ayudas económicas para aquellas familias con escasos recursos económicos que ven limitadas sus posibilidades de visitar al menor interno por encontrarse el centro alejado de su casa.
En el informe, el Defensor también ha pedido que se retire las concertinas que tienen algunos de estos centros y un convenio de colaboración con los 8 colegios de abogados de Andalucía para garantizar la asistencia jurídica de estos menores. Se da la circunstancia de que un mismo adolescente con varias causas abiertas puede ser defendido por varios letrados que desconocen esta realidad.
Finalmente, Jesús Maeztu ha llamado la atención también sobre la necesidad de implicar a la sociedad con quienes en su juventud han cometido actos delictivos y hacia quienes padecen las consecuencias de éstos.
El Defensor ha querido recodar que el menor internado es sujeto de derecho y continúa formando parte de la sociedad, además de las funciones propias de estos centros que son las de garantizar su reeducación y reinsercion, por lo que es necesario favorecer la colaboración de toda la sociedad en este proceso de integración social. (Fuente: DPA).
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