* El TSJA ha fallado a favor de los trabajadores, que hoy han acudido a solicitar la ejecución forzosa de la sentencia, “ya que ni la Junta ni Generali, la aseguradora, han abonado aún las cantidades pendientes” ha dicho Marta Mejías, Vicesecretaria General de los andalucistas.
Este martes, el Partido Andalucista, a través de su Vicesecretaria General, Marta Mejías, ha querido arropar a los cuatro trabajadores del ERE de Mercasevilla en 2003 que por fin ven el final del largo camino que han supuesto estos tres años de lucha por lo que les corresponde. En mayo de 2011, estos empleados no volvieron a cobrar su nomina, y entonces empezó este largo proceso.
Después de pedir explicaciones y no tener respuestas de ninguna administración, por fin consiguieron ponerlo en conocimiento de la Consejería de Empleo, que notificó a la empresa aseguradora, hoy Generali, que los trabajadores no tenían derecho a los abonos por ser considerados intrusos, que en el argot de la Junta significa que no habían sido empleados jamás. Ante las evidencias de lo contrario, la Junta cambió el tratamiento a trabajadores irregulares, argumentando que no cumplían con los requisitos de edad para acogerse al ERE, y que sin embargo los trabajadores demostraron más tarde que se acogieron a la última fase de este cumpliendo con los requisitos del mismo. Finalmente, estos cuatro empleados, agotada la vía administrativa, interpusieron una denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que terminó dándoles la razón.
Ahora, asistidos por el abogado Estanislao Naranjo Infante, lo empleados solicitan la ejecución forzosa de la sentencia del TSJA y el pago de los importes pendientes (además de los suelos, los intereses e indemnizaciones), dado que ni la Junta de Andalucía ni la aseguradora han cumplido con la sentencia en el plazo de cumplimiento voluntario.
La número dos del PA, Marta Mejías, ha dicho al respecto que “la justicia ha demostrado que estos cuatro trabajadores fueron injustamente tratados por la Junta, en concreto por la Consejería de Empleo, al suspender sin ningún tipo de procedimiento sus prejubilaciones”. Mejías ha insistido en que “El TSJA, en las cuatro sentencias, reconoce que estos trabajadores son terceros de buena fe, por lo que la Junta esta obligada a anular la suspensión del pago de las prejubilaciones y ordenar a Generali que abone las mismas”.
Finalmente, Mejías ha recordado que “las pérdidas y situaciones a las que se han visto sometidos estos trabajadores ya no se las quita nadie. Ha habido situaciones muy serias, alguno ha estado a punto de perder su casa. Se les deben 40 meses de sus sueldos, la Junta tiene que cumplir con urgencia la sentencia y evitar que los dramas personales de estos cuatro trabajadores honrados se sigan complicando”.
Este martes, el Partido Andalucista, a través de su Vicesecretaria General, Marta Mejías, ha querido arropar a los cuatro trabajadores del ERE de Mercasevilla en 2003 que por fin ven el final del largo camino que han supuesto estos tres años de lucha por lo que les corresponde. En mayo de 2011, estos empleados no volvieron a cobrar su nomina, y entonces empezó este largo proceso.
Después de pedir explicaciones y no tener respuestas de ninguna administración, por fin consiguieron ponerlo en conocimiento de la Consejería de Empleo, que notificó a la empresa aseguradora, hoy Generali, que los trabajadores no tenían derecho a los abonos por ser considerados intrusos, que en el argot de la Junta significa que no habían sido empleados jamás. Ante las evidencias de lo contrario, la Junta cambió el tratamiento a trabajadores irregulares, argumentando que no cumplían con los requisitos de edad para acogerse al ERE, y que sin embargo los trabajadores demostraron más tarde que se acogieron a la última fase de este cumpliendo con los requisitos del mismo. Finalmente, estos cuatro empleados, agotada la vía administrativa, interpusieron una denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que terminó dándoles la razón.
Ahora, asistidos por el abogado Estanislao Naranjo Infante, lo empleados solicitan la ejecución forzosa de la sentencia del TSJA y el pago de los importes pendientes (además de los suelos, los intereses e indemnizaciones), dado que ni la Junta de Andalucía ni la aseguradora han cumplido con la sentencia en el plazo de cumplimiento voluntario.
La número dos del PA, Marta Mejías, ha dicho al respecto que “la justicia ha demostrado que estos cuatro trabajadores fueron injustamente tratados por la Junta, en concreto por la Consejería de Empleo, al suspender sin ningún tipo de procedimiento sus prejubilaciones”. Mejías ha insistido en que “El TSJA, en las cuatro sentencias, reconoce que estos trabajadores son terceros de buena fe, por lo que la Junta esta obligada a anular la suspensión del pago de las prejubilaciones y ordenar a Generali que abone las mismas”.
Finalmente, Mejías ha recordado que “las pérdidas y situaciones a las que se han visto sometidos estos trabajadores ya no se las quita nadie. Ha habido situaciones muy serias, alguno ha estado a punto de perder su casa. Se les deben 40 meses de sus sueldos, la Junta tiene que cumplir con urgencia la sentencia y evitar que los dramas personales de estos cuatro trabajadores honrados se sigan complicando”.
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